Por Adela Navarro Bello 

El retiro de Jesús Murillo Karam de la PGR y el nombramiento de Arely Gómez González en su lugar, degradó el nivel de las manifestaciones por el caso Ayotzinapa, pero detonó la violencia de los cárteles de la droga.

No Significa esto que Murillo haya tenido bajo control el nivel de violencia en el país el tiempo que encabezó la Procuraduría, pero sí que la impunidad, la corrupción y el terrorismo del narcotráfico están en un elevamiento sin precedentes.

Refiero la responsabilidad en la Procuraduría General de la República, porque a más cargos, comisiones, fiscalías, que el presidente Enrique Peña Nieto se invente para apagar los fuegos criminales que se le encienden por toda la República, es la PGR la institución facultada para investigar, perseguir, procurar justicia en los temas de delitos contra la salud, asociación delictuosa, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas, lavado de dinero, secuestro, entre otros delitos.

Es obligación de la titular de la PGR, en este caso Arely Gómez, establecer estrategias y políticas de combate al crimen organizado y los cárteles de las drogas. Coordinar equipos de investigación, de inteligencia policial, científica y ministerial, para perseguir, detener y procesar a los miembros de esas bandas criminales.

También es su obligación dar la car a los mexicanos, informar sobre los resultados, las operaciones, los más buscados, los procesados, los encarcelados, y la delincuencia organizada y del narcotráfico en México.

Esas entre muchas otras responsabilidades que tienen en la PGR, pero que no se están cumpliendo o llevando a cabo de manera cabal.

Las apariciones de la Procuradora Gómez en los momentos más álgidos de sangrienta violencia e inseguridad son escasos por no decir inexistentes. Primero salen otros a hablar por ella, y después la dama aparece como ornato en una fila de funcionarios coordinados por alguien más cuando ella, y sólo ella, es quien tiene la facultad para perseguir los delitos del fuero federal. Para ello la nombró Enrique Peña Nieto, y de ello tiene que dar cuentas a los gobernados.

Esto viene a colación porque el viernes sangriento, el 1 de mayo, cuando en Jalisco narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación comandados por Nemesio Oseguera Ramos, derribó con un lanza-cohetes un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se trasladaban elementos de la Milicia, de la Fuerza Aérea, entre otros, y ese acto dio inicio a horas de terror entre la población de 29 municipios, cuatro estados y cientos de calles y comercios.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de controlar la violencia que genera la impunidad de la que gozan los criminales y los narcotraficantes con instituciones y corporaciones corrompidas. El viernes sangriento la Procuradora no salió, como era su deber, a dar la cara para informarnos a los mexicanos de las estrategias de combate a los criminales. No habló. No ideó ni ejecutó plan alguno. Su participación más sobresaliente ese negro día, fue un irrespetuoso Twitter escrito para, en 140 caracteres, dar el pésame a las familias de los militares muertos en el derribamiento del helicóptero militar.

De hecho si Usted busca en medios de comunicación, en buscadores de la Red Internacional de la Información, o en la propia página de la PGR, se dará cuenta que de actividades, Arely Gómez tiene muy pocas relacionadas con enfrentar y salir avante de la cruzada de los cárteles de las drogas y los criminales organizados para aterrorizar en el País, envenenar con drogas, traficarlas por nuestras tierras y trasegarlas hacia los Estados Unidos.

De la Procuradora poco se sabe. Y lo que se sabe, son conferencias, mensajes en redes sociales, temas del nuevos sistema de justicia penal, pero nada del combate al narcotráfico, más allá de recompensas para los “peces gordos” más no para acabar con sus estructuras criminales, financieras, de rutas de drogas, o pasajes de corrupción.

Cuando falla la procuración de justicia impera la impunidad, y cuando hay impunidad hay criminalidad, y a ese es al ambiente que la Procuradora Arely Gómez está contribuyendo con su parálisis laborar, al menos el viernes sangriento 1 de mayo de 2015.

Siendo Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa observó la corrupción en las instituciones procuradoras de justicia y en las corporaciones policíacas. A través de la Ley Nacional de Seguridad Pública se crearon esquemas para valorar a las policías a los mandos de la seguridad, la procuración de justicia y las corporaciones policiacas, y evaluarlos de manera constante. Mientras las corporaciones y las instituciones se saneaban, Calderón inició su estrategia de la guerra contra el narco, sacando a los militares de los cuarteles y dándoles la facultad para perseguir –más no para procesar, esa es facultad exclusiva del Ministerio Público- a los narcotraficantes y criminales.

El caso ejemplo fue Baja California. Acá, el Gobernador del Estado, entonces José Guadalupe Osuna Millán en concordancia con el presidente Calderón, concedió al Comandante de la II Región Militar, la coordinación de las fuerzas públicas del Estado para combatir al crimen organizado. Así, primero el General Sergio Aponte Polito y después el General Alfonso Duarte Mújica, coordinador al Procurador, al Secretario de Seguridad, a los Secretarios de Seguridad de los Ayuntamientos, a la Policía Federal, y hasta a los Marinos.

Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, lo primero que hizo en su plan de México en Paz, fue retirar al Ejército de las calles, regresar a los Generales a los cuarteles, eliminar los retenes militares para detección de armas, drogas y dinero, y dar la apariencia que las ciudades volvían a la calma y a la tranquilidad por el solo hecho de no ver a los militares patrullando las calles.

Esa estrategia, ese regresar la facultad a quienes siempre la han tenido, que son las instituciones del Gobierno Federal, pero sin sanearles la corrupción, ni capacitarles en las ciencias de la investigación criminal, ministerial y la contundente acusación, elevó en México no solo el número de organizaciones criminales, sino los niveles de impunidad que, por supuesto, ascendieron el ritmo de la inseguridad y los actos de violencia, hasta toparnos de manera terrible con el viernes sangriento y de terror, que significó el 1 de mayo de 2015.

Ante la ausencia evidente de una PGR activa, fuerte, limpia, férrea, temida, contundente, Enrique Peña Nieto tomó otra decisión. Muy distinta a la de inicios de su sexenio de establecer cinco regiones en el País y atenderlas en su individualidad –aun cuando cada región tiene un mínimo de 6 estados-; y muy distante también de la decisión de atender la emergencia ante la inseguridad en Michoacán enviando a un Comisionado Especial.

Esta vez, la decisión de Peña fue recular a la decisión de retirar al Ejército de la persecución contra el narco y el crimen organizado, y regresarlos a las calles. Además, como en su momento lo instauró Felipe Calderón, ordenar a los Militares coordinadores de las Fuerzas Civiles.

Con Arely Gómez la Procuradora en calidad de ornato, junto a los Secretarios de la Defensa y de la Armada, y al Comisionado de Seguridad Nacional, el representante de Peña, el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong, nos informó que en la Coordinación del Operativo Jalisco, que pretende no sólo disminuir la inseguridad y la violencia en aquel Estado, sino capturar a “El Mencho”, se nombró al Comandante de la V Región Militar con sede en Jalisco, el General Miguel Gustavo González Cruz.

O sea, estamos presenciando un regreso al pasado. Mientras somos partícipes de la poca acción pública y determinante en el combate al narcotráfico y el crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República. Que ni con la SEIDO, ni con la Policía Federal Ministerial, ni con la Agencia de Investigación Criminal, ni con todos los departamentos que tiene ni las herramientas que posee para investigar, perseguir y procesar a los criminales, pueden contener la ola de violencia.

¿Qué hace la Procuradora Arely? ¿Podríamos solicitar al Senado, entidad que la ratificó en el cargo, cuentas sobre el proceder de la señora Procuradora? ¿Regresaremos a los tiempos del patrullaje militar? Son preguntas, mínimas por cierto, que en un gobierno de cerrazón política, opacidad y poca información, se mantienen sin respuesta.