Jaime Flores Martínez /

Absoluto desconocedor de su nuevo encargo, el arquitecto Alfonso Padrés Pesqueira  parece ignorar las maniobras de la Subdirectora de Transporte de la SCT en Baja California Sandra Berenice Ávila Piñuelas. En lugar de sacudirse los lastres de la corrupción, Padres Pesqueira tolera que lo tachen de títere.

Padrés no quiere ver que Sandra Berenice Ávila manipula las áreas que representan la obtención de dinero fácil, donde por cierto participa el jefe del Departamento de Autotransporte Federal en Mexicali Mario Acosta Núñez. Antes de integrarse a la SCT --a invitación de Ramón Luque Félix--, este hombre se dedicaba a la importación de vehículos a México. Esto comprueba que conoce el negocio a la perfección.

La dupla Ávila-Acosta se encarga de comisionar empleados en algunos municipios del Estado, a quienes --supuestamente-- les entregan diversas cantidades de dinero por concepto de viáticos. En la mayoría de los casos, esos empleados ni se enteran que la SCT les pago los gastos.

El arquitecto Padrés  debe investigar la corrupción que brota en las llamadas básculas oficiales, donde se revisan los pesos y  medidas. Este rubro es controlado por Jorge Enrique Chávez Hernández, quien hasta hace poco despachó como jefe del Centro de Peso y Dimensiones del Centro SCT en Baja California. Chávez Hernández responde directamente a las órdenes de la señora Ávila Peñuelas y desde luego que tiene el respaldo de Mario Acosta Núñez.

También debe investigar al personal que realiza las visitas de inspección a los permisionarios del auto- transporte federal. Amparados en el programa anual de visitas de inspección, los empleados extorsionan con la complacencia que Sandra Berenice Ávila. En la mayoría de los casos los empleados detectan cualquier cantidad de irregularidades

Estas infracciones son inmediatamente enviadas a la Subdirección de Transporte del Centro SCT, donde las recibe Sandra Berenice. Los transportistas que resultan notificados acuden con la señora Ávila con esperanza de lograr una reducción en el monto de las infracciones. Algunos transportistas afirman que después de “un buen arreglo” las boletas simplemente son canceladas. ¡Esto podría ser daño patrimonial!

Con la escuela del ex director del Centro SCT, Ramón Luque Félix, la señora Ávila conoce la perfección los métodos para el otorgamiento de permisos para la prestación de servicio público federal de pasaje. En muchos casos, los  permisos no solamente irregulares sino ilegales. Padres puede comprobar que muchas de las unidades autorizados por la ley. Existen autorizaciones para remolques, semirremolques y convertidores que no están contempladas en la norma NOM-035-SCT-2-2012.

Padrés debe saber que este tipo de prácticas se convirtieron en asunto común en la gestión de su antecesor Ramón Luque Félix, quien respaldaba que Ávila Peñuelas autorizara emplacamientos sin cumplir con la norma. Quizás sin saberlo, Padres ha firmado documentación alterada por Ramón Luque Félix, pues este funcionario se dedicó al “inventar” leyes.

En una evidente irregularidad, Luque Félix solicitó a los transportistas requisitos no contemplados en la ley. Por eso los transportistas independientes lo denunciaron en la PGR, aunque la autoridad se volteo para otro lado.

 El ejemplo más relevante son los llamados “Transfer”, que no es otra cosa que permisos a transportistas interesados en internarse a territorio mexicano. Ya autorizados esos choferes pueden prestar servicio de carga dentro de una franja de 20 kilómetros De la línea fronteriza.

Uno de los documentos no contemplados en la normatividad, aunque solicitados por la señora Sandra Berenice, es la verificación vehicular que consiste en conocer el grado de emisión de contaminantes que expiden las unidades. La constancia de condiciones físico-mecánicas de las unidades se debe realizar cada año.

Los propios empleados de la SCT afirman que durante la gestión de Luque se ofreció  protección a un Centro de Verificación propiedad de un tal señor Ramos, a pesar que desde las oficinas centrales se decidió suspender la participación de ese centro de verificación

En la parte final de la administración de Ramón Luque Félix, se autorizó el funcionamiento de tres nuevos Centros de Verificación propiedad de tres hermanos de apellido Padilla Guillén.

Finalmente, el arquitecto Padrés debe tener bajo la lupa a la licenciada Rosa Icela Islas Valdivia, jefe de la unidad de asuntos jurídicos del Centro SCT en Baja California. Rosa Icela es comadre de Sandra Berenice Ávila Piñuelas y de Mario Acosta Núñez. El contubernio está la vista: Rosa Icela es la encargada de proteger las irregularidades, léase  ilegalidades.

Cómplices

Muy atento debe estar el gobernador electo Francisco Vega de Lamadrid sobre la ilegal venta de terrenos en el predio conocido como el Monumento en Playas de Tijuana. Un personaje identificado como Osvaldo Castillo comercializa terrenos que el Gobierno de Baja California ya le pagó. Esos predios ya no son suyos. 

Además, Don Osvaldo Castillo ya se asoció con su acérrimo enemigo Emigdio Torres Mejía, un panista invasor de terrenos y promotor del voto de los blanquiazules. Castillo le armo pleito legal porque Emigdio se apropió de 21 hectáreas de Castillo. Ahora ya son socios, amigos y cómplices. Ya Francisco Vega conoció del caso a través de la subsecretaría Jurídica del Gobierno a cargo de Luis Ramón Irineo Romero.

Cicuta.com.mx   twitter: @cicutajaime