Por Rogelio Guedea/Sinembargo
A casi la mitad de su gestión, el gobierno de Peña Nieto definió ya sus cartas credenciales, y son éstas: opacidad, corrupción y excesos.
Desde que rindió protesta como presidente de México, Peña Nieto venía cargando sobre la espalda una pesada sombra que lo ligaba a lo peor del priismo nacional: Carlos Salinas de Gortari y su descendencia.
Se pensó, en algún momento, que esa sombra era sólo la argucia que la oposición (principalmente la izquierda) abanderó durante la campaña presidencial con fines puramente electoreros.
Pero el espejismo resultó un charco real de agua sucia.
Sólo en los últimos meses, el gobierno peñanietista ha corroborado las acusaciones de las fuerzas políticas opositoras.
Se desveló que su mujer tenía una bella Casa Blanca de dudosa procedencia, denuncia que le costó el trabajo a Carmen Aristegui, una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional. Se puso a la luz pública que también Luis Videgaray, secretario de Hacienda, poseía una casona blanca ligada a Grupo Higa. Hace unos días tuvo que dimitir de su cargo como titular en la Conagua David Korenfeld no sólo por haber utilizado un helicóptero de uso público para una actividad de tipo personal, sino por haberle mentido a la ciudadanía sobre las razones reales de su uso. Y, ayer mismo, corrió como pólvora la noticia sobre una residencia de Osorio Chong, secretario de Gobernación, en Las Lomas, obtenida esta misma de un contratista que ha ganado licitaciones con el gobierno.
Todo lo anteior sin contar el escándalo generado por las compras excesivas de la primera dama en Beverly Hills, donde una de sus hijas fue capturada por una cámara llevando un bolso de más de treinta mil pesos.
Nadie podría dudarlo ahora: los delirios de Familia Real del gobierno de Peña Nieto ofenden y lastiman a los casi cincuenta millones de pobres que tiene nuestro país, veinticinco millones de los cuales, por lo menos, no tienen siquiera ni una miga de pan para comer, ni una sábana para abrigarse, ni un techo bajo el cual dormir.
¿De verdad no hay ninguna ley en México que pueda contra esta farsa?
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