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José Efraín García García, alcalde de Tlanepantla, Puebla, murió la tarde de este jueves, luego de sufrir un atentado cuando circulaba a bordo de un vehículo particular, en el camino de San Pablo Actipan-Tepeaca, en el municipio de San Francisco Mixtla, donde los tripulantes de otros automóviles le cerraron el paso y lo lesionaron con arma de fuego, según lo informó la Fiscalía General estatal a través de un comunicado.
El alcalde, militante del Partido del Trabajo (PT), viajaba acompañado de un familiar a bordo de un vehículo modelo Sentra, marca Nissan, y según informes preliminares recibió un disparo en el rostro, por lo que fue traslado a un hospital de Tepeaca, donde murió esta tarde.
La Fiscalía poblana informó que investiga la agresión que sufrió García García, de 46 años de edad, quien fungía como alcalde para el periodo 2014-2018. Durante los últimos tres años, 8 presidentes municipales han sido asesinados en el estado de Puebla, los más recientes: los de Tepexco y Huitzilan de Serdán.
CHILPANCINGO.- La noche de ayer jueves fue asesinado a tiros Ricardo Bravo Lázaro, ex dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Zumpango, Guerrero, y socio del restaurante La Katrina.
De acuerdo con el reporte policiaco, Bravo Lázaro fue atacado en el barrio Santa Anita, en el municipio de Zumpango, región Centro de Guerrero, alrededor de las 22:00 de la noche, cuando se transportaba en su automóvil junto con su esposa.
De acuerdo con el reporte, hombres a bordo de dos motocicletas les dispararon.
El ex dirigente local de Morena recibió un impacto de bala en la mandíbula y otro en cuello.
Tras el ataque, fue trasladado al hospital general de Chilpancingo, donde murió a consecuencia de las heridas. Bravo Lázaro fue dirigente de Morena en Zumpango.
En 2015, el partido lo expulsó por promover el vota a favor de la entonces candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, Beatriz Mónica Morgan.
Remarca que demandará al INE y que nunca pensó en mandar al diablo las instituciones, como AMLO. Anuncia que rechazará financiamiento público
Sin recurrir al dinero público que otorga el INE, y con un discurso antipartidos, Jaime Rodríguez Calderon, El Bronco, arranca campaña este sábado en Monterrey, donde advierte que va por Andres Manuel López Obrador en su carrera rumbo a la Presidencia de la República.”Voy por Andrés Manuel, que se cuide...”, sostuvo.
Aseguró que tiene las manos limpias pese a las acusaciones que le hizo el INE supuestamente por recolectar firmas falsas para su registro como candidato presidencial y defendió al Tribunal Electoral de las críticas por colocarlo en la boleta presidencial, pues consideró que ese órgano está por encima de los caprichos e intereses de partidos y políticos.
A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, El Bronco recalcó que demandará al INE por el proceso que puso en marcha para desprestigiar la figura de los independientes apoyado por algunos políticos y grupos de poder.
Dijo que aunque estaba “dolido”, nunca pasó por su mente mandar al diablo las instituciones como “ya saben quien”, en alusión a López Obrador y menos en convocar a tomar las calles en caso de que le negaran el registro para generar caos como el tabasqueño.
“Ése no es el México bronco que quiero despertar”, dijo.
El Bronco se quejó de los 49 millones de pesos que les fijó el INE a los candidatos independientes a la Presidencia de la República contra los 500 millones de pesos que tienen los candidatos de los partidos tradicionales.
De hecho sostuvo que no aceptará el financiamiento público que le asigna el INE , (estimado en 7 millones de pesos) y explicó que buscará patrocinio con muchos de los empresarios que siempre le han ayudado.
“AL HUEVÓN, NADA”. Asimismo, El Bronco rechazó los programas asistencialistas y las propuestas en ese sentido que realiza Andrés Manuel López Obrador, donde se compromete a entregar todo tipo de becas y ayudas económicas a varios sectores de la población incluidos los ninis.
“No estoy de acuerdo en que Andrés Manuel regale los impuestos que yo pago: Al huevón, nada; al trabajador, todo”, estableció.
Fustigó a aquellos gobernantes que “se sientan” Santa Claus y “regalan el dinero de la gente que paga sus impuestos” y en ese sentido criticó que López Obrador quiera regalar el dinero de los que trabajan para dárselo a los que no trabajan. “Sí, hay que ayudarle a la gente que tiene necesidad, pero hay que ponerlos a trabajar”, estimó.
En ese contexto, calificó de perversa la existencia de programas asistencialistas, pues consideró que sólo alimentan la pobreza
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Luego de que el chofer de Manuel Barreiro, reconoció que sirvió de prestanombres en la operación inmobiliaria por 54 millones de pesos para comprar y vender un terreno y nave industrial, la bancada del PRI en el senado y el panista rebelde Jorge Luis Lavalla demandaron a la PGR concluir la investigación por lavado de dinero que involucra al candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés
Los senadores, consideraron que existen evidencias suficientes para proceder contra el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y en voz del vicecoordinador del PRI en la Cámara Alta, Miguel Romo Medina, advirtieron que Anaya no puede escudarse en la candidatura para tratar de evadir la justicia y que sus presuntos delitos queden impunes.
Recalcó que no debe haber impunidad de nadie y por ello el tema del fuero ha recobrado una actualización importante, en el sentido de tratar a todos los mexicanos por igual ante la ley, aunque sean candidatos, y sostuvo que los mexicanos deben saber quién es quién, sobre todo porque aspiran a regir la vida de un país.
En conferencia de prensa, prefirió no opinar si Anaya tendría que ser citado a declarar ante la PGR por las nuevas revelaciones del chofer de Manuel Barreiro, pues explicó que un proceso legal está sujeto a los tiempos de la investigación misma.
Romo Medina estimó que por el contexto electoral es imperativo y necesario que la investigación se agilice pero no por la premura o la importancia de llevar a cabo las investigaciones, se pierda la condición de calidad, de legalidad y de constitucionalidad.
En tanto el senador panista por Campeche, Jorge Luis Lavalle uno de los llamados rebeldes del PAN, exigió que Ricardo Anaya deje la candidatura presidencial para permitir que se desarrollen las investigaciones sin una carga política.
Dijo que día tras día se confirma que Anaya incurrió en presunto lavado de dinero y triangulación de recursos de procedencia ilícita en paraísos fiscales, por lo que es inadmisible que continúe siendo el abanderado del su partido.
Lavalle Mauri considero que tanto el caso de Ricardo Anaya como de Jaime Rodríguez “El Bronco” son evidencia de que no se puede permitir que delincuentes electorales participen en el proceso democrático del país, ya que la sociedad exige acabar con la impunidad y la corrupción.
La PGR tiene más de 4 mil denuncias abiertas por casos de tortura. Según el instituto de investigaciones del Senado, el sistema se acostumbró a sacar información a los detenidos a partir de esta práctica deleznable.
México cuenta con una legislación contra la tortura muy avanzada y también una de las más completas en América Latina y el Caribe. Pero la duplicación de funciones y el incumplimiento de plazos para expedir programas o registros de víctimas han provocado que ese flagelo se mantenga como una práctica utilizada en el país por policías e instancias de procuración de justicia. Lo anterior lo señala el instituto de investigaciones con el que cuenta el Senado de la República.
La tortura es una de las prácticas más deleznables y con alto grado de impunidad en nuestro país y el reto que tiene México consiste en prevenir, investigar y sancionar la tortura sin caer en duplicidad de funciones, presupuestos y/o hacer más largos los tiempos de respuesta en la atención a las víctimas, según se lee en el documento Retos y pendientes en materia normativa para prevenir y erradicar la tortura en México que elaboró el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
En enero pasado, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), presentó su Informe Mundial 2018, donde destacan lo común que se ha convertido la práctica de tortura en las autoridades mexicanas para obtener información de sus detenidos.
Según el reporte, hasta el 30 de junio pasado existían 4 mil 390 investigaciones sobre casos de tortura en la Procuraduría General de la República (PGR), explicando que “la tortura se aplica más frecuentemente durante el periodo en que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público”.
El IBD apunta que la persistencia de la tortura en nuestro país no se debe, necesariamente, a vacíos jurídicos, sino a problemas en la aplicación efectiva de los mecanismos para erradicarla, y a posibles contradicciones entre las diversas normas jurídicas involucradas.
El estudio del IBD apunta que uno de los objetivos de la Ley General contra la Tortura fue establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno
DUPLICIDAD DE FUNCIONES. Sin embargo su operación podría convertirse en un gran reto para las autoridades mexicanas pues requiere la vinculación, en cuanto a atribuciones y facultades, de 11 instituciones y por lo menos tres mecanismos asociados a ellas.
Es ahí donde se genera a duplicidad de funciones como es el caso de la operación simultánea del Registro Nacional de Víctimas y del Registro Nacional del Delito de Tortura.
Otro aspecto de atención, señala el estudio, es el incumplimiento de los plazos previstos en la ley, como ocurrió con la obligación de expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como para contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, cuyo plazo venció el 26 de diciembre del año pasado.
Esto mismo, indica el IBD, sucedió con la creación de las Fiscalías Especiales, Federal y de las entidades federativas, que debía haber ocurrido el 27 de septiembre de 2017.
El estudio recuerda que entre los objetivos de esa ley, se encuentran: establecer los tipos penales y las sanciones correspondientes a la comisión del delito; la distribución de competencias y coordinación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y garantizar los derechos de las víctimas.
No obstante se mantienen aspectos como el arraigo, la detención sin orden judicial, y la prisión preventiva oficiosa los cuales interfieren con la obligación del Estado de prevenir y erradicar la tortura.
Recordó que como parte de la implementación de la nueva Ley General contra la tortura, el Pleno del Senado aprobó en su sesión del 3 de abril pasado, la designación de los cuatro integrantes del Comité técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Quedó conformado por Miguel Sarre Iguíniz, María Sirvent Bravo-Ahuja, Nancy Pérez García y Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
Este comité técnico tendrá entre sus atribuciones expedir las bases para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, aprobar los perfiles de los servidores públicos que formarán parte de él y solicitar la apertura de expedientes de queja y denuncias ante las autoridades competentes.
A casi un año de haberse cometido el feminicidio de Lesvy Berlin Rivera Osorio la Procuraduría de la Ciudad de México, reconoció que su expareja, Jorge Luis Hernández González, la asesinó por asfixia con el cable de un teléfono ubicado en el Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria.
“Jorge Luis tomó el cable, la asfixió, como el acto más extremo de una serie de violencias (económica, psicológica y física) que ejerció contra ella en su etapa de menos de un año como pareja”, según reconoció la PGJDF; reportó la agencia especializada en noticias de la mujer (CIMAC).
Precisamente al finalizar la audiencia la abogada del Centro de DH Fray Francisco Vitoria, Sayuri Herrera, señaló que lo ante dicho “es un logro de la familia de Lesvy, la defensa legal y las activistas, quienes no han claudicado en búsqueda de la verdad a casi un mes de cumplirse un año del feminicidio de Lesvy”, señala en su información Hazel Zamora.
Hazel relata que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) reconoció lo que la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio siempre defendió; el 3 de mayo de 2017, la joven de 22 años de edad no se suicidó, su ex pareja, Jorge Luis Hernández González, la asesinó por asfixia, con el cable del teléfono de una cabina ubicada en el Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria”.
Añade que en audiencia la defensa y la familia de Lesvy lograron que la PGJDF cambiara de hipótesis sobre cómo ocurrió el feminicidio de la joven.
Así se “dejó atrás la teoría de que tomó el cable del teléfono para suicidarse frente a su ex pareja, sin que él la detuviera”.
La ratificación consistió en que se reconoce que “Jorge Luis tomó el cable, la asfixió, como el acto más extremo de una serie de violencias (económica, psicológica y física) que ejerció contra ella en su etapa de menos de un año como pareja”.
En el relato de CIMAC el Juez Alfonso Dávila dio la razón al MP y la defensa legal de Lesvy y reconoció que no había variación de hechos por los que se vinculó a proceso al acusado, feminicidio agravado, únicamente cambió la manera en que se ejecutó el asesinato, argumentó.
En este sentido, la defensa del imputado replicó que armó su estrategia legal alrededor de la primera teoría que dio la PGJDF (el supuesto suicidio y la omisión de Jorge Luis) “por lo que no contaba con elementos para defenderse”, y finalmente el Juez Dávila Gómez determinó suspender la audiencia y les otorgó 20 días para volver a plantear sus pruebas.
Con ello la audiencia se reanudará el próximo 9 de mayo. En esta etapa intermedia, explicó a Cimacnoticias la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, cada parte (víctimas y victimarios) debe presentar las pruebas y peritajes incluidas en la carpeta de investigación. El Juez será el que determinará cuáles son relevantes para pasar al desahogo de las mismas.
Aunque el Ministerio Público dijo no tener pruebas suficientes para incluir el delito de lesiones infamantes, si reconoció la violencia previa y la exposición del cuerpo como razones de género del crimen, por lo cual pidió 60 años de prisión para Jorge Luis Hernández.
Cimac, la agencia especializada en noticias de la mujer, aprecia que la familia, la defensa y la sociedad civil fueron quienes doblegaron, con base en los hechos y la ley, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La violencia le costó a México el equivalente a 21 % de su PIB en 2017, un año en que se registró el mayor número de homicidios en dos décadas, según el Índice de Paz México 2018.
Dicho costo supone 4,72 billones de pesos, es decir aproximadamente 33.118 pesos por persona, "más de cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano", asevera el reporte.
"Este impacto total de la violencia es el equivalente a ocho veces el presupuesto de salud del país y a siete veces el presupuesto de educación", dijo en una entrevista con Efe Carlos Juárez, director del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México.
Este cálculo elaborado por el instituto, explica Juárez, considera tanto costos directos como indirectos de la violencia, lo que engloba desde gastos en policía y despliegues en seguridad hasta todo lo que una persona que ha sido asesinada deja de contribuir económicamente al país.
En este impacto tiene especial relevancia el hecho de que México cerrara 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la mayor cifra en dos décadas que supone un aumento de 18,91 % respecto al año precedente.
Los homicidios son "claramente el indicador que está detonando este deterioro de la paz en México", estimado por el instituto en 10,7 % en comparación con el año anterior.
La violencia no solo tiene que ver con el crimen organizado, remarca Juárez, dado que también "la violencia intrafamiliar se incrementó un 32 % el año pasado", lo que "habla de las dinámicas de convivencia de la población".
Asimismo, el estudio analiza los ocho llamados "factores de paz positiva", entre los que se encuentran distribución equitativa de los recursos, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás y entorno empresarial sólido.
"El gran reto de nuestro país es mejorar en los tres pilares de paz positiva que han estado consistentemente bajos a lo largo de los últimos años: el desempeño del Gobierno, los niveles de corrupción y el libre flujo de la información, que tiene que ver con la prensa y la labor periodística del país", comentó el director.
En el Índice de Paz Global 2017, México se posicionó en el lugar 142 de 163, mientras que en el Índice de Paz Positiva 2017 (que mide el avance en el tema) acabó clasificado en el sitio 59.
Tener una mejor posición en el índice de paz positiva, argumenta Juárez, significa que el país latinoamericano tiene los "elementos suficientes para salir adelante" en el mediano plazo.
Otro de los hallazgos del centro de investigación es que "las comunidades que están dispuestas a colaborar con sus autoridades tienden a resolver mejor los problemas de violencia".
No obstante, este aspecto también está muy vinculado con los altos niveles de impunidad del país y la confianza en las instituciones.
El porcentaje de mexicanos que en 2017 dijeron tener un alto nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública "bajó a 18 %, su nivel más bajo desde 2012", apunta el reporte.
Por otra parte, el porcentaje de ciudadanos que refirieron que la impunidad es el problema "que genera mayor preocupación" pasó de 7 % a 20 % en los últimos cinco años.
Solo siete de los 32 estados del país mejoraron sus niveles de paz el año pasado. Los que presentan niveles de mayor violencia son, en este orden, Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.
Mientras que los más pacíficos, de acuerdo con el informe, son Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.
El próximo 1 de julio, más de 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos el del presidente del país.
Este contexto es visto por el instituto como una "oportunidad" para replantear "la estrategia que hasta hoy se ha desarrollado" en seguridad, que no ha dado los resultados esperados.
Juárez pide que los candidatos escuchen a la sociedad civil y a los centros de investigación: "La única posibilidad de sobreponernos a la violencia es un enfoque integral que atienda las raíces".
"Que los candidatos escuchen a los grupos de la sociedad civil, a los centros de investigación", porque si únicamente se atiende la violencia desde un punto de vista militar y policial, México está condenado a volver a "caer en estos ciclos" de inseguridad, concluye el director.
La UNAM siempre ha sido priista y no tiene por qué ocultarse, dice una imagen de una portada de la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México que circula en redes sociales y en la que aparece José Antonio Meade, pero esto nunca se publicó.
El contenido fue difundido en una página de Facebook llamada “La Memada”, espacio dedicado a la sátira y que claramente no tenía la intención de crear una noticia falsa. Sin embargo, algunos se lo tomaron en serio y ha sido retomado y publicado por usuarios en redes sociales, quienes afirman que la UNAM sí publicó al precandidato en la portada en cuestión.
“No es que no lo supiéramos, pero el cinismo no deja de sorprendernos, aún así preferimos la transparencia para tener claridad que el enemigo duerme en casa. Fuera el PRI de la UNAM, y como lo decíamos con Narro, ¡Fuera Contreras Bustamante de nuestra alma máter! Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia”, señala la publicación, aunque en los comentarios de la misma aclararon que el contenido se trataba de una sátira
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó del aseguramiento de más de 4 toneladas de marihuana al interior de una bodega en Nogales, Sonora, realizado en días recientes.
De acuerdo con la Sedena, elementos pertenecientes a la Segunda Región Militar y a la 45 Zona Militar, personal militar en coordinación con agentes de la Policía Federal, recibieron una denuncia ciudadana respecto a una bodega que almacenaba paquetes de droga.
En total, fueron localizados 440 paquetes que arrojan un peso de 4 toneladas 279.60, los cuales fueron trasladados a las oficinas del ministerio público federal. Según cálculos del Ejército Mexicano, con este aseguramiento se retiraron de las calles más de 855 mil dosis de marihuana.
Andrés Manuel López Obrador se ubica en primer lugar en preferencias para la elección presidencial, a casi 13 puntos porcentuales de diferencia del segundo lugar, de acuerdo con la encuesta publicada hoy por el portal SDPnoticias y elaborada por México Elige.
El ejercicio demoscópico tiene la particularidad que fue levantado por completo por medio de Facebook, en lugar de las tradicionales entrevistas en viviendas o por teléfono.
El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) obtuvo el 38.4% de las preferencias, seguido por José Antonio Meade, abanderado de la alianza Todos Por México (PRI-PVEM-Panal), con 25.7%.
A diferencia de los resultados publicados esta semana por el diario El Financiero y la encuestadora Parametría, Ricardo Anaya, de la coalición Por México Al Frente (PAN-PRD-MC), se encuentra no en segundo, sino en tercer lugar, con 19.5%.
Los tres aspirantes a candidaturas independientes que prácticamente tienen asegurado su lugar en la boleta del 1 de julio obtienen menos de 10 puntos porcentuales en la encuesta.
Margarita Zavala tiene 7.5% de las preferencias, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, 2.6%, y Armando Ríos Piter, 1.4%.
El 5.4% de los encuestados respondió que no sabe por quién votará.
En intención de voto por partido, los resultados de la encuesta de México Elige-SDPnoticias son similares a los que obtuvieron por nombre de candidato.
Federica Arriola García, director adjunto del portal SDP Noticias, defendió en entrevista con Radio Fórmula los resultados obtenidos y afirmó que la encuesta, si bien es novedosa por haber sido levantada por medio de Facebook, mantiene el rigor metodológico para ser certera.
Incluso, aseguró que gracias a su particularidad, se pudo llegar a personas que viven en lugares donde los encuestadores no pueden entrar por la violencia, como Reynosa, así como a ciudadanos de estratos económicos altos, a los cuales también es difícil entrevistar.
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BANNERS DERECHA
