Un claro ejemplo de esto es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que según las víctimas ha resultado ser todo un fiasco, inoperante y simuladora; una institución cubierta de burocratismo y tortuguismo para la entrega de recursos económicos a las víctimas.
La CEAV, dirigida por Jaime Rochín del Rincón, resultó ser sólo un elefante blanco más, creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, para simular atención a víctimas. Son tantas las quejas contra esta institución, que algo huele mal, muy mal.
Al analizar el uso del presupuesto asignado supuestamente para la atención a víctimas, nos damos cuenta que la CEAV se ha quedado con la mayor parte del dinero o los ha gastado en otros menesteres.
Por ejemplo, en 2015 destinó poco más de 47 millones de pesos para pagos a víctimas directas e indirectas por concepto de medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención y del correspondiente pago de compensaciones para lo que llaman “reparación integral del daño”.
Pero dejó de aplicar 954 millones de pesos, ya que disponía de mil 28 millones de pesos para apoyos inmediatos, compensaciones y reparaciones durante el año pasado.
¿Por qué la CEAV no entrega el dinero a los familiares? ¿Por qué no está cumpliendo con su cometido? Aparentemente, el sistema financiero para atender a las víctimas no es del todo optimo. Por ejemplo, ese dinero que no entregó a las víctimas, supuestamente los colocó en inversiones bancarias que le redituaron 24.5 millones de pesos.
Que la CEAV lucre con el dinero de las víctimas, no nos cabe la menor duda, pero que su estructura financiera fuera creada para el rendimiento financiero a costa de la necesidad de la gente, es terrible. El dinero debe ir directamente a las víctimas de manera expedita. Lamentablemente estamos comprobando que no ha sido así.
Los testimonios de las víctimas en torno a sus experiencias con la CEAV son demoledores. Las historias que cuentan son absolutamente desgarradoras. Personas que además de su pérdida han tenido que soportar el desprecio de algunos de sus comisionados y personal. La indolencia de estos funcionarios ante el sufrimiento es absoluta. Nada les conmueve. Muchas veces, se trata de gente que no tiene dinero ni para comer o para pagar su transporte, mucho menos para un abogado o la atención de un psicólogo.
Las historias que cuentan las víctimas son surrealistas. La CEAV les pide facturas de gastos funerarios, médicos y otro tipo de erogación para pagárselos al mes o después de unos cuantos meses, como si fueran proveedores. ¿Por qué no comprenden que los familiares a veces no tienen ni para pagar el funeral? Obviamente si requieren de la ayuda es porque no tienen con qué pagar esos gastos y se supone que para eso fue creada la CEAV no para hacerse cargo de los gastos de forma “devengada”.
Pero la CEAV es una pesadilla burocrática con 450 empleados. Sus caminos laberínticos para la obtención de la anhelada ayuda económica son aterradores. Las víctimas pierden horas, días, semanas, meses en realizar todos los tramites exigidos para que al final, les digan que no pueden acceder a una compensación porque aún no tienen sentencia.
Y que no se trate de víctimas de crímenes de Estado, porque es peor. La CEAV alarga los trámites cómo si recibiera línea de más arriba para no compensar a quienes el Ejército, la Marina o las distintas policías, les han desaparecido, torturado, violado o ejecutado a un familiar. La supuesta independencia de la institución queda en entredicho. Finalmente, su patrón es el Estado y con sus estupendos sueldos le deben lealtad a las Fuerzas Armadas y a su Jefe Supremo.
Pero si los testimonios de las víctimas sobre la CEAV son terriblemente negativos, las estadísticas son devastadoras: el año pasado resolvió solo 36 acuerdos por concepto de medidas de ayuda inmediata y compensación para 130 víctimas. Según sus propios datos, de 5 mil 84 denuncias que recibió, la institución sólo había atendido a 89 víctimas hasta octubre de 2015.
Esto quiere decir que la mayoría huérfanos, viudas y familiares de personas asesinadas y todos aquellos que hayan sufrido la vulneración de sus derechos humanos, no han recibido un centavo de esos mil 450 millones de pesos que se le asignó el año pasado.
Los funcionarios de la CEAV se defienden y dicen que esto se debe a que la Ley General de Víctimas tiene “candados” que limitan de alguna manera la reparación a las víctimas.
Y tanto es así que solo 120 personas han recibido alguna ayuda económica. Un número insignificante comparado con el número real de víctimas. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió en 2014 más de 45 mil quejas, es evidente que la CEAV no está cumpliendo con el cometido para lo que fue creada. Esas 120 personas beneficiadas, también resulta una cantidad irrisoria, para los más de 15 mil asesinatos dolosos registrados en 2015.
La CEAV ha resultado ser un fiasco. Sus funcionarios que gozan de espléndidos sueldos, prestaciones y viáticos, lo saben y han solicitado modificar la ley para quitar esos supuestos candados, aunque han esperado mucho tiempo para ello, en perjuicio de miles de víctimas que siguen esperando tener acceso a lo que legítimamente les corresponde.
La CEAV es un elefante blanco cercano al abismo, un fracaso. ¿Qué hacen allí 450 personas? ¿Hasta cuándo seguirán fingiendo que ayudan? Como diría Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”. Por su propio bien, salven un poco de su dignidad y dejen de ser parte del sistema simulador del Estado.
