TIJUANA, B.C.- La Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde realizó un recorrido junto con los Comisarios Sociales Honorarios para supervisar la ejecución de distintas obras en algunas escuelas primarias de la ciudad.

Guzmán Valverde destacó que gracias a la edificación de baños y comedores escolares, aunado a la supervisión que han realizado en dichas obras, los niños cuentan con espacios dignos, donde reciben una alimentación sana y completa, favoreciendo a su desarrollo académico.

Por su parte, la titular de la Dirección Social de la Sindicatura, Lic. Adriana Sánchez Martínez, mencionó que visitaron la escuela primaria Gran Tenochtitlán ubicada en la colonia del mismo nombre, la Primaria Benito Juárez de la colonia Los Altos y la Primaria Vicente Guerrero de la colonia Guerrero.

Detalló que durante el recorrido los Comisarios Sociales verificaron el estado en el que se entregaron unos baños, donde señalaron la necesidad de hacer algunas adecuaciones en los sanitarios para niños con alguna discapacidad, y el remozamiento de algunas zonas.

Asimismo, observaron la construcción de un comedor escolar, del cual notaron un ligero retraso en la obra, así como algunas correcciones de la infraestructura hidráulica, no obstante, estimaron que es muy posible que concluyan en el tiempo establecido en la ficha técnica debido a que cuentan con el personal suficiente para hacerlo.

Adriana Sánchez agregó que para finalizar el recorrido visitaron un comedor escolar ya concluido, el cual es operado actualmente por los padres de familia organizados, de ahí que los Comisarios Sociales, la Síndico Procuradora y la Directora de Sindicatura Social compartieron experiencias con las encargadas del lugar.

En ese sentido, la comunidad de padres de familia que opera el comedor escolar destacó que hay muchos niños en el plantel que en sus casas no cuentan con los insumos para tener una alimentación sana y completa, por lo que el comedor escolar les brinda la posibilidad de alimentarse adecuadamente y tener un mejor rendimiento escolar.

MEXICALI, B.C.- El Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), informa que por el crecimiento de su economía, Baja California se ubica en el primer lugar de la frontera norte y tercero entre los estados del país, de acuerdo a los datos del Indicador Trimestral de Actividad (ITAEE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el primer trimestre del año, en donde se refleja un incremento de 2.1% respecto al trimestre anterior, por arriba del crecimiento nacional del 0.2%.

El Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, indicó que el ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

“Si hacemos el comparativo anual, ante el primer trimestre de 2018, la entidad creció 2.5%, para ubicarse en el 6º lugar nacional”, complementó el funcionario estatal.

Por sectores económicos, el sector primario mostró un crecimiento de 13.5% anual, logrando ser el 1º lugar de la frontera norte y 4º nacional. El sector secundario creció 5.7% anual, también el 1º lugar de la frontera norte y el 5º nacional, mientras que el sector terciario creció 0.3% anual.

Con el nuevo dato, el Estado acumula crecimiento anual en 36 de 37 trimestres y por otra parte, en 21 trimestres de la actual Administración estatal, se ha registrado en promedio un crecimiento de 3.7%, por arriba del nacional de 2.5%; ubicando a Baja California en el 1° lugar de la frontera norte y 8° nacional.

Por Alfredo Calva.

Cual si fueran series producidas por Netflix es como se pueden entender los episodios de trapacerías, corrupción y traiciones, cuya estrella principal en el reparto de actores que sobresale con brillo refulgente como el de una diva de Hollywood, es la presidente municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas.

Su pretensión de levantar la veda, que ella misma impulsó y le aprobó el cabildo en marzo del 2017, para la instalación y operación  de negocios dedicados al almacenaje, distribución y venta de gas LP, conocidas como “gaseritas", muestra y da certeza a lo que se comenta desde los primeros meses de su administración en los pasillos de palacio municipal y los corrillos políticos, que es impostada su honorabilidad y probidad, ya que estas desaparecen con suma facilidad, en cuanto se le presentan oportunidades de hacer negocios que le resulten sustancialmente redituables, sin importar que para ello se violenten leyes y reglamentos.

La moratoria a la instalación de “gaseritas" de acuerdo a lo que señalan fuentes consultadas que vivieron de cerca el asunto, es la resultante del cabildeo de la empresa Zeta Gas con la primer edil y algunos de sus allegados, para evitar que sus competencias continuaran instalando, -en el gobierno Silvano Abarca Macklis otorgaron 12 anuencias-, negocios de ese tipo, y en su oportunidad y a su indicación, Mirna Rincón presentara la propuesta de suspender la prohibición, y así ellos obtener las autorizaciones para instalar sus “gaseritas".

Obviamente en este cabildeo se incluía el agradecimiento económico de Zeta Gas a la diligente disposición en contribuir para el beneficio de la empresa por parte de Rincón Vargas y sus subalternos, acción que fue valorada sustancialmente y fue tasada por las partes en la nada despreciable cantidad de 100 mil dólares, lo que se reflejó en el mes de marzo del 2017, cuando en sesión de cabildo fue aprobada la moratoria para la instalación de “gaseritas".

El tiempo transcurrió y la proterva asociación convivía felizmente, nada nublaba el proyectado horizonte de su acuerdo, hasta que, en los primeros meses del presente año, como en los matrimonios más felices, se presentó el tercero en discordia, la empresa Blue Propaine, mejor conocida como Gas Rivera, y susurrándole al oído de Mirna Rincón, logró convencerla de que traicionara a Zeta Gas y jugara con ellos en la instalación de “gaseritas".

La infidelidad de la alcaldesa rosaritense afloró en cuanto escucho que por esa acción se le gratificaría con cinco millones de pesos, solo tenía que presentar el punto de acuerdo para cancelar la moratoria en sesión de cabildo para su aprobación, -en este punto solo los regidores involucrados saben cuanto les ofreció la primer edil por el voto a favor-, y autorizar la instalación y operación de 5 “gaseritas" en diversos puntos de Rosarito.

La deslealtad hacia Zeta Gas estaba decidida y solo se restaba lanzar la convocatoria para la celebración de la sesión de cabildo, fecha que estableció para el pasado 25 de julio, sin embargo, la traición trascendió y llegó a oídos de Zeta Gas, quien de inmediato buscó a la alcaldesa a la que exigió una explicación por su conducta desleal, y exigió el cumplimiento del compromiso.

Ante ésta situación, y la presión social que se registró al trascender a unos sectores de la comunidad rosaritense, la intención de la primer edil de autorizar la instalación y operación de “gaseritas", Rincón Vargas al inicio de la sesión de cabildo, ordenó sacar el acuerdo que estaba programado para ser presentado por ella ante el cuerpo edilicio, sin dar explicación alguna al colegiado por su abrupta decisión, lo que sorprendió a regidores y rosaritenses que acudieron al evento.

Debido a lo anterior, todo hace indicar que el asunto de las “gaseritas” pasará a la tierra del olvido, la situación en que se colocó Mirna Rincón Vargas, debido a su licencioso acuerdo y posterior traición a Zeta Gas no es una novedad, ya en otras ocasiones a reculado en similares tratos, solo hay que recordar que en redes circuló un audio en el que pide a uno de sus allegados, David Ceja, regrese una cantidad de dinero que les fue entregada a cambio de promover la masificación de una funcionaria, su conducta de simulada honorabilidad ya no se la creé nadie, los actos de corrupción que ha implementado, solapado e impulsado, han trascendido a casi todos los sectores de Rosarito.

Es por ello, que llama poderosamente la atención, que con esos antecedentes de corrupción y mala gestión gubernamental, el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdéz, quien entrará en funciones el primer día del próximo noviembre, la haya invitado, de acuerdo a lo expresado por la propia Rincón Vargas, en reunión con sus allegados celebrada en días pasados, de que será subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, que así se lo confirmó quien fungirá como titular de la dependencia, Sergio Moctezuma, en pagó a su apoyo y lealtad a Morena y sus candidatos, pese a su militancia panista, en la pasada contienda electoral.

Las traiciones a veces pagan.

Y mientras tanto….

Continúa la simulación en torno a la basificación de panistas en el gobierno del estado.

ENSENADA, B.C.- El Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se reunió en las oficinas del Gobierno del Estado de Ensenada con el Alcalde Electo de la ciudad, Armando Ayala Robles, con quien dialogó sobre las acciones que emprende para seguir impulsando el desarrollo de la entidad y de las gestiones que ha encabezado en materia de infraestructura en este municipio, la región de San Quintín y la zona sur, mismas que se traducirán en beneficios y bienestar para los bajacalifornianos.

En este encuentro, el Mandatario Estatal, habló sobre el proceso de entrega-recepción que se está efectuando tanto en el orden estatal y municipal, además de reiterar la disposición de trabajar de manera coordinada y con un diálogo permanente a favor de los ensenadenses, hasta el último día de la administración como lo establece la ley, este encuentro se celebró en el marco de una gira de trabajo y de una serie de encuentros que está sosteniendo con las autoridades electas.

ENSENADA, B.C.- El Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se reunió en las oficinas del Gobierno del Estado de Ensenada con el Alcalde Electo de la ciudad, Armando Ayala Robles, con quien dialogó sobre las acciones que emprende para seguir impulsando el desarrollo de la entidad y de las gestiones que ha encabezado en materia de infraestructura en este municipio, la región de San Quintín y la zona sur, mismas que se traducirán en beneficios y bienestar para los bajacalifornianos.

En este encuentro, el Mandatario Estatal, habló sobre el proceso de entrega-recepción que se está efectuando tanto en el orden estatal y municipal, además de reiterar la disposición de trabajar de manera coordinada y con un diálogo permanente a favor de los ensenadenses, hasta el último día de la administración como lo establece la ley, este encuentro se celebró en el marco de una gira de trabajo y de una serie de encuentros que está sosteniendo con las autoridades electas.

Zacatecas fue sede del quinto Foro Hacia la Revisión Integral del Marco Jurídico sobre Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia, de nivel regional, en el que se identificaron y analizaron retos y riesgos para la respuesta de los tres niveles de gobierno ante desastres.

Entre los problemas del estado catalogados como graves y de urgente atención, destacaron lluvias atípicas, sequías y riesgo de colapsos, principalmente en el Centro Histórico de la capital, así como el impacto de la minería en el medio ambiente.

El evento se realizó este viernes en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas; convocaron las comisiones de Protección Civil (PC) y Prevención de Desastres, de la Cámara de Diputados; de Gobernación, de la Cámara de Senadores; el Poder Legislativo local, además de las coordinaciones nacional y estatal de Protección Civil.

El coordinador de Zacatecas, Antonio Caldera Alaniz, afirmó que ninguna dependencia, de los tres niveles de gobierno, cuenta con estrategias adecuadas para enfrentar fenómenos perturbadores, por lo que calificó como fundamental promover la participación social y la cultura de protección civil en todo el país.

Resaltó sobre todo la vulnerabilidad de los municipios, dado que carecen de un marco jurídico en la materia y de recursos para hacer frente ante emergencias. El funcionario estatal consideró indispensable la participación de las entidades federativas, que constituyen el primer nivel de atención ante los desastres naturales y antropogénicos.

Consideró necesarios programas integrales, orientados a la gestión y la prevención para, además de evitar y minimizar pérdidas tanto humanas como materiales, se reduzcan tiempos, disminuyan presupuestos y se garantice una respuesta calificada ante cualquier desastre.

Alma Dávila Luévano, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Gobernación en la Legislatura local, señaló a la actividad minera y reprochó que ésta se niega a ser sustentable “y llega a ser depredadora, ya que ocasiona éxodos familiares y desastres naturales”.

En su participación, solicitó a los gobiernos federal y estatal que, junto con legisladores de ambos niveles, destinen recursos para evitar “un colapso inminente, que podría ser causado por el embovedado del centro de la ciudad, el cual es una bomba de tiempo a punto de explotar”.

Nancy Reséndiz Hernández, diputada del Partido Encuentro Social (PES) y presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, lamentó que los temas de protección civil fueran olvidados por los gobiernos.

Cristóbal Arias Solís, senador de Morena y presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara Alta, urgió a iniciar acciones de prevención, pues advirtió que los estudios realizados en el país revelan alteración de ecosistemas regionales, modificaciones en los patrones de lluvias y menores recargas de mantos acuíferos, con consecuencias devastadoras como sequías y desertificación.

El legislador federal coincidió con Dávila Luévano en que los sectores industriales y energéticos implican daños potenciales, especialmente en el centro y norte de México.

En el foro, se realizaron cinco mesas de trabajo, tituladas Instrumentos Financieros, Monitoreo y Sistemas de Alertamiento, Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Riesgos, Derechos Humanos y Vida Digna y Vulnerabilidad y Amenazas de la Región.

Las conclusiones fueron etiquetar presupuestos suficientes para Protección Civil en municipios, donde se deberá vigilar que tengan atlas de riesgos actualizados y elementos en cantidad suficiente y capacitados para atender las necesidades de cada población.

Además, se planteó establecer sanciones penales para las autoridades que permitan construcciones de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

El objetivo del encuentro fue sentar las bases para una nueva ley en la materia, mediante la definición de prioridades para diseñar políticas en un contexto de movilidad humana. Este mismo ejercicio se ha hecho en otras entidades como Oaxaca, Veracruz, Colima y Morelos.

Subrayó que la OMS considera que el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es primordial para que todos gocen del grado máximo de bienestar.

TIJUANA.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual no establece mecanismos claros para la enajenación y remate de bienes, por lo que podría tener modificaciones.

Así lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien señaló que dicha ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, y que sean objeto o producto de ilícitos.

Los hechos susceptibles de la extinción de dominio, precisó, son la delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Asimismo, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión; además que la ley también crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, apuntó, en sustitución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

“También se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, mencionó.

Pickett Corona destacó que la citada Ley permitirá a las autoridades disponer de los bienes asegurados a la delincuencia organizada, pero que diversas inconsistencias que podrían generar que en el corto plazo sea necesaria su modificación.

Destacó que esta legislación puede ser usada con fines de persecución política, además de poner en riesgo el patrimonio de los contribuyentes al no establecer mecanismos claros para la desincorporación y remate de los bienes, poniendo en riesgo la garantía de audiencia y de propiedad privada de los mismos.

Añadió que el procedimiento se aplicará de “forma supletoria”, es decir, respecto al procedimiento se aplicará la ley en materia civil federal; mientras que en lo relativo a la administración, se aplicará la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes; en relación a la regulación de Bienes, lo previsto en el Código Civil; y en aquellas actuaciones a cargo del Ministerio Público, el Código Nacional de Procedimientos Penales.