Bibi Gutiérrez Olivar

La postura de los diputados del Partido Acción Nacional al presentar una denuncia penal en contra del procurador de los Derechos Humanos de Baja California Arnulfo de León Lavenant es un hecho sin precedente en la vida de la entidad.

Es cierto que existen denuncias por despidos  injustificados, por abuso de autoridad y por desvió de recursos,  actos todos plenamente acreditados e incluso hasta aceptados por el mismo procurador de los Derechos Humanos de Baja California, porque entonces  se  tuvo recurrir a esta instancia judicial cuando por primera ocasión se debería de seguir por el mismo  Congreso del Estado un Juicio Político.

Acaso los legisladores de otros partidos diferentes al PAN no apoyaron la propuesta o es que de plano, no encontraron elementos  y pruebas suficientes para que fuera de esta forma sobre todo que el recurso económico que se  destina para los Derechos Humanos es dinero del Estado, y al procurador Arnulfo de León lo nombro un grupo de legisladores que representan al pueblo.

Es verdad que a Arnulfo de León lo impuso el ex candidato a gobernador  por el PRI  Fernando Castro Trenti, también es real que  Castro continúa con mucho poder dentro del edificio legislativo de la capital del Estado, por supuesto que Castro Trenti no les dicta lo que hay  que hacer o  hay que dejar de hacer… solo les dice lo que es conveniente e inconveniente. Solamente así se entiende cómo es que la propuesta de la diputada panista Rosalba López Regalado quien es,  presidenta de la comisión de hacienda  y presupuesto del Estado no haya prosperado como Juicio Político y se haya tenido que recurrir a la Procuraduría del Estado.

Solo se tiene que esperar y constatar que una vez analizadas las pruebas y realizados las diligencias correspondientes sobre las irregularidades que se le imputan a  de Leon Lavenat prosperen o se queden el archivo muerto.