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En breve se le concederá prisión domiciliaria al ex capo Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, señaló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario reconoció en entrevista que se agotaron todas las posibilidades legales llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Seguridad, para evitar que se le concediera este beneficio al ex líder del cártel de Guadalajara.
Dijo que es un mandato de un juez que las instituciones del gobierno federal debe acatar.
" Se resolvió en última instancia y lo que tenemos que hacer es cumplir con esta obligación", reconoció Osorio Chong.
El lanzamiento de Pokémon Go en Japón, Estados Unidos y otros sitios del mundo generó una fiebre de la que se aprovecha la ciberdelincuencia en países donde el juego no ha llegado de manera oficial, como es México.
La impaciencia de los usuarios mexicanos ha ocasionado que el juego se descargue en diferentes servidores, por lo se corre el riesgo de que el dispositivo sea infectado de malwares.
En su cuenta oficial de Twitter (@PoliciaFedMx), la Policía Federal recomienda esperar que se haga el lanzamiento oficial del juego, pues al recurrir a sitios alternos se comete una violación contra los derechos de autor de los creadores.
Además, al descargar la aplicación de manera extraoficial, el usuario corre el riesgo de infectar su dispositivo con algún software malicioso, el cual puede afectar su funcionamiento.
Otro peligro es que la ciberdelincuencia puede acceder a los datos y ser utilizados para robo de información, de acuerdo con la dependencia.
Por ello, sugiere prestar atención al entorno, pues así se evitan accidentes por caminar distraídamente en la calle o en sitios solitarios y con poca iluminación.
La Policía Federal llama también a respetar los sitios que deben permanecer libres para el paso peatonal o las rampas para discapacitados; ante todo es importante prestar atención al entorno.
Refiere que cuando se descargue el juego por medio del sitio oficial de Nintendo, una vez iniciada la cacería, es conveniente instalar y actualizar un programa de protección antivirus, pues el constante acceso a la red que pide la aplicación implica un riesgo.
Pokémon Go es un juego de realidad aumentada que anima a jugadores a explorar el mundo real y atrapar monstruos, guiados por el sistema de geolocalización de los dispositivos móviles.
La Secretaría de Gobernación inició la capacitación de 651 funcionarios del Ministerio Público, para que tengan un sistema uniforme en la clasificación de delitos y quienes a su vez serán formados para preparar a nueve mil agentes.
Esta acción forma parte de la puesta en marcha del Programa Nacional de Capacitación sobre la Nueva Metodología para la Clasificación y Reporte de la Incidencia Delictiva para Fines Estadísticos, precisó en un comunicado.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, informó que la metodología considera propuestas y demandas de organizaciones civiles.
Asimismo implica el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia estatales.
El funcionario explicó que los cursos serán impartidos por el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La metodología para la clasificación y el reporte de la incidencia delictiva sustituirá al antiguo formato en el que procuradurías y fiscalías generales de justicia estatales enviaban, mes con mes desde hace 18 años al SESNSP, información en la materia para ser publicada los días 20 de cada mes.
“Este año el nuevo método implementa mejoras en los procesos, en los sistemas y en la capacitación del personal dedicado al registro y reporte de delitos”, expuso.
“El proceso de mejora cumple con instrucciones giradas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y lo sugerido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, indicó el secretario ejecutivo.
Vizcaíno Zamora detalló que la nueva metodología entrará en vigor en enero de 2017 y permitirá contar con información homologada de mayor calidad, normada por el Inegi.
También es consistente con estándares internacionales, como los referidos en el Manual para la elaboración de estadísticas sobre justicia penal de las Naciones Unidas, que define la necesidad de un sistema uniforme de clasificación de delitos.
Contará igualmente con registros consistentes en delitos como el secuestro, el robo de autopartes, las violaciones medioambientales, la trata de personas y el feminicidio, además de que mejorará la calidad de la información relacionada con las víctimas del delito.
Los niveles de clasificación contribuirán, igualmente, a distinguir estadísticamente los delitos culposos, los bienes jurídicos afectados y brindarán información desagregada por sexo y grupos de edad, entre otros rubros.
Un seguimiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a 60 líderes de la Sección 22 de la CNTE, vincula a por lo menos cuatro con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la guerrilla.
Información obtenida por Crónica revela que se tratan de los profesores José María Cruz Celaya, secretario de Orientación Política e Ideológica; Octavio Herrera Camilo, secretario de Actas y Acuerdos; Víctor Manuel Agustín Reyes, coordinador de la Región de la Mixteca; y Jorge Guzmán Ibarra, ex delegado sindical en el sector Puerto Escondido y uno de los dirigentes más violentos de la opositora 22.
Para conocer su estructura, financiamiento y vínculos con grupos que pudieran representar una amenaza para la seguridad del país, el órgano de inteligencia del Estado mexicano puso en marcha una operación de seguimiento a más de medio centenar de profesores, todos cercanos a la cúpula de la CNTE, que están relacionados con bloqueos de carreteras, quema de urnas electorales, daños en propiedad ajena y robo de libros de texto.
Empezó por los líderes más visibles del movimiento: el todavía secretario general de la sección, Rubén Núñez Ginez; el secretario de Organización, Francisco Villalobos; el secretario de Finanzas, Aciel Sibaja Mendoza.
De acuerdo con los perfiles con los que cuentan el Cisen, Othón Nazariega Segura se le identifica como jefe de Seguridad de la sección 22 e integrante del grupo de Los Pozoleros o Bloque Negro, el ala más radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, relacionada con la quema de material electoral.
A Efraín Picazo Pérez se le responsabiliza de participar en la toma y bloqueo de gasolineras, casetas de peaje y de las instalaciones del Instituto electoral local; también es relacionado con el cobro a los comerciantes ambulantes.
Todos cuentan con órdenes de aprehensión, algunas del fuero común y otras del fuero federal. Sin embargo, aún le quedan pendientes más de 20; el resto son por delitos del fuero común.
Hasta el momento, la PGR ha cumplimentado 29 mandamientos judiciales entre los que destacan los ordenados contra los profesores Rubén Núñez, Francisco Villalobos, Heriberto Margariño, Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García, Othón Nazariega Segura y Aciel Sibaja.
Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez aún están recluidos en el penal de Miahutlán, Oaxaca.
Sibaja Mendoza, quien estuvo acusado de hacer tratos con empresas que a su vez tenían convenios con la Sección 22 para ofrecer productos o servicios a los profesores, de ello obtenía de manera ilegal comisiones quincenales del 3.5 por ciento de los descuentos a los maestros por los servicios adquiridos, logró su libertad bajo fianza la semanada pasada.
En la lista de los 60 integrantes de las CNTE investigados por el Cisen destaca Tomás Miguel Ruiz, ex coordinador en la Región de la Cañada; Ángel Ernesto Viruel Martínez; Rafael Ortiz Santiago; José Elías Rivera Martínez, secretario de Trabajo y Conflictos de Secundarias Generales; Raúl Cepeta López, ex coordinador de la Región de la Costa; Lucio Martínez Sánchez, secretario de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias; Eduardo Velasco Vargas, secretario de Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas.
Cecilio Sánchez Morales, ex coordinador de la Región de la Cañada; Manuel Luis Martínez, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Indígena; Raymundo Cruz Quintas, delegado Sindical en Santiago Jamiltepec; Juan Carlos Sandoval Santos, Secretario de Trabajo y Conflictos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación; Azael Santiago Chepi, ex secretario General de la Sección 22; Rafael Paz Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Media Superior y Superior.
Ciudad de México.- El alcalde de una localidad en uno de los corredores más violentos del narcotráfico en México fue asesinado a tiros, el segundo funcionario del mismo rango que muere baleado en el país en el mismo número de días.
Ambrosio Soto era el alcalde de Pungarabato, un municipio que incluye a Ciudad Altamirano, un conocido refugio de narcotraficantes en el estado sureño de Guerrero.
Roberto Alvarez, vocero en materia de seguridad pública de Guerrero, dijo el domingo que individuos armados obstruyeron con camionetas una carretera cercana a los límites con el estado de Michoacán y abrieron fuego el sábado por la noche contra el vehículo en el que viajaba Soto.
Señaló que dos agentes federales escoltas de Soto resultaron heridos en la agresión.
El alcalde había recibido amenazas y estaba bajo la protección de la policía federal. Un grupo local dedicado al narcotráfico supuestamente amenazó a Soto porque rehusó pagarles protección con recursos del erario local.
Dueños de negocios en Ciudad Altamirano aseguran que, en los últimos años, el cártel narcotraficante conocido como los Caballeros Templarios los ha extorsionado.
El Partido de la Revolución Democrática, al que pertenecía Soto, dijo que éste había adoptado medidas especiales de protección después de que se atreviera a presentar denuncias y se quejara de que los patrullajes de seguridad habían abandonado la zona.
En la última década han sido asesinados 75 alcaldes, agregó el partido.
El sábado, un alcalde y cuatro personas más fueron asesinadas a tiros en el pueblo de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, sur del país.
Familiares de desaparecidos y peritos de la PGR hallaron en diciembre de 2015 una fosa al fondo de una barranca con al menos 50 cuerpos, en Chichihualco, comunidad del municipio de Chilpancingo, Guerrero.
Las autoridades ministeriales no dejaron acordonada el área, por lo que la delincuencia organizada ubicó el lugar y prendió fuego a los cuerpos localizados.
“Sólo se pudieron recuperar 19”, recordó Margarita López Pérez, quien encabeza a un grupo de madres que buscan a sus hijos e hijas desde hace años.
Al concluir el plantón que instalaron el miércoles frente a la sede de la Procuraduría General de la República, López Pérez dio a conocer que la próxima semana las autoridades, en cuadyuvancia con familiares, retomarán la identificación de 59 cuerpos recuperados sólo en el estado de Guerrero.
Entre ellos, precisó, están los 19 localizados en Chichihualco y que se encuentran en servicios periciales de la PGR. Los otros 40 cadáveres están en Guerrero.
Las madres y familiares de personas desaparecidas, agregó, colaborarán con el personal forense, para las pruebas de ADN.
López Pérez, originaria de Michoacán y que busca a su hija Yadira Guadalupe Baena, dijo que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín acudirá en agosto a Chilpancingo, para reunirse con madres de desaparecidos en los alrededores de Guerrero.
“Se comprometió a incorporarlas al registro nacional de víctimas, para que puedan recibir apoyo médico, psicológico y económico del gobierno federal”, indicó.
Comentó que la titular de la recién creada Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes designará a un ministerio público que atenderá todos los casos de Guerrero.
“Y de los que estamos dando acompañamiento de otros estados, que desafortunadamente en el fuero común no les hacen caso, sabemos que la delincuencia organizada está vinculada con autoridades y por eso mucha gente tiene miedo de ir al ministerio público local”, apuntó.
Tijuana.- El día de ayer, 20 de julio, Richard J. Leon, juez de Estados Unidos, aplazó la sentencia en contra de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, a quien el gobierno estadounidense reclama 10 mil millones de dólares y quien fue miembro uno de los cárteles del narcotráfico más conocido de México.
El magistrado en una visita en la Corte del Distrito de Columbia, subrayó que habrá más audiencias, pues el dictamen podría llevarse dos años, pues en este caso nada es fácil.
El 14 y 15 de septiembre, se llevarán a cabo dos audiencias más, donde según lo acordado del día de ayer, se leerán el testimonio de cuatro testigos, quienes se encuentra en cárceles de EU, que probarán que Beltrán Leyva obtuvo por lo menos 10 mil millones de dólares con la venta de droga en Estados Unidos.
El abogado defensor, pidió que se haga diferencia entre la droga enviada por el clan de los Beltrán Leyva y la del cártel de Sinaloa. En aquellos años, dichos grupos formaron una alianza muy fuerte, pero la detención de “El Mochomo”, pues según los familiares Beltrán Leyva, acusaron a “El Chapo” y al “Mayo” Zambada, de haber entregado a dicho narcotráfico.
El juez ante la petición del abogado defensor respondió, que intentar separar los envíos va a ser difícil, si no es que será imposible. El capo, compareció ante la corte del Distrito de Columbia, sin decir ni una palabra y vestido con la prenda típica de presidario color caqui.
El Gobierno estadounidense pide una pena máxima de cadena perpetua y un mínimo de diez años de prisión. Un escrito interpuesto por la defensa, consideró que una sentencia de 25 años de cárcel es suficiente para el mexicano, ya que solo era parte del cártel Beltrán Leyva, pero el líder de dicha organización era su hermano Arturo, quien murió en diciembre de 2009. En todo momento, la defensa ha evitado señalar a Héctor y a quien las autoridades también lo señalan como un líder de dicha organización criminal y quien se encuentra detenido desde octubre de 2014.
Detención
Nació en La Palma Badiraguato, Sinaloa, también conocido como “El Mochomo”, fue detenido junto tres miembros de su cuerpo de seguridad, el 21 de enero del 2008, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la PGR.
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, los trasladó a la ciudad de México, después fue llevado al penal de Puente Grande, en Jalisco.
Luis Arturo Oliver Zen, subjefe Operativo de la Sedena y Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, dieron a conocer la detención del capo en Culiacán.
Al momento de su detención, “El Mochomo” se encontraba a bordo de una camioneta BMW modelo X3, llevaba con él un fusil AK-47, 11 relojes finos, ocho armas cortas y 900 mil dólares.
Los otros detenidos fueron, José Uistesingo Barraza, Flavio Manuel Castro y Javier Hugo Urquiza Inzunza, quienes se encargaban de brindarle protección.
Se encargaba de dirigir las operaciones de lavado de dinero, transporte de droga y la “compra” de funcionarios públicos para el cártel de Sinaloa, en entidades como: Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y Sonora. Además tenía bajo su mando a diferentes grupos de sicarios, entre ellos a “Los Pelones” en Guerrero y “Los Güeros” en Sonora.
Fue extraditado en noviembre del 2014, ya había comparecido ante la justicia de Estados Unidos, declarándose inocente de los cargos que se le imputan.
La detención de “El Mochomo” terminó con la alianza entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, pues a decir de su hermano Arturo, “El Chapo” Guzmán, los traicionó entregando a Alfredo.
Tijuana.- A inicio de esta semana, Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo, hizo llegar una carta a Osorio Chong y mandó una copia de la misma a Enrique Peña Nieto, donde expresa que no quiere pasar el final de su vida en prisión y que desea vivir en su casa bajo arresto domiciliario sus últimos días.
Hace unas horas se dio a conocer que, Eduardo Guerrero Durán, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, recibió la orden de ejecutar la medida de seguridad de su confinamiento.
“Don Neto” será trasladado a un domicilio designado y autorizado por la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México.
La familia de Fonseca Carrillo, recibió el oficio girado por el director general de Procedimientos Constitucionales de la Segob, en donde se precisa que se cumplirá la “casa por cárcel” y no deberá de ser en un plazo mayor a tres días, a partir de la notificación de dicha determinación.
A pesar de que desde abril del 2015, se le había concedido a “Don Neto” la medida de confinamiento, hasta hace días, Guerrero Durán no quería dejar salir al narcotraficante de la cárcel.
Yoanna Fonseca, hija de quien fuera fundador del Cártel de Guadalajara, fue notificada de un padecimiento más que aqueja a su padre, el cual le provoca fuertes dolores en el brazo derecho, lo cual le impide hacer movimientos simples, al capo.
Veracruz.- Seis personas fueron asesinadas en el estado de Veracruz y sus cuerpos, con señales de tortura, fueron abandonados en una carretera de esa zona del oriente de México, según informaron hoy fuentes policiales.
Los cadáveres de cuatro hombres y dos mujeres fueron abandonados en la carretera Limones-Tenenexpaen, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, completamente desnudos, atados de pies y manos y con huellas de tortura.
En el lugar fue hallado un mensaje que alude a una confrontación entre dos cárteles rivales y al inicio de una limpia contra agentes ministeriales involucrados con la delincuencia.
Las primeras investigaciones apuntan a que entre las víctimas se encuentran un policía ministerial y su esposa, quienes habían sido reportados como desaparecidos el sábado en el puerto de Veracruz luego de ser capturados por un grupo armado cuando salían de una fiesta.El hallazgo se produce unas horas después de que el periodista Pedro Tamayo fuera asesinado por dos hombres armados en su domicilio en Tierra Blanca, de donde había huido a principios de este año por temor a su seguridad.
La última información que publicó Tamayo, quien cubría la fuente policiaca para distintos portales, fue precisamente la desaparición del policía ministerial.
Mexicali.- Un operativo efectuado por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el Valle de Mexicali, arrojó como resultado la detención de un sujeto que asesinó a otro en Michoacán para posteriormente intentar refugiarse en esta ciudad.
Los elementos contaban con la información en base a una llamada al número de emergencias 066, donde indicaron que el prófugo de la justicia michoacana se refugiaba en el Ejido Quintana Roo.
Una vez en dicho poblado se capturó a Miguel Ángel "N", de 37 de años, quien mostró un marcado nerviosismo y negó los cargos, pero al ingresar sus generales en la base de datos del Centro de Control, Comunicación, y Cómputo (C4), resultó contar con una orden de aprehensión.
Las investigaciones señalan que en agosto del 2012, Miguel Ángel participó en una riña junto con su primo quienes agredieron a un joven que posteriormente murió.
Debido a lo anterior el hoy detenido se trasladó a Mexicali donde fue denunciado también por dedicarse a cometer robos y asaltos en diversos puntos de la zona rural de la capital del Estado.
El presunto homicida fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes quienes serán las encargadas de determinar su situación legal.
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BANNERS DERECHA
