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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, presentó ante el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la cual fue encabezada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Agenda Única Estratégica Nacional donde se integran los proyectos principales de todos los gobiernos del país, la cual consta de 153 propuestas por un total de 240 mil millones de pesos requeridos para su realización. De igual manera, informó el avance que ha tenido la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

 

Durante su intervención en la reunión plenaria de Gobernadores, que se realizó en las instalaciones del Castillo de Chapultepec, Vega de Lamadrid refirió que dicha agenda fue construida durante siete meses de trabajo, con la participación de los responsables del tema de cada una de las entidades federativas, en la cual sobresale la incorporación de los proyectos más importantes para cada región.

 

Así mismo, durante esta reunión se estableció el acuerdo de los Mandatarios en la búsqueda de la realización de esas obras con recursos federales, recursos locales y la participación de la sociedad civil, mediante la recomendación que ha hecho el Gobierno federal para el uso de recursos mixtos y la utilización de las asociaciones público privadas (APP’s), algunas de las cuales ya se encuentran en uso en diversas obras públicas de los tres órdenes de gobierno.

 

De igual manera, el Mandatario de Baja California propuso al pleno de Gobernadores que se rindiera un informe y la solicitud de mantener el trabajo conjunto con funcionarios de primer nivel del Gobierno de la República, con la intención de una colaboración más estrecha y específica para cada uno de los temas propuestos y que resulte en un beneficio mayor para todos los estados del país, lo cual fue avalado por unanimidad del pleno.


Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, los 26 Gobernadores asistentes; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia y representantes de las entidades federativas, el Gobernador Francisco Vega sostuvo que México vive tiempos complicados, por eso se requiere de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, las cámaras empresariales y la sociedad civil, para cumplir con las metas que se han establecido en las agendas temáticas de ambas comisiones que él encabeza.


Por último, el Gobernador Vega de Lamadrid, le informó al Presidente Peña Nieto, el avance que ha tenido la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, que presentó desde que fue Diputado Federal durante la LXI Legislatura, y que fue retomada desde la Comisión de Fomento de dicha industria de la CONAGO, misma que fue presentada ante el Senado de la República donde se aprobó de manera unánime y ahora se encuentra en revisión y análisis en la Cámara de Diputados, donde existe la confianza que sea avalada en próximas fechas.


En esta reunión estuvo como invitado especial del Gobernador de Baja California, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján, quien reconoció el trabajo que ha desempeñado el Mandatario desde la coordinación de infraestructura. Acompañó al Gobernador el representante del Gobierno del Estado ante la CONAGO, Andrés Tapia Leyva.

Ciudad de México (SinEmbargo).– Un menor de 7 años y un sujeto de 25 años, quien presuntamente era su padre, fueron asesinados dentro de un vehículo anoche sobre Avenida Ricardo Flores Magón, casi esquina con calle Guerrero, en la Colonia Buenavista de la Delegación Cuauhtémoc.

 

El vehículo, marca Audi blanco con placas K 21 APF, tenía diversos impactos de bala y se contabilizaron al menos 15 casquillos percutidos.

 

Policías del sector Tlatelolco que acudieron al lugar dijeron que trabajadores de una gasolinera cercana y vecinos reportaron el hecho tras escuchar las detonaciones.

 

Cuando arribó personal del ERUM, las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que se notificó a la Procuraduría Capitalina.

 

 

Personal forense y peritos realizaron el levantamiento de los cadáveres.

 

De acuerdo con las primeras versiones, los responsables habrían sido dos hombres que viajaban el motocicleta, los cuales le cerraron el paso al vehículo y abrieron fuego en contra de los ocupantes. Hasta el momento se desconoce su paradero.

 

Ayer, un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado de dos balazos en la cabeza afuera de la pozolería “Tere”, ubicada en avenida Observatorio al cruce con la calle Sur 114 en la colonia Cove de la delegación Álvaro Obregón.

 

De acuerdo con testigos, momentos después de que el hombre se sentará a disfrutar un plato de pozole, un sujeto armado se acercó a la mesa y sin establecer un diálogo detonó en dos ocasiones su arma de fuego.

 

El sujeto huyó del lugar mientras empleados de la “Pozolería Tere” se resguardaron en la cocina y baño al momento de escuchar las detonaciones, por lo que solamente lograron identificar que el homicida vestía pantalón rojo con una playera blanca.

 

El primer semestre del este año se reportó el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México en los 20 años que tiene el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de existir.

 

 

Entre enero y junio hubo 543 homicidios intencionales, un aumento del 21 por ciento con respecto al mismo semestre del 2016.

 

Por su parte, el reciente junio fue, junto a mayo, el mes con más homicidios dolosos desde 1997 cuando inició el conteo del SNSP.

 

Por Adela Navarro Bello

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación, entregó por estos días el informe 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. El gran total fue de 30 mil 499 mexicanos desaparecidos. Mil 014 reportados directamente a la Procuraduría General de la República, y 29 mil 485 consignados en las entidades federativas.

 

¿Quién busca a los desaparecidos? Ciertamente ni la PGR ni las Procuradurías o Fiscalías Estatales hacen ya no digamos un compromiso, sino un esfuerzo por esclarecer estos casos, por dar certeza y justicia a las familias mexicanas que tienen uno o más miembros desaparecidos. El trabajo de ambas instancias es deplorable por decir lo menos.

 

La cifra por demás alarmante de 30 mil 499 desaparecidos en México, se logra cuando agentes del Ministerio Público del fuero común y del fuero federal introducen la información de averiguaciones previas sobre desaparecidos en una base de datos, es decir es oficial. La cifra real estaría por encima de ésa considerando la cantidad de personas que desconfían de las autoridades, sean estatales o locales, o aquellos que creen que su familia mudó de residencia, escapó del hogar o salió del País.

 

Si bien es cierto que ese Registro Nacional de Desaparecidos se inició en 2011 en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, un reporte de la revista Proceso indica -con información de 19 entidades además de un informe elaborado por la Universidad Iberoamericana sobre violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México- que de 2007 a 2016 fueron localizadas en México mil 075 fosas clandestinas.

 

Mayormente esas fosas se adjudican al crimen organizado y el narcotráfico; el mismo reporte de Proceso relata que se han exhumado 2 mil 14 cuerpos de esas fosas, ¿dónde están los desaparecidos? La autoridad no lo sabe. Quienes han debido ser investigadores, excavadores e interrogadores han sido los familiares de esos desaparecidos, que ante la incapacidad de las procuradurías y la insensibilidad de los gobiernos, no tienen otra salida más que buscarlos ellos, con todos los riesgos y consecuencias. Como en este caso:

 

Hace dos años la señora Carmen Judith Arcadia llegó a Tijuana, Baja California, procedente de Sinaloa. Unos días antes de su arribo, le habían dicho que en la fronteriza ciudad su hijo estaba desaparecido. Ella le había insistido al chamaco que no viajara a la frontera, pero recién había cumplido los 18 años y pensó que no podía impedirlo. Adulto ya, no iría contra su voluntad por más que le doliera en el alma.

 

Su hijo, Fernando, quería viajar a Tijuana porque ahí se encontraba su padre Juan Ruperto Beltrán. Llevaba muy buena relación con quien ya era ex marido de su madre. Incluso estando el padre en prisión lo visitó como pudo para hacerle saber el cariño que le profesaba. El señor Beltrán hacía vida en la Zona Norte del primer cuadro de la ciudad de Tijuana, ahí donde abundan los bares desnudistas, los congales y las áreas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución en cualquier esquina.

 

Por muchos años, como todo Tijuana, la Zona Norte era controlada de manera criminal por el Cártel Arellano Félix (CAF). Con una estructura corporativa, en el CAF habían dividido la ciudad por delegaciones y conformado territorios controlados por lugartenientes. Así lo hicieron en su momento Benjamín y Ramón Arellano Félix, posteriormente su hermano menor Francisco Javier Arellano Félix, y hasta el 2014 el sobrino de éstos, Fernando Sánchez Arellano. Pero luego a la ciudad llegaron huestes criminales del cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy día esas tres estructuras criminales pelean las calles y esquinas. Nada más en lo que va del año, los ejecutados por esa guerra en la ciudad suman los mil 149 casos. En 12 días que corren del mes de septiembre de 2017, en Tijuana han asesinado a 84 personas. 7 diarias en promedio, aunque el lunes 11 de septiembre fueron 13 los cuerpos localizados.

 

Actualmente, en la Zona Norte de Tijuana el Cártel Arellano Félix se enfrenta al Cártel de Sinaloa por el control del territorio. En ese contexto desapareció Fernando, el hijo de Carmen Judith. Ella dejó todo en su natal Sinaloa por venir a buscar al joven. Acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado pero no recibió atención debida. Su caso fue desestimado de manera sistemática. No le quedó de otra que hacer lo que muchas familias mexicanas hacen: buscar a su hijo por su cuenta y bajo su riesgo. Publicó fotografías del joven, pegó su imagen en postes y paredes, preguntó por todas las calles de la Zona Centro, y en algún momento, una joven mujer se le acercó para ofrecer su ayuda. A ella le habían desaparecido a un hermano. Juntas buscarían a los suyos.

 

Encontraron a un joven que les proporcionaría información. Como no queriendo le dijo a un tercero que los restos de Fernando estaban enterrados bajo unas escaleras en una cuadra de la Zona Norte. El informante desapareció pero la madre acudió nuevamente a las autoridades para decirles dónde estaba su hijo enterrado. Otra vez la ignoraron. Convenció a su esposo de ayudarla y unos deportados de la zona, entre todos, excavaron la tierra hasta dar con dos cuerpos. Uno era el de su hijo, el otro del hermano de la joven que ofreció ayudarla, eso fue el 25 de agosto de 2017.

 

 

Inmediatamente al descubrimiento, entonces sí, de la Procuraduría del Estado acudieron a apoyar en el rescate de los restos. Por esos días desapareció también el ex esposo de Carmen, y la joven que le ayudaba. Cuando días después le notificaron que habían encontrado a su ex marido asesinado y su cuerpo dentro de una maleta, Carmen ya no pudo más. Habló con una organización de familiares de desaparecidos y la sacaron de Tijuana. Se la llevaron a la capital donde lograron que de la Policía Federal le pusieran una escolta para protegerla.

 

La impunidad con que la Procuraduría del Estado abordó el caso, dejó tres personas desaparecidas y posteriormente asesinadas, y una mujer desaparecida. El caso ahí sigue aunque sin mucho movimiento, en la PGJE dicen que “seguro andaban metidos en algo”, y ella, escondida, entendió el mensaje: no moverle más al tema si no quería ser la próxima víctima.

 

Así terminan los familiares de desaparecidos en muchos de los casos, muertos, hostigados por los criminales que protegidos por policías y funcionarios viven en la impunidad para seguir secuestrando, desapareciendo, privando de la libertad a cientos de personas cada año. Otros familiares han optado por crear o ser parte de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a buscar a los desaparecidos porque saben que la autoridad federal no lo hará como tampoco la estatal.

 

Una página electrónica concentra a algunas de las organizaciones. En www.sinlasfamiliasno.com claman: “Cientos de familias de todo el país exigimos que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado. Una legislación sobre desaparición forzada debe darnos más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos”.

 

Y explican: “La búsqueda de personas desaparecidas es dirigida por nosotros, las familias, quienes hemos asumido roles de investigador y quienes somos criminalizadas por las propias autoridades porque los resultados que obtenemos señalan la responsabilidad directa del Estado, y su colusión con el crimen organizado, la indolencia y la inacción ante la problemática”.

 

Ante la incapacidad o la ofensiva falta de voluntad del Gobierno Federal, y los Gobiernos en los Estados, para buscar a los desaparecidos, y no solamente limitarse a contarlos en un Registro Nacional, muchos ciudadanos se han transformado en activistas del tema ante la desesperación de encontrar a los suyos.

 

El Gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo hizo el de Felipe Calderón, no dimensiona el problema de las desapariciones forzadas en México, una situación de gravedad que requiere acciones de emergencia, de acuerdo a los números oficiales. No basta con contarlos, también hay que buscarlos y averiguar por qué un día en este País de tantos absurdos, tantas personas salen de casa y ya no vuelven más.

La Fiscalía Regional inició carpeta de investigación con relación al homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Aguililla, Ismael García, ocurrido hoy.

En un comunicado, informó que el servidor público fue localizado sin vida en los asientos de un automóvil de su propiedad, marca Volkswagen, tipo Pointer, el cual estaba estacionado sobre la carretera que conduce a la localidad de Peña Colorada, en el municipio de Buenavista.

 

 

Personal de la Unidad Especializada de la Escena del Crimen acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Asimismo, para garantizar la seguridad de la población, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) reforzaron el operativo de vigilancia en la región.

Con puestos de control, filtros de revisión a personas, documentación a vehículos, patrullajes y recorridos pie a tierra por brechas y carreteras, los elementos militares y de la Policía Michoacán trabajan para localizar a los responsables del hecho.

La PGR solicitó formalmente ante el juez de Control  Gerardo Moreno el auto de vinculación a proceso contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al concluir su exposición, en la audiencia, en la que acusa al ex priista de presuntamente desviar  mil 670 millones de pesos cuando estuvo como gobernador, el Ministerio Público, Pedro Guevara afirmó que los daños tienen que ser reparados porque el pueblo de México y de Veracruz lo exigen.

 

 

"No hacerlo así su señoría, implicaría enviar un mensaje de que cualquier gobernador por el simple hecho de que no tenga bienes a su nombre, quedará exento de la justicia", señaló.

Frente al juzgador, admitió que el caso es complejo, " no es sencillo. Es complejo porque se llevó a cabo a través de la delincuencia organizada no en una reunión ocasional o transitoria de diez personas cuyos nombres han sido señalados.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es menos complejo, sus reglas han variado en los últimos años...", indicó.

El Ministerio Público, encabezado por Guevara, presentó más de 80 datos de prueba de las presuntas irregularidades de Duarte cuando estuvo al frente del Ejecutivo estatal, del 2010 al 2016.

En la segunda audiencia, de la cual han transcurrido seis  horas y se prevé concluya alrededor de las 10 de la noche, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira salió al quite de los fiscales designados para el caso y expuso en la sala la ruta que pudo haber seguido Duarte de Ochoa para el desvío de 500 millones de pesos.

Lira aseguró en la presentación que de las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Económico habrían salido recursos públicos que fueron a parar a varias empresas llamadas "fantasma".

Para ello, el funcionario, ex director de recursos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se apoyó de una presentación en diapositivas, sin embargo no presentaron documentos.

Se notó una mejor preparación del Ministerio Público en la exposición de sus alegatos.

Javier Duarte de Ochoa viste el uniforme de recluso y está poco participativo a diferencia de la primera audiencia.

Poco después de las tres de la tarde, el juez de Control de Juzgados Federales en el Reclusorio Norte, declaró un receso.

Al reanudarse la audiencia, tomará la palabra la defensa de Javier Duarte encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro y su equipo.

El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) Renato Sales Heredia confirmó la muerte de al menos 3 efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en un enfrentamiento en la comunidad de La Gavia, en la tierra caliente de Guerrero, donde un civil armado más perdió la vida y 8 resultaron heridos.

 

Abordado en Acapulco, al concluir la firma del convenio "Cultura por La Paz", el funcionario federal, indicó que tiene pleno conocimiento de los hechos y que en coordinación con la autoridad de Guerrero, coordinarán esfuerzos para la detención de los responsables del ataque.

 

"Si, son de la Agencia de Investigación Criminal, vamos a coordinar por su puesto con las autoridades del estado para capturar a los responsables (....) estaban participando en operativos en esa zona" agregó el Comisionado Nacional de Seguridad.

 

Fuentes de Seguridad de Guerrero Informaron el lunes por la mañana, que dos efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República y un civil armado muertos, ocho heridos y tres detenidos es el saldo de un enfrentamiento en la comunidad La Gavia del municipio de San Miguel Totolapan.

 

Detallaron, que aproximadamente a las dos de la madrugada ingresó un grupo de la AIC al pueblo de La Gavia, al parecer con intenciones de detener al líder del grupo delincuencial Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, lo que detonó un enfrentamiento con civiles armados.

 

Las primeras versiones indicaban que había tres muertos, uno de ellos de la AIC y dos agentes más heridos, así como al menos tres civiles armados detenidos, sin precisar si entre ellos está El Tequilero.

 

Por su parte, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores señaló que los operativos que los efectivos de la PGR y fuerza federal realizan en la region de la tierra caliente, es para detener a cabezas de la delincuencia organizada que operan en esa región.

 

"Precisamente es un tema que venimos platicando con el comisionado nacional, es afirmativo, hay un resultado de un enfrentamiento con elementos de la PGR que fue a un operativo hacia La Gavia, para detener a cabezas de grupos delincuenciales, y efectivamente hubo ahí un enfrentamiento donde debo decirlo, y está corroborada es qué hay cuatro muertos y hay una importante cantidad de lesionados" puntualizó el gobernador.

El juicio contra el capo del narcotráfico mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán comenzará el 16 de abril del año próximo, como fecha tentativa, según se anunció en una vista judicial del caso llevada a cabo hoy.

 

"El Chapo" está detenido en Estados Unidos tras ser extraditado desde México el 19 de enero pasado, horas antes de que terminara su mandato el presidente Barack Obama. Está procesado por diecisiete delitos criminales y por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

 

En la vista judicial de hoy, el procesado dijo estar conforme con los abogados de oficio que lo están defendiendo ante los tribunales de Nueva York y expresó su deseo de seguir con ellos.

 

La audiencia judicial tenía el propósito de hacer un repaso de las diligencias efectuadas hasta ahora en este proceso y confirmar si el detenido estaba satisfecho con los abogados que lo están defendiendo desde horas después de que llegara a Estados Unidos.

 

El tribunal que lleva el caso, a cargo del juez Brian Cogan, fijó además el 15 de agosto próximo como fecha de la próxima audiencia sobre el estatus del proceso, como parte de las diligencias previas antes de que comience el juicio.

 

En la vista judicial de hoy, los defensores legales de "El Chapo" insistieron en la necesidad de que se revisen las condiciones de reclusión que afectan al mexicano en el penal de máxima seguridad de Nueva York donde está preso.

 

Entre otros temas expresaron la necesidad de que se permita un contacto físico entre los letrados y el procesado para poder manejar adecuadamente todos los documentos ligados con el caso. Hasta ahora sólo se pueden comunicar con él a través de un cristal.

CIUDAD DE MÉXICO.-Los enfrentamientos armados ocurridos entre elementos del Ejército y presuntas bandas

de ladrones de combustible en Puebla dejaron al menos un saldo de cuatro soldados y seis presuntos delincuentes

muertos (entre ellos una mujer y un menor de 17 años).

Los hechos ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, perteneciente a al municipio de Quecholac, también

dejó 10 soldados lesionados y un policía estatal, además de 14 detenidos.

El secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano, informó que el operativo Palmarito surgió apartir de la atención a una denuncia de toma clandestina y durante la realización de este “fueron agredidos a

balazos por presuntos delincuentes de esa comunidad”.

En el primer ataque ocurrido casi a la media noche del miércoles, los “huachicoleros” utilizaron de escudo a

mujeres y niños mientras atacaban a tiros a los militares, dos de los cuales murieron en el lugar.

En el segundo ataque, en la madrugada del jueves, se desató fuego cruzado y la población, que en su mayoría

está coludida y vive del robo de hidrocarburos, lanzó piedras y palos a los efectivos castrenses.

En tanto, el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, informó que los agresores no pertenecen

a la banda de “Los Bukanas”, sino a otro grupo cuyo líder está plenamente identificado y cuenta con orden de

aprehensión por homicidio.

El gobernador José Antonio Gali Fayad manifestó que no cesarán los operativos contra el robo de hidrocarburo e

incluso anunció que se incrementarán y próximamente dará a conocer más detalles.

En tanto, pobladores de la comunidad de El Palmarito, bloquearon la carretera libre Puebla­Ciudad Serdán tras los

enfrentamientos entre militares y “huachicoleros”.

Tijuana.- Baja California destacó a nivel nacional por homicidios y robos con violencia, de acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto marzo 2017, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

 

En materia de asesinatos, el estado ocupó el cuarto lugar, con 181 víctimas, detrás de Guerrero con 210, el estado de México con 196, y Veracruz con 189, dice el informe.

 

A nivel nacional, destacan, hubo dos mil 256 víctimas de homicidio, y es el número más alto registrado desde el 2014.

 

“El mayor aumento absoluto lo expuso Baja California con 68.17 víctimas, al comparar con el promedio mensual”, dice el informe presentado esta semana.

 

En robo con violencia, este estado se posicionó en el segundo lugar en incidencia por cada 100 habitantes, ubicándose en 32.42 denuncias por cada 100 mil habitantes.

 

En esta ciudad esos dos delitos han sido ampliamente destacados principalmente por la iniciativa privada y el sector comercio.

 

A nivel país, informó el Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos de alto impacto aumentaron en la comparativa del primer trimestre del 2017 con el mismo periodo del año pasado.

 

En su presentación digital advierten que la información estadística obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que la incidencia delictiva sigue al alza.

 

“Nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia, por la cual atraviesa México, no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario, continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población”, dice el informe que puede ser consultado en línea.

El fracaso del estado se ha definido como su incapacidad para proveer estabilidad, seguridad pública, instituciones políticas legítimas, administración adecuada de la economía y bienestar social, en este contexto, el gobierno de Peña Nieto es un claro desastre, si además se observan los crecientes niveles de inseguridad en todo el país, así lo señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Argumentó que según un análisis claro del contexto nacional de inseguridad y falta de paz y justicia social establece que México ocupa el lugar 140 de 165 países, de los países más violentos, de acuerdo al Índice de Paz Global 2016 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz. El mismo estudio señala a nuestro país como el más violento de Centroamérica y el Caribe. 

Se entiende, recalcó, que un Estado fracasa si es deficiente en áreas como seguridad, el sistema político, la administración de los servicios públicos y el bienestar social, por eso sostuvo que el gobierno federal, está totalmente reprobado por su incapacidad de impulsar un Estado de derecho adecuado en todas las entidades federativas del país. 

Indicó, además, que es urgente exigir una evaluación al nuevo sistema de justicia penal que tienen fuera al 60% de los delincuentes e indefensos a los ciudadanos.

Talavera Hernández, refirió que datos de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte del grado de violencia en el país del mes de marzo del 2017, señalan un alza respecto al año anterior en delitos como homicidio con un 29%, secuestro 18% robo a negocios 47%, robo a vehículos 13% extorción 30% y lesiones dolosas 21%.

Agregó que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de enero a marzo del 2017 se han cometido un total de 433,385 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen mayores delitos.

“La inseguridad flagela a prácticamente todos los estados del país. Resulta alarmante la falta de resultados de las estrategias implementadas en materia de seguridad pública por parte del Gobierno Federal y de las entidades federativas, dichas estrategias parecen ya rebasadas; el gobierno de Peña Nieto no puede continuar omiso y debe enfrentar al crimen de una manera asertiva, efectiva y con resultados contundentes para todos los mexicanos” señaló.

La legisladora federal recordó que el artículo 21 de la Constitución, mandata la garantía de seguridad pública como una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley.

Por lo que la legisladora presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.

Puntualizó que deben de redoblarse todos los esfuerzos a nivel nacional, para hacerle frente a la -galopante inseguridad- que crece en homicidios, extorsiones, robo con violencia, robo domiciliario, etc, flagelando la forma de vida de los mexicanos

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BANNERS DERECHA

 
 
 

Carlos Alejandra, A.C.