Jaime Flores Martínez

Micos

A pesar que sus acciones arbitrarias aplastan la justicia simulada, a los policías municipales de Tijuana Sergio Sandoval Puentes y María Isabel Molina no les importa que les apliquen el calificativo de “impunes”. Ambos saben que “no pasará nada” porque el secretario de seguridad pública Alejandro Lares Valladares representa “un cero la izquierda”.

La mañana del martes 28 de enero, los oficiales Sandoval y Molina interceptaron a Luis Moroni González Mijares un joven 18 años que padece una discapacidad mental. Al salir de una tienda de conveniencia, los oficiales le marcaron el alto aparentemente para realizarle una revisión precautoria.

A los policías no les importó que Luis intentara explicarles, ni tampoco se fijaron que el muchacho presentara dificultades para desplazarse. Sin recato alguno le pidieron dinero y como no traía lo que esperaban, entonces lo subieron a la caja de la patrulla. A Luis nunca le dijeron porque motivó había sido detenido.

No les importó que el muchacho intentara explicarles que pretendía llegar hasta la zona de Santa Fe donde labora en una estancia para animales. El joven baña y da de comer a los perros a cambio de un módico salario. 

Ya frente al juez calificador de la Zona Norte dé Tijuana, los policías se carcajearon del muchacho, especialmente en el momento en que el juez Carlos Ponce de León decidió remitirlo a la estancia municipal de infractores. Antes lo habían despojarlo de su chamarra y su teléfono celular.

Dos horas después, el muchacho fue recluido en la cárcel preventiva donde pasó 10 horas. Todo el tiempo estuvo incomunicado y tampoco probó bocado. Obvio que los padres de Luis estaban desesperados, sobre todo porque sus patrones dijeron que el muchacho no se había presentado. 

En una entrevista difundida a mediados de febrero por la periodista Roxana Di Carlo, el joven reiteró que los policías nunca le informaron el motivo de su arresto. En el parte policiaco los oficiales argumentaron que el muchacho “golpeó la ventanilla del auto patrulla”. Gran argumento.

Los oficiales nunca refieren que antes de trasladarlo ante el inútil juez calificador, le regalaron una paseadita de tres horas. Luego de las 11 de la noche, el joven Luis abandonó la cárcel y llego a su casa en un taxi que pagaron sus padres. La condición humilde y el temor a represalias impidió presentar una denuncia ante la Sindicatura.

Todo este viacrucis, seguramente al secretario de Seguridad Publica de Tijuana Alejandro Lares Valladares le importa un carajo. Le choca que lo interrumpan mientras pule sus lentes Prada. 

Zofemat

Muy preocupados andan cinco empleados por la intención del delegado de Semarnat Alfonso Blancafort de desmantelar la sede de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Rosarito.

Los trabajadores de esa dependencia y el grueso de los vendedores que utilizan la zona de la playa para realizar sus actividades comerciales, están desesperados porque Blancafort pretende “deshacerse” de esa representación en el quinto municipio.

Quienes se dicen afectados, estiman que esto provocaría un grave trastorno para quienes requieren orientación y trámites. Además –dicen-- el delegado reubicará a esos empleados a los municipios de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Empleados inconformes aseguran que sus limitados salarios no alcanzan para trasladarse de Rosarito a Mexicali o a Tijuana.

Allí se irían sus ganancias. Empleados y vendedores ambulantes aseguran que el argumento de Blancafort es economizar en el pago de electricidad y agua, porque la renta del local es liquidada con dinero del Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre, quien este caso administra el alcalde de Rosarito Silvano Abarca Macklis.

Blancafort le habría pedido a Silvano Abarca dejar de pagar la renta del local y así tener argumentos de peso y poder proceder a la redistribución de esa representación. Los empleados y ambulantes estiman que este hombre pretende tejer una estrategia para fastidiarles la existencia.

Una señora de apellido Legorreta pernoctó la semana pasada frente a la sede de la Semarnat en Mexicali para intentar sensibilizar a Blancafort, porque no quiere su traslado a Mexicali. En charla con Cicuta Blancafort aclara que la adscripción de esta empleada esta precisamente en Mexicali y asegura que sacó de su bolsillo para que la señora pasara esa noche en un hotel.

El funcionario asegura que el desmantelamiento de la oficina de Rosarito no es un capricho personal sino una instrucción girada desde las autoridades centrales de Semarnat. Reconoce la incomodidad de los empleados, aunque asegura que solamente sigue instrucciones de una medida que alcanzó a todos los Estados del país.

Sobre la renta de la casa en Rosarito, dice que esos 11 mil pesos que se pagan al mes podrían servir para el saneamiento de algunas áreas de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Además, subraya, la distancia es corta entre Rosarito y Tijuana para las personas que realizan trámites.

Pambazo 

Retacarse la cara de Botox no debe ser –de ninguna manera-- motivo de burla. El asunto es que un funcionario municipal que destaca por sus reacciones broncas, cuestiona la labor del delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu) Enrique Acosta Fregoso y se pitorrea de su cara. Le llama Lyn May

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