Por: Adela Navarro Bello   

El viernes 25 de octubre, en una medida tan rara, cuanto poco común, la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de San Diego, California, retiró los cargos que desde 2002 tenía presentados contra Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”. Financiero que ha sido del cártel Arellano Félix, acusado además de traficante y lavador de dólares para la misma organización criminal. 

La autoridad federal de la Unión Americana ofrecía dos millones de dólares como recompensa a quien proporcionase información que llevase a la captura de “El Caballo”. Efectivamente, en julio de 2002 la Corte del Distrito Sur de California presentó ante un Gran Jurado, el caso criminal 97CR2520K, por los delitos de: conducir asuntos en una organización criminal (mafia) para la obtención de recursos ilícitos; conspiración para formar parte de una organización criminal, conspiración para importar hacia los Estados Unidos sustancia controladas (drogas), conspiración para la distribución de sustancias controladas, y conspiración para lavar dinero. 

La averiguación previa norteamericana demandaba a varios miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix, entre ellos: Benjamín, Ramón y Francisco Javier Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez, y Armando Martínez-Duarte. 

Todos los anteriores acusados de narcotraficantes por los gobiernos de México y Estados Unidos, fueron detenidos en la primera década del siglo, a excepción de Aguirre Galindo quien fue aprehendido en total sigilo por la Policía Federal en un notorio restaurante de Lomas de Chapultepec, el sábado 19 de octubre en la Ciudad de México. 

Todos, a excepción de Armando Martínez Duarte “El Loco”, fueron extraditados a la Unión Americana por el Gobierno de México, a petición precisamente, del caso criminal 97CR2520K. Los hermanos Arellano, Benjamín y Francisco (Ramón fue muerto en febrero de 2002 en un enfrentamiento con la autoridad en Mazatlán, Sinaloa), llegaron a acuerdos con la fiscalía del distrito sur de California, Estados Unidos, para que penas más benévolas les fueran impuestas. A Francisco “El Tigrillo”, le eliminaron la pena de muerta y le impusieron la cadena perpetua a cambio de su cooperación con las autoridades norteamericanas, y el pago de una multa de 50 millones de dólares, de hecho el menor de los hermanos fue el único capturado por una corporación estadounidense. 

A Benjamín “El Min”, le consignaron con 25 años de cárcel y el pago de una sanción económica de 100 millones de dólares. Los dos firmaron un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos, para cooperar cuando así lo requiriera la autoridad en los procesos de otros narcotraficantes indiciados en la misma averiguación u otras, que hubiesen colaborado con el cártel Arellano Félix (CAF). 

Por eso resulta irrisorio y ridículo, que ante la detención de Manuel Aguirre Galindo, la Fiscal Laura Duffy, informe que la fiscalía bajo su tutela retira los cargos, todos, contra este perseguido criminal, porque considera que a 15 años del inicio de la investigación, no contarían ni con la evidencia confiable, ni con los testimonios certeros para poder procesar a este por quien ofrecían dos millones de dólares. 

Peor aún, en mayo de este 2013, una fuerza especial integrada por agentes del FBI y de la DEA, se anunció con el objetivo de llevar a prisión a quienes aun mantenían aun cuando disminuido, al CAF. Y entre ellos, solicitaban información y ofrecían una recompensa a discreción a quien proporcionara información que llevara a la captura de Aguirre Galindo, a quien incluso señalaron como nuevo colaborador del cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, una vez que el CAF había venido a menos. 

Entonces ¿Porqué la fiscalía estadounidense en un acto, quizá no inédito, pero sí raro, decide retirarle los cargos y no juzgarlo en su país como al resto de los delincuentes del caso criminal 97CR2520K? No hubo una explicación racional, o lógica, solo la que ya está aquí renglones atrás, pero este hecho podría encuadrarse en la doble moral del Gobierno de los Estados Unidos en el tema del narcotráfico y el crimen organizado. 

O quizá ya no les interesa el financiero de los Arellano porque realmente piensan que esa estructura criminal está acabada, algo tampoco tan creíble dado que fueron sus agencias las que ubicaron a “El Caballo” ahora al servicio del enemigo público número uno, Joaquín Guzmán Loera. 

La doble moral tiene que ver también con el hecho muchas veces presumido, que “El Caballo” vivía en los Estados Unidos. Tijuanenses lo vieron salir de lujosos hoteles y restaurantes en La Jolla, California; lo que indicaría lo que también fue una sospecha: que el señalado como narcotraficante, colaboraba de alguna manera con el gobierno del vecino país. 

En el mismo sentido se inscribe la sospecha que el resto de los Arellano, hermanas, madre, hermano, residen en algún lugar del norte de California, y refuerza esta idea, el hecho que ni los Estados Unidos, ni México, hayan generado una orden de aprehensión contra Enedina Sánchez Arellano, quien se sabe en aquel mundillo, se quedó a la cabeza de la organización criminal fundada por sus hermanos mayores. 

Ahora, la detención de Manuel Aguirre Galindo, se da menos de 24 horas después que Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor del clan mafioso, fue asesinado en Los Cabos, Baja California Sur, donde vivía con tranquilidad y seguridad bajo el nombre de Mauro Vázquez. 

Es evidente, que la aprehensión es resultado de aquel crimen, sea porque de los testimonios de los testigos de la ejecución de Arellano lo señalaron, sea porque la familia culpa a Aguirre de no proteger al mayor de los hijos. Sin embargo, a pesar de la acusación, de los delitos cometidos, del dinero lavado, de la droga introducida a la Unión Americana, y de tener los testigos idóneos para acusarlo en aquellas tierras, ahora resulta que le retiran los cargos. 

Que en territorio estadounidense “El Caballo” es libre, que le hicieron el borrón y cuenta nueva. La doble moral de las autoridades de Estados Unidos, ya había sido evidenciada en operaciones como la de “Rápido y Furioso”, donde marcaron armas, las pusieron en la frontera, terminaron en manos del crimen organizado en México, todo con la intensión de seguir la ruta del tráfico de armas. Con ellas mataron ciudadanos norteamericanos, y hartos mexicanos, todo con la complacencia de la autoridad gringa. También la doble moral está manifiesta en el espionaje que aquel gobierno a realizado a mandatarios de otros países, como en el caso de México, pero que en casos de espionaje interno, se dicen víctimas y acusan todo el peso de la ley a ciudadanos que los exhiben precisamente, en ese ejercicio ya común de doble moral.

El caso más emblemático ahora es el de Rafael Caro Quintero, a quien después de 27 años del crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, exigen que el Gobierno Mexicano lo reaprenda para juzgarlo por ese asesinato en los Estados Unidos ¿No es extraño? O sea, ¿No tienen elementos, ni evidencias, ni testigos confiables para juzgar a uno de los narcotraficantes más buscados por su gobierno, porque su caso criminal tiene 15 años, pero sí tienen pruebas, testimonios y testigos confiables para juzgar a otro narcotraficante que cometió el delito 27 años atrás? Eso es, una doble moral. Definitivamente. Y ahí está la autoridad mexicana, sirviéndoles de parapeto. Mal, muy mal.

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