IMPORTACIÓN DE AUTOS, NEGOCIO MILLONARIO

El millonario negocio de la importación de autos usados en la frontera norte del país –gracias a la obtención ilícita de amparos judiciales para tres empresas y unos cuantos individuos- arroja ganancias mínimas por 18 millones de dólares anuales.

En los últimos años son introducidos en promedio por la región de Baja California y particularmente Mexicali 100 vehículos diarios que se convierten en 36 mil automóviles anuales.

El cobro de 500 dólares por unidad multiplicado por las 36 mil unidades importadas cada año arroja la nada despreciable cantidad de los 18 millones de dólares que es basta y suficiente para seguir sobornando a jueces, magistrados secretarios de acuerdos, a cualquier autoridad del sistema judicial y aduanal  del país.

La red de complicidad que apenas comenzó a descubrirse y en la que están involucrados ilegalmente políticos de primer nivel, jueces, magistrados, prestanombres, autoridades y exautoridades de diferentes  niveles de gobierno, es hoy una “bomba de tiempo” descifrada tras la detención de Daniel José González Vargas, ex titular de Juzgado Segundo de Distrito en Baja California y Ricardo Arreola Villanueva, Secretario de Acuerdos del mismo tribunal con sede en Mexicali (Gilberto Lavelant Sifuentes, Palco de Prensa, 2/07/14).

Las versiones de otras notas periodísticas indican que hubo denuncias de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz  (AMIA) ante el Consejo de la Judicatura Federal, con señalamientos directos a integrantes del poder judicial que venían concediendo fuera de la legalidad suspensiones de amparo a favor de empresas importadoras de autos usados.

Por otra parte, también se dice que para impedir la expansión del negociazo de los 18 millones de dólares anuales los jueces y sus cómplices piden a otros solicitantes de amparo sobornos por la cantidad  de 25 mil dólares, esto sin la garantía de finalizar el litigo a su favor.

Mientras la madeja del negocio ilícito de importación de autos se desmaraña y salen a relucir los nombres de los involucrados -convertidos en millonarios a partir del año 2000 cuando se modificó el decreto automotriz-, las jugosas empresas siguen su curso sin problemas con el conocimiento y complacencia incluso del Sistema de Administración Tributario (SAT) y de la Dirección General de Aduanas, que autorizan los procesos de importación bajo su “criterio selectivo” y con pleno conocimiento de la evasión de impuestos que generan.