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Lunes, 11 Marzo 2019 20:56

La estancia de la corrupción y los niños fantasmas de Peña Destacado

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En las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2018 se atendió un promedio de 194 mil 94 niños de manera mensual. A los trabajadores que cuentan con esa seguridad social al tener un empleo en la formalidad, se les cubre el cien por ciento del pago de guardería para sus hijos.

El trámite lo realiza enteramente el trabajador para ser beneficiario del mismo; entre los requisitos aparte de contar por supuesto con seguro social, está el hecho que la guardería se ubique en las inmediaciones de la residencia de quien la utilizará, y a los niños se les cuida e instruye desde meses de nacidos y hasta los cuatro años.

Pero en México son más los trabajadores en la informalidad, y que por lo tanto no pueden gozar de la seguridad social de utilizar una guardería para dejar a sus hijos mientras trabajan.

De 54.2 millones de personas ocupadas en el país, el 56.6 por trabaja en la informalidad, es decir unos 30.7 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social, contra 23.5 millones que sí gozan de ese beneficio al tener un empleo formal, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, respecto al último trimestre de 2018.

De esa mayor parte de la población ocupada que se desarrolla en la informalidad, es donde tienen origen aquellos beneficiarios del programa de estancias infantiles de la ahora Secretaría de Bienestar antes Sedesol. Es de suponerse que una parte de esos empleos informales sean de remuneración suficiente para poder cubrir todas las necesidades del trabajador y su familia, entre estas los cuidados de los hijos en instituciones privadas o en el hogar a cargo de uno de los padres o un familiar, o en el hogar a cargo de personal contratado para ello.

Pero aquellos trabajadores de sectores como el agropecuario donde el empleo resulta informal por ser temporal, o las trabajadoras del hogar, o los autoempleados, o los comerciantes, quienes realizan a título personal un oficio, y sus ingresos son limitados, cuentan con el programa de estancias infantiles para dejar a sus hijos a buen cuidado durante un tiempo de su jornada laboral.

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Bienestar, en 2018 hubo 360 mil niños registrados en el programa de estancias infantiles, lo cual significa que “atendieron” a 166 mil niños más que en el Seguro Social, cuyo presupuesto para ello fue de 8 mil 181 millones 641 mil 981 pesos. El mismo año, y para atender a esos 360 mil infantes de hasta cuatro años, en la Sedesol se presupuestaron poco más de 4 mil millones de pesos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a mediados de febrero de 2019 que dicho presupuesto sería reducido a la mitad, poco más de 2 mil millones de pesos para estancias infantiles, de hecho complementó diciendo que ese programa quedaría cancelado, dado los actos de corrupción que han detectado en el mismo.

Una vez más el Presidente estuvo en la polémica al decidir, sin proporcionar mayor información sobre los actos de corrupción, que no más estancias. En su lugar dijo, daría el dinero a los padres de familia para que estos lo administraran de manera que mejor les conviniera, incluso pagando a la abuela para que se hiciera cargo del cuidado de los nietos mientras los padres están trabajando.

La realidad no es tan sencilla.

Ciertamente se han detectado casos de corrupción en el programa de estancias infantiles de la ahora Secretaría de Bienestar, como se han encontrado actos de corrupción en otros programas de lo que fue Sedesol, pero al igual que los primeros, permanecen en la impunidad.

La dinámica de las estancias infantiles es muy diferente a las guarderías del IMSS. En las estancias por ejemplo no se cubre el cien por ciento de la cuota por cuidado de los niños, sino el 50 por ciento, unos 900 pesos al mes (ahora el Presidente López Obrador propone pagar 800 pesos al mes), el resto del pago saldría del bolso del beneficiario del programa.

Pero ojo, en lugar que el beneficiario del programa de estancias infantiles hiciera el trámite ante la Sedesol, eran las estancias las encargadas de ese proceso. Es decir, desde la estancia se acudía a la Sedesol para entregar los requisitos y ser beneficiada con el pago por el cuidado de un niño más.

En el actual censo que se realiza en la ex Sedesol sobre los beneficiarios de los programas sociales, se ha encontrado que aproximadamente un 35 por ciento de los niños registrados en las estancias infantiles, no existían. Esto significa que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una secretaría que titularon tanto el ex candidato presidencial, José Antonio Meade como Rosario Robles, se pagó por el cuidado de niños que no existieron o que no tomaron el beneficio. Que en el censo actual fueron catalogados como niños fantasma, niños inexistentes o niños que existían pero no utilizaban el servicio. Sin embargo, en las estancias seguían cobrando a Sedesol por el cuidado de esos niños.

Además, de acuerdo a las declaraciones del Presidente, el programa se canceló porque no se daba cobertura a la población necesitada, la asignación de estancias para beneficiarse del programa gubernamental se hacía de manera arbitraria con criterios laxos y débiles controles sobre la supervisión de los recursos asignados así como de las instalaciones y los niños beneficiados. Además, se entregaban concesiones a estancias a criterio de funcionarios e incluso, entre estancias formalmente establecidas, existen aquellas que fueron creadas por cercanos a las oficinas de Gobierno para beneficiarse de los programas que manejaban.

El censo sobre el estatus de los 360 mil niños registrados en el programa de estancias infantiles de Bienestar no ha concluido en México, el primer estado en terminar con esa labor fue Baja California y debido a la poca participación que en ese programa tenían, pues únicamente mil 195 niños estaban registrados de los cuales al finalizar la auscultación, se dio cuenta que 418 registros eran fraudulentos, que las estancias cobraran por esos registros pero no había niños presentándose.

Los fraudes, los actos de corrupción, las estafas, los desvíos y los abusos que han sido detectados en algunas secretarías, particularmente en la que fue Sedesol y hoy es Bienestar, no están siendo debidamente investigados, ni procesados. No hay culpables siendo investigados hasta el momento.

Pero mientras la corrupción no se castiga, lo que sí se reprime son los programas de Gobierno. Especial este caso de estancias infantiles donde muchas familias, mujeres solteras, hombres, requieren del mismo para tener horas enteramente dedicadas al trabajo, aún informal, mientras el niño o los niños están en los cuidados de una de estas casas.

A ver, estas estancias son en realidad guarderías, negocios privados que prestan sus servicios a particulares y que se sumaron a los proyectos gubernamentales, quizá con la intensión de tener un ingreso “seguro”, en muchos casos, porque claro que existen aquellos de corrupción, de estancias creadas por funcionarios para sacar dinero del presupuesto, o redes de negocios promovidas por ellos mismos.

El Presidente López Obrador castiga los proyectos pero aún no castiga la corrupción del sexenio pasado.

Aún sin señalarlo como responsable, pero sí como supervisor, el director general de políticas sociales del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de lo que fue la Sedesol, tomó posesión del cargo en julio de 2018, cuando ya había ganado la elección López Obrador, y se mantiene en esa posición. Lo mismo sucede en la mayoría de los estados, sin embargo, no se han deslindado responsabilidades sobre los culpables del fraude en la aplicación de los programas como este de las estancias infantiles, que para una parte de la población es de extrema necesidad y que será cancelado debido a los errores y abusos de funcionarios y ex funcionarios.

Por el momento el programa está detenido, no se acepta ni un registro de niño más hasta que no se concluya el censo para determinar cuántos de esos registros son reales y cuántos son producto de una estafa al programa social.

Pero una vez activado el programa, ya no con asignación de estancia sino con entrega de dinero, este ha disminuido en comparación con lo entregado en 2018. Si antes se entregaban 950 pesos al mes por niño a la estancia, con AMLO se aportarán 800 pesos al mes acumulados bimestralmente en mil 600, por niños de meses de nacidos a tres años, la misma cantidad para niños indígenas pero con cuidados hasta los cuatro años. Anteriormente se pagaba a la estancia mil 800 mensuales por la atención a niños con algún tipo de discapacidad, y en este gobierno ese beneficio será de 3 mil 600 pesos cada dos meses.

Definitivamente los padres que trabajan en la informalidad y que requieren de ese programa, batallarán un poco, tanto para adherirse al programa como para completar el resto para el pago de la guardería, especialmente aquellos que viven en zonas de turismo o migración, como Cancún o Tijuana, donde los abuelos residen en otros estados. O los que se desempeñan en el sector agrícola y que suelen viajar con sus hijos para trabajar donde haya empleo y oportunidad. De igual manera algunas de las estancias sobrevivirán porque no todas fueron creadas enteramente para vivir del recurso de la Sedesol.

El problema al final del día es no castigar la corrupción, y sí eliminar programas y proyectos de beneficio para muchos, en este caso para más de 230 mil niños que –de acuerdo a la proyección del resultado del censo que se realiza en Bienestar- estaban registrados en una estancia infantil, y cuyos padres ahora deberán buscar nuevos espacios para dejarlos en cuidados mientras trabajan.
Solo en este ejemplo y en caso de comprobarse la proyección en la cual resultaría que el 35 por ciento de los registros son inexistentes, estaríamos hablando de 126 mil registros de niños fantasma, inexistentes o que no tomaron el servicio, pero por los cuales el Gobierno federal erogó, cada mes y considerando el mínimo de 950 pesos por niño, 119 millones 700 mil de pesos a estancias que cobraron sin otorgar los cuidados pactados, unos mil 400 millones de pesos al año.

El programa pues no es malo, es en todo caso necesario para quienes se desempeñan en la informalidad, pero las estancias infantiles como muchos otros programas del gobierno, fueron corrompidas en el sexenio de Peña Nieto, en cuyo caso la corrupción sigue impune.

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