El servicio de transporte público en Mexicali  es un caos, inmerso a su vez dentro de otro caos por el alto costo de operación y particularmente la competencia desleal de los camiones piratas en las fábricas maquiladoras.

El transporte público es por tanto uno de los principales dolores de cabeza para la ciudad y el gobierno porque es una necesidad primordial pese a que enfrenta el alza mensual del diesel y el caro mantenimiento de las unidades.

Ahora resulta que los transportistas demandan  el incremento a 14 pesos con 28 centavos al precio del boleto; los 11.00  pesos y 6.00 pesos sin refrigeración dicen que ya no alcanza para el costo del  combustible, los salarios, impuestos y valor de los camiones.

Pero ojo, los empresarios afirman que no hay demanda de transporte público porque cada vez son menos los usuarios que lo utilizan en este municipio y pronostican que en unos años más el servicio público tenderá a desaparecer.

Javier Tenorio Vázquez, representante ante el Sistema Municipal de Transporte dijo que un camión con capacidad de movilizar entre 900 y 1000 personas al día, actualmente brinda servicio a 300 personas y en ocasiones llega apenas a 200 ciudadanos, lo que hace  incosteable el negocio para un buen número de concesionarios. 

Pero una de las situaciones más caóticas que está enfrentando el transporte público es la competencia pirata que opera en el sector maquilador, toda vez que de por sí ha bajado el número de usuarios miles de trabajadores de las empresas maquiladoras son transportados en unidades que no regula ni sanciona el SIMUTRA, haciéndose de la vista gorda y propiciando impunidad. 

Sin precisar nombres, hay señalamientos respecto a que la corrupción  de los funcionarios municipales es lo que sostiene a los camiones ilegales que dan servicios durante el día y la noche a miles de trabajadores de las industrias locales porque no ha sido posible combatirlos. 

El círculo vicioso que genera lo anterior es que los usuarios pagan los platos rotos de un mal servicio y un mal negocio, que  ocasiona inconformidad, críticas, contaminación y múltiples señalamientos durante los 365 días del año; sin que se vislumbre una autoridad recta que propicie un servicio digno para los usuarios locales.