TECATE; B.C.- El agua potable es considerada un recurso estratégico para el desarrollo de la entidad y bajo esta premisa, la administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), realiza recorridos con grupos representativos de la sociedad en los principales puntos de la infraestructura hídrica que provee del vital líquido a los tecatenses.

“Estamos sumando esfuerzos para que los tecatenses conozcan de primera mano todo el trabajo que existe para que cada día más de 33 mil casas, escuelas, hospitales, industrias y comercios, cuenten con el servicio de agua potable. Nuestro objetivo es que todos los tecatenses podamos comprender que el agua no tiene precio, sino un gran valor”, comentó la Directora General de CESPTE, Patricia Ramírez Pineda.

El primer grupo organizado que participó en este programa de difusión fue Madrugadores Tecate, a quienes se les dio a conocer que la ruta del agua inicia en Mexicali, donde llega el agua proveniente del Río Colorado y recorre una distancia superior a los 100 kilómetros. 

Después de Mexicali, en La Rumorosa, el agua pasa por cinco plantas de bombeo, para lograr vencer una altura superior a un kilómetro. Ramírez Pineda, destacó que en esta etapa se requieren más de ocho mil caballos de fuerza para bombear el agua, por los que se aplica una importante inversión en energía eléctrica para que las bombas no paren de conducir el agua.

Tras su paso por la zona rocosa y en el caso de Tecate, el agua llega a la Presa Las Auras, infraestructura con capacidad para 5 millones de metros cúbicos de agua. En caso de una contingencia dicha presa está en condiciones de abastecer el vital líquido a los tecatenses por un periodo de hasta  seis meses.

Por último, la titular de CESPTE, destacó a los integrantes de Madrugadores que el abastecimiento de agua contribuye en gran medida al desarrollo de una comunidad, por ello este servicio aunado al alcantarillado sanitario y saneamiento de aguas residuales, forman la infraestructura básica en materia hidráulica para promover y consolidar el desarrollo de Baja California.

SAN DIEGO, CA - Heraclio Osorio-Arellanes, acusado del asesinato en primer grado del agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos Brian Terry, fue extraditado hoy de México a Estados Unidos, anunciaron el Fiscal General Jeff Sessions y el Fiscal Federal Adam Braverman por el sur Distrito de California. Él será procesado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Tucson, Arizona, el miércoles por la tarde. Osorio-Arellanes ha estado bajo custodia en espera de extradición desde su arresto por las autoridades mexicanas el 12 de abril de 2017.

El agente Terry fue asesinado a tiros el 14 de diciembre de 2010, cuando él y otros agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a Osorio-Arellanes y otros cuatro miembros de una "banda de delincuentes" (una banda criminal que intenta robarle a traficantes de drogas y extranjeros) operando en un área rural al norte de Nogales, Arizona. De los seis acusados acusados junto con Osorio-Arellanes en el caso, tres se declararon culpables, dos fueron condenados después de un juicio con jurado, y otro acusado, Jesús Rosario Favela Astorga, aún no ha sido juzgado.

"El Departamento de Justicia está contento de que el presunto asesino del Agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry haya sido extraditado con éxito a los Estados Unidos y ahora se enfrentará a la justicia por este terrible crimen", dijo el Fiscal General Jeff Sessions. "Agradecemos los esfuerzos de la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. Y las Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU., Así como a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México. Para cualquiera que acepte la vida de un ciudadano estadounidense, en particular un agente de la ley estadounidense, esta acción envía un mensaje claro: Trabajando estrechamente con nuestros socios internacionales, lo buscaremos, lo encontraremos y le traeremos a la justicia ".

"El arresto y extradición de Osorio-Arellanes refleja el firme compromiso y el trabajo incansable de los Estados Unidos y nuestros socios en México, que compartieron el objetivo común de buscar justicia por el asesinato del agente Brian Terry", dijo el Fiscal Federal Adam Braverman. . "Cuando un agente hace el máximo sacrificio mientras sirve a su país, debemos hacer que todos los individuos que participaron en este trágico resultado sean responsables de sus acciones. Esta extradición mueve ese importante objetivo hacia adelante ".

La acusación acusa a los acusados de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, conspiración para interferir con el comercio por robo, intento de interferencia con el comercio mediante robo, uso y portación de un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión contra un oficial federal. Además del asesinato del agente Terry, la acusación alega que los acusados atacaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos William Castano, Gabriel Fragoza y Timothy Keller, quienes estuvieron con el agente Terry durante el tiroteo con la "tripulación de estafadores".

Este caso está siendo procesado en una corte federal en Tucson por abogados del Distrito Sur de California, los abogados especiales Todd W. Robinson y David D. Leshner. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona es recusada. El caso está siendo investigado por el FBI. El gobierno de México ayudó en la aprehensión y extradición. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia para la extradición del acusado Osorio-Arellanes.

Se recuerda al público que una acusación formal es un documento de acusación formal y se supone que los acusados son inocentes hasta que el gobierno cumpla con su carga en la corte de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable.

Botín de likes

Por Francisco Ruiz

Tijuana, B. C.- La política existe porque existe el desacuerdo y éste a su vez, deriva del contraste de nuestros pensamientos; de lo contrario, seríamos autómatas sumergidos en una armonía artificial o viviríamos víctimas de una tiranía. El reto para la clase política es conocer y diseñar las estrategias adecuadas para lograr el consenso entre las mayorías.

Por eso, me refiero a uno de los postulados del intelectual jalisciense Agustín Yáñez, quien en 1963 aseguró que “La genuina política sabe a dónde y cómo ir, porque sabe las necesidades reales de la colectividad. En cambio, la falsa política, la política del éxito, la política de las apariencias, por su deleznable contextura, carece de planes fijos; va saliendo del paso...”.

Infortunadamente gran parte de los políticos –improvisados– de nuestro país se inclinan por el show bussiness, en lugar de procurar la dignificación del quehacer público. De esta manera, me permito ilustrar uno de los tantos panoramas en los cuales resulta aplicable dicho precepto. Uno más que me atrevo señalar es el menosprecio al legítimo interés de los jóvenes.

Días atrás, en la arena de las redes sociales, circuló un video de jóvenes priistas externando sus inconformidades sobre la administración de su partido. Es lamentable que aun existan voces que desdeñan estas expresiones por adjudicarlas a un grupo partidista interno que busca hacerse del poder. Eso no es nuevo, ni tampoco inquietante. Lo verdaderamente vergonzoso es el recelo ante el actuar de los jóvenes, pues se trata de un sector sumamente valioso, no sólo para un partido sino para el país entero, el cual amerita atribuirle un justo valor. Evidentemente, quienes lo rechazan y minimizan, son los personajes reacios a compartir el poder, de no ser que se trate de sus herederos políticos. Esa es una de las causas que llevan al precipicio: los métodos obsoletos.

El personaje central de “Cuento de Navidad”, Ebenezer Scrooge, es un hombre amargado, avaro y egoísta. Atesora hasta la moneda de más baja denominación y ahorra hasta el mínimo esfuerzo buscando amasar una fortuna, en medio de ruinas. Esta novela de Charles Dickens, escrita a mitad del siglo XIX, me parece el comparativo perfecto con el panorama actual en Baja California: acaparan, aglutinan y dosifican. Esperemos que, por el bienestar de la democracia, también los hagan reflexionar los fantasmas del presente, del pasado y del futuro.

La Agrupación Política de Baja California, recibió a David Ruvalcaba la semana pasada. De su ponencia, rescato la siguiente frase “…el PRI aun vale, la prueba es que aun se pelean por él…”, pues coincido plenamente. Pero hay de peleas a peleas. Están aquellas que se hacen por obtener algún provecho, aunque sea entretenimiento, y las que resultan absurdamente estériles. Así, aun persisten

políticos partidarios de la división, del encono; quienes mendigan hasta el botín de “likes” en las redes sociales. Es cosa de madurez política.

Post Scriptum.- “La genuina política se opone a maniobras de simulación; afronta los problemas de la colectividad, enfocándolos desde diversos ángulos con sentido realista": Agustín Yáñez.

Mexicali.- Para Lindero Norte el periodismo es un contrapoder, es una práctica que genera descontento e incomidad en los sectores políticos.

La violencia oficial, la violencia institucionalizada es uno de los grandes riesgos en el ejercicio y sobre todo en el derecho de la sociedad a estar informados.

La guerra sucia es un instrumento utilizado por el poder para inhibir y presionar a los periodistas críticos pues trata de acallar voces y señalamientos.

Desde el último fin de semana aparecieron en redes sociales acusaciones en contra de Jorge Heras, quien dirige la plataforma informativa de Lindero Norte.

Con una vileza del tamaño de la impunidad que arrincona a Baja California se le acusa de golpeador de mujeres. Sí, de golpear mujeres.

Esto es falso. Quienes conocen a Jorge Heras saben que es el hombre más respetuoso y amoroso en sus relaciones personales y mas aún en las profesionales.

Esta falsedad instrumentada por un grupo de poder la tenemos identificada.

Los señalamientos se han hecho en dos ocasiones través de cuentas falsas diferentes de redes sociales, en donde también se hace un llamado directo a no creer en el análisis y críticas del periodista, a quien lo identifican con fotografía, su nombre y el medio que dirige.

Queda claro nuestra intención de proseguir con nuestro trabajo periodistico.

El ejercicio profesional del periodismo se basa en la credibilidad y, de ninguna manera, vamos a permitir que nadie socabe lo que hemos construido durante años de trabajo.

Por ello reiteramos un “no a la guerra sucia contra ningún periodista”.

Ciudad de México (SinEmbargo).– Una fotografía cimbró a la sociedad mexicana en septiembre de 2017: exhibía los cuerpos de un padre y sus tres hijos asesinados con el tiro de gracia en un predio en la comunidad de El Zapote del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, y también los saldos de la crisis de violencia incontenible que dejó la fracasada estrategia contra la inseguridad.

El papá se llamaba Jorge y tenía 59 años, sus hijos eran Pablo de 16, Ernesto de 20 e Isaac de 20 años, de acuerdo a la declaración ministerial de los familiares citada por los medios locales. Estuvieron desaparecidos por dos días hasta que fueron hallados sus cadáveres abandonados.

Este imagen se ajusta al patrón de asesinatos en el país, donde los hombres jóvenes son el grueso de las víctimas de homicidio en todo el país, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras más actualizadas del instituto muestran que las víctimas del sexo masculino acaparan el casi 88 por ciento de las 459 mil 748 personas víctimas de homicidio en México desde 1990 –año hasta el que se tiene registro histórico– y que el restante 12 por ciento eran mujeres.

Por edad, las víctimas menores a treinta años abarcan el 42 por ciento de la totalidad (191 mil 515 personas, de las que 85 por ciento son hombres y el 15 por ciento mujeres).

Carlos Cruz Santiago, fundador de la organización Cauce Ciudadano, apunta que “el tema de los juvenicidios es un tema que debemos de poner a discusión”, pues “la mayoría de las personas que están perdiendo la vida son jóvenes, pero la mayoría de personas que quitan la vida también son jóvenes. Ahí hay un gran asunto”.

Y explica que ante la exclusión económica y social a este sector, se les “deja en manos de las redes del crimen organizado o como víctimas del mismo”.

“La mayoría de esos jóvenes no tuvieron otra forma de resolver sus conflictos más que por la violencia”, sostiene.

Por su parte, la psicóloga y victimóloga Gerú Aparicio Aviña critica que los homicidios de jóvenes “siempre” se justifican: “En el caso de los feminicidios, se considera que ellas eran transgresoras del lugar de donde se les dice que deben de estar (en casa) y sobre la manera de comportarse; si son mujeres jóvenes que están en un espacio público y no se comportan de acuerdo al estigma público, se les criminaliza”.

Y en el caso de los hombres, explica, se les “estigmatiza y criminaliza porque siempre se les culpa por ‘andar en malos pasos’, lo que es una manera de despojarse por parte de las autoridades de las responsabilidad que tienen de investigar”.

Carlos Cruz Santiago, fundador de la organización Cauce Ciudadano, apunta que “el tema de los juvenicidios es un tema que debemos de poner a discusión”, pues “la mayoría de las personas que están perdiendo la vida son jóvenes, pero la mayoría de personas que quitan la vida también son jóvenes. Ahí hay un gran asunto”.

Y explica que ante la exclusión económica y social a este sector, se les “deja en manos de las redes del crimen organizado o como víctimas del mismo”.

“La mayoría de esos jóvenes no tuvieron otra forma de resolver sus conflictos más que por la violencia”, sostiene.

Por su parte, la psicóloga y victimóloga Gerú Aparicio Aviña critica que los homicidios de jóvenes “siempre” se justifican: “En el caso de los feminicidios, se considera que ellas eran transgresoras del lugar de donde se les dice que deben de estar (en casa) y sobre la manera de comportarse; si son mujeres jóvenes que están en un espacio público y no se comportan de acuerdo al estigma público, se les criminaliza”.

Y en el caso de los hombres, explica, se les “estigmatiza y criminaliza porque siempre se les culpa por ‘andar en malos pasos’, lo que es una manera de despojarse por parte de las autoridades de las responsabilidad que tienen de investigar”.

Las cifras de escolaridad dadas a conocer por el Inegi son reveladoras: el 68.6 por ciento de las personas víctimas de homicidio no tenía escolaridad o a la mucho tenía la secundaria o equivalente concluida.

La experta en derechos humanos refiere que estos datos ponen de manifiesto “el discurso falso de las grandes oportunidades desarrollo que tiene los adultos jóvenes, cuando sabemos que las condiciones de pobreza y desarrollo son tangibles que influyen en que ellos y ellas continúen con su derecho al desarrollo. Los jóvenes se necesitan meter a trabajar para poder sobrevivir, es una cuestión de supervivencia”. Y cuestiona: “¿Quiénes son los que dejan de estudiar? Pues aquellos que pertenecen a comunidades menos favorecidas económicamente, en donde se necesita que ellos aporten a su sistema familiar, poco o mucho, o como muchas veces me dice: ‘el chiste es que si no dan, no quiten'”.

Ante ello, la especialista en derechos humanos señala que “es muy perversa la dinámica de [decir]: ‘es que si no continuó estudiando es por flojo, floja, porque no le echa ganas'”.

Al respecto, el activista Cruz Santiago advierte que “el sistema educativo, expulsó” a gran parte estas víctimas y que “va a volver a expulsar” a personas en la misma situación debido a que no existen un plan de integración para ellos.

El fundador de Cauce Ciudadano señala que urge “construir políticas de interrupción de violencia, que eviten el contagio de la misma, y para ello se trabaja directamente con perpetradores –con aquellas personas que las están generando en los barrios– y por otro lado generar todo un andamiaje de mediación de conflictos, en donde el conflicto sea resuelto no necesariamente por la vía punitiva”.

“Yo te puedo platicar una experiencia que nosotros hemos tenido en Argentina, en donde lo que nosotros lo que hicimos fue identificar a las personas que tiene credibilidad dentro de las propias comunidades, el Estado las contrató y se convertían en mediadores e interruptores de violencia”, ilustra.

El activista es enfático en señalar que es el Estado el que debe hacer ese trabajo, “no es tema sólo de participación y responsabilidad de la sociedad civil, deben de ser trabajadores del Estado, la sociedad civil ponen la herramienta y seguimiento, pero quienes hacen la intervención son los agentes del Estado”.

El ulular de las sirenas de las patrullas ha sido constante durante las últimas semanas en Tijuana. Julio apunta a convertirse en el mes con más ejecutados producto del narcotráfico y el crimen organizado. Todos los días asesinan a alguien. A veces cuatro al mismo tiempo. Las balaceras acechan en cualquier esquina, centro comercial, residencial de lujo o fraccionamiento.

Por supuesto que la violencia sangrienta no es privativa de Tijuana, aunque esta ciudad se encuentre entre las cinco que mayor número de homicidios dolosos presentan, ciudades como Culiacán, León, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad Victoria, padecen los estragos de la corrupción y la impunidad que han empoderado a los narcotraficantes.

Así como en México atravesamos por el sexenio más sangriento, con más de 131 mil hasta abril del 2018 y desde que inició el ahora disminuido sexenio de Enrique Peña Nieto, en Baja California estamos viviendo el sexenio más violento con Francisco Vega de Lamadrid como gobernador. Uno del PRI, el otro del PAN, igual de desinteresados en el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, la impunidad o la corrupción, permitiendo con la inacción de policías e investigadores, que los criminales se autorregulen en el territorio con la premisa de sangre y plomo.

Al amparo de la ineficacia y la corrupción en la procuración de justicia en el País, los cárteles de la droga han hecho de México su territorio criminal. El cártel de Sinaloa ha sobrevivido de manera violenta a la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, mientras el de Jalisco Nueva Generación goza de total impunidad, ambas las estructuras criminales más peligrosas y violentas actualmente.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos producto de la guerra entre cárteles, han ido incrementando con el paso de los meses y los años. Si en el mes de diciembre de 2012 cuando tomó posesión del cargo de Presidente, se registraron mil 999 homicidios, para 2013 la cifra alcanzó los 23 mil 63 ejecutados, un año después en 2014 fueron 20 mil 10, y para 2015 20 mil 762. En 2016 se contabilizaron 24 mil 559 ejecuciones, y hace unos días el INEGI ajustó la cifra de homicidios dolosos ocurridos en 2017, solo para dar a conocer el año más sangriento en la historia contemporánea de México, con 31 mil 174 ejecutados en doce meses.

En enero de 2018 fueron 2 mil 549, febrero dejó 2 mil 389 ejecutados, marzo 2 mil 737, y abril de 2018 (último mes en el que ha registrado cifra el Secretariado Nacional de Seguridad Pública), 2 mil 720. En total en 65 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, se contabilizan oficialmente, 131 mil 962 ejecutados. Una cifra superior a los poco más de 103 mil muertos en la “guerra contra las drogas” del sexenio de Felipe calderón Hinojosa, y en el gobierno de Peña, aunque parezca que ya concluyó por la falta de compromiso, faltan por contar, los muertos de mayo, junio, julio, y los eventos que sucederán en agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Pero con un promedio de 2 mil 600 ejecutados por mes, Peña terminará el sexenio con aproximadamente 150 mil ejecutados.

Tijuana, una ciudad pujante, fronteriza, de mucha interacción con California, Estados Unidos, industria, valles vinícolas y un auge en la gastronomía, está ahora sumida en el horror. Ahí la han situado los malos oficios del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro (por cierto uno de los diputados que votó por la eliminación de la portación de arma de fuego como delito grave), la pésima coordinación y la ausencia de liderazgo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ambos más situados en la sospecha de a corrupción, el endeudamiento y la ineficiencia gubernamental, que en el compromiso por enfrentar las batallas que la sociedad requiere para tener seguridad, tranquilidad y desarrollo.

En lo que va de este 2018 en la frontera ciudad se han contado mil 447 homicidios dolosos, producto de guerras entre células del narcotráfico. Particularmente de tres, las del cártel Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y de lo que queda de los Arellano Félix.

Como en el ámbito nacional, la cifra de muertos ha ido en ascenso: 191 en enero, 177 en febrero, 184 para marzo y 212 en abril, 216 en mayo y 221 sucedieron en junio. Julio es el mes más sangriento del año, 246 ejecutados hasta las 8 de la mañana del 31 de julio cuando ya habían asesinado a un hombre en una concurrida plaza comercial, y colgado a otro en un puente de la marginada e insegura zona este de la ciudad.

Entre balaceras, tiradero de cuerpos, enfrentamientos, en siete días, del 19 al 25 de julio se vivió la peor semana; 67 asesinados. Sin embargo, tanta muerte y tanta sangre que corre, no han sido suficientes para que gobernador y alcalde reaccionen con un plan emergente de seguridad, o que la presidencia de la República, mínimo la secretaría de gobernación que encabeza ahora Alfonso Navarrete Prida, establezcan una coordinación especial ante la emergencia por la inseguridad, utilizando a las Fuerzas Armadas que en aquel estado están destacadas.

La realidad es que con la premisa de que se “matan entre ellos”, los gobernantes intentan transmitir seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que trabajan, viven, estudian y se desarrollan sin tener ligas con la criminalidad organizadas. Lo cual parece que están esperando, a que –como sucedió en el pasado- la violencia escale de las células criminales a los sectores sociales y económicos, y afecte a los suyos, para emprender acción alguna.

Los discursos que sectorizan la inseguridad y la violencia no han funcionado en el pasado y no funcionan ahora. La criminalidad crece y se empodera porque hay corrupción y se provee de impunidad en la procuración y en la administración de la justicia.

Mientras los gobiernos, el federal, el estatal y el municipal sigan evadiendo su responsabilidad, sea por omisión, incapacidad, complicidad o corrupción, los miembros de los cárteles con impunidad seguirán matando en la conquista de territorios para delinquir.

Son muchas las muertes para ignorarlas, eso ya lo hacen los gobiernos mientras la sociedad sobrevive en condiciones de inseguridad, a la extinción a balazos en el sexenio más violento.

Dos hombres murieron y otro resultó herido, tras un ataque armado registrado esta mañana en un “picadero”, localizado en la colonia Nueva Tijuana, al Este de la ciudad.  Con estos hechos suman tres ejecuciones este primero de agosto.

Alrededor de las 08:25 horas se informó a la centra de emergencias que en la calle José Revueltas de la mencionada colonia, tres masculinos había resultado lesionados por proyectil de arma de fuego.

Tras el arribo de los cuerpos de rescate, dos hombres fueron declarados sin vida en el lugar y uno más fue trasladado al Hospital General.

Los hechos ocurrieron en la Nueva Tijuana

Agentes periciales localizaron en la escena del crimen indicios balísticos .223.

Testigos refirieron que los presuntos responsables son dos masculinos, uno de ellos vestía playera color blanco y otro portaba una sudadera color negro y tenía el cabello rizado. Ambos huyeron a pie.

Mientras que los primeros minutos de este miércoles en la calle Abelardo L. Rodríguez frente al edificio 21731 de la colonia Presidentes, un hombre identificado como Antonio Elguezabal Ramírez, de 30 años, fue asesinado de un tiro en el tórax.

En ninguno de los dos hechos hay detenidos.

Dos hombres murieron y otro resultó herido, tras un ataque armado registrado esta mañana en un “picadero”, localizado en la colonia Nueva Tijuana, al Este de la ciudad.  Con estos hechos suman tres ejecuciones este primero de agosto.

Alrededor de las 08:25 horas se informó a la centra de emergencias que en la calle José Revueltas de la mencionada colonia, tres masculinos había resultado lesionados por proyectil de arma de fuego.

Tras el arribo de los cuerpos de rescate, dos hombres fueron declarados sin vida en el lugar y uno más fue trasladado al Hospital General.

Agentes periciales localizaron en la escena del crimen indicios balísticos .223.

Testigos refirieron que los presuntos responsables son dos masculinos, uno de ellos vestía playera color blanco y otro portaba una sudadera color negro y tenía el cabello rizado. Ambos huyeron a pie.

Mientras que los primeros minutos de este miércoles en la calle Abelardo L. Rodríguez frente al edificio 21731 de la colonia Presidentes, un hombre identificado como Antonio Elguezabal Ramírez, de 30 años, fue asesinado de un tiro en el tórax.

En ninguno de los dos hechos hay detenidos.

Tijuana, B.C..- Alumnos de educación básica serán beneficiados con la entrega de paquetes escolares que la Alcaldía de Tijuana otorgará mediante la convocatoria “Útiles por tu Delegación, apoyando las buenas notas”.

En total serán entregados 250 paquetes de útiles, cada uno contiene libretas, juego geométrico, lápices, borradores, colores y un diccionario. La campaña va dirigida alumnos de primarias públicas únicamente.

El delegado del Cerro Colorado, Marco Antonio Ríos informó que la campaña “Útiles por tu Delegación, apoyando las buenas notas” busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes de nivel primaria.

“Con estas acciones la administración municipal apoya la economía de las familias de la Delegación Cerro Colorado”, dijo el funcionario.

Indicó que esta es la primera campaña de entrega de útiles y que el recurso destinado para la compra del material escolar proviene de recursos bien administrados en la Delegación Cerro Colorado.

Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: boleta del alumno con promedio mínimo de 8.5 de calificación, CURP del alumno, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre de familia o tutor.   

Llenar la solicitud y entregarla entre el 1 y el 7 de julio en la Delegación Cerro Colorado ubicada en Bulevar Manuel J. Clouthier No. 18561 local C1 al C6 Fraccionamiento El Lago en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Tijuana.- La violencia ha empezado a migrar a las zonas más exclusivas de Tijuana, lo que provocará que los empresarios y representantes de la alta sociedad fronteriza exijan a las autoridades redoblar esfuerzos para atender el tema de inseguridad, adelantó el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro.

En menos de 24 horas, un hombre fue asesinado al interior de un gimnasio de la exclusiva torre New City. Este martes, por la mañana, una persona fue ejecutada en una conocida plaza ubicada a un costado del hipódromo Agua Caliente.

“Cuando la violencia empieza a emigrar a esas zonas, desde la perspectiva de quien tiene el poder económico, empieza a verla con otros ojos; ya no es la violencia en la periferia, que se sigue viendo muy lejos de los que viven en la parte moderna. Ellos (la gente con poder económico) ven la violencia en el este como una actividad distante, sin mucho riesgo, y entre miembros del crimen organizado y narcomenudeo; muertos que no tienen mayor importancia para el resto de la sociedad, porque no causa impacto alguno por tratarse de personajes de bajo nivel”, aseveró Clark Alfaro.

El activista calificó la situación de violencia como un sentido de clase social, ya que, mientras no sucedan hechos violentos en las zonas de mayor plusvalía de la frontera, las autoridades no le tomarán la debida importancia para atender la problemática.

“Son la voces de los grupos económicos, los que alzan la voz cuando la violencia llega a su zona, serán enfáticos en pedir que haya más seguridad, porque afecta sus negocios, su calidad de vida, diversiones. En la zona este, se encuentran los 200 mil obreros de la maquila; no importan gran cosa para las autoridades, porque esos grupos sociales no tienen una voz escuchada o tan importante como los grupos con poder económico”, manifestó.

El antropólogo señaló, que en colonias de la periferia de Tijuana, hay días en que ninguna patrulla vigila el área pese a ser de las zonas con mayor incidencia delictiva.

“En el este, hay violencia cotidiana. La gente no ve una sola patrulla en el día. El estado tiene responsabilidad de dar vigilancia de dar seguridad en toda la ciudad, a todos los ciudadanos”, comentó.

Luego de que este lunes se difundiera rápidamente a través de las redes sociales el tiroteo en Playas de Tijuana, Clark Alfaro dijo que, con las nuevas tecnologías, los ciudadanos tienen la posibilidad de vigilar con “lupa” la labor de las corporaciones policíacas.