Está aquí: HomeLocales

Local

MEXICALI B.C.- El Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Oficialía Mayor, da a conocer que con motivo de las fiestas decembrinas, los trámites y servicios que ofrece la Administración estatal, se suspenderán el día lunes 25 de diciembre.

 

Así lo informó la Oficialía Mayor de Gobierno, Loreto Quintero Quintero, quien explicó que de acuerdo a lo establecido en el Calendario Oficial 2017, esta día es considerado como inhábil de conformidad a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Servicio Civil y Cláusula Décima Tercera de las Condiciones Generales del Trabajo vigentes en el Estado. 

 

La suspensión de labores es aplicable para todo el personal correspondiente al Gobierno del Estado, por lo que las instalaciones de los Centros de Gobierno, oficinas de atención y prestación de servicios al público de todo el Estado, permanecerán cerradas.

 

 

 

En algunas dependencias por la naturaleza de sus servicios, habrá guardias durante el lunes 25 de diciembre, tal es el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), Dirección Estatal de Protección Civil, C-4, Área de Urgencias del Hospital General y de diversas instituciones de salud del municipio, entre otras.

 

 

 

Las labores se reanudarán el próximo martes 26 de diciembre en los horarios de costumbre, por lo que recomienda a la ciudadanía tomar las medidas oportunas y realizar sus trámites en tiempo y forma, concluyó la Oficial Mayor de Gobierno del Estado.

Frente a un escenario adverso para el país, que suponen las Reformas Fiscales recientemente aprobadas por el congreso de Norteamérica, especialistas indicaron que corresponde a la federación el identificar las medidas convenientes a efecto de continuar siendo competitivos fiscalmente, e instrumentar acciones orientadas a incentivar la permanencia y atracción de las inversiones de origen extranjero.

 

 

 

El economista José Luis Contreras Valenzuela destacó que una vez vigente e implementada la propuesta por el Gobierno de Donald Trump esté, los efectos que pudieran darse sobre la economía nacional serían lamentables, ya que disminuiría la Inversión Extranjera Directa (IED), al no ser tan atractivo nuestro país para ellas, generando menos empleos y menor derrama económica por ese concepto.

 

 

 

Señaló que el valor de producción de las Industrias Manufactureras de Exportación (IMEX) disminuiría, bajando con ello el valor de las exportaciones, renglón que ha representado en los últimos años el principal motor del crecimiento económico especialmente de algunas zonas económicas del país, como son la Región del Bajío y los estados fronterizos del norte del país.

 

 

 

No obstante la coyuntura de altos niveles de Inversión Extranjera Directa que se han dado en México, con altos niveles de ocupación, señaló que no se ha podido incrementar el consumo interno y hacer de este el motor del crecimiento de nuestro país, por lo que difícilmente se logrará si se inicia el éxodo de inversiones, con los consecuentes aumentos de desocupación y caída del ingreso.

 

 

 

En ese sentido, resaltó que es importante que el estado mexicano asuma una nueva postura en términos de política pública, dando un giro a la actual Política Fiscal recaudatoria “que poco o nada ha contribuido al crecimiento económico” ya que no han logrado tasas de crecimiento mayores al 2 por ciento anual, pero sí han provocado incrementos en los niveles de pobreza y desigualdad al privilegiar criterios de eficiencia fiscal recaudatoria ante criterios de desarrollo económico.

 

 

 

“Ante tal escenario, corresponde a la federación el identificar las medidas correspondientes a efecto de continuar siendo competitivo fiscalmente ante la inversión extranjera y a las entidades federativas, que no tienen incidencia en la política fiscal procurada por la federación, e instrumentar acciones orientadas a incentivar la permanencia y atracción  de las inversiones de origen extranjero”, expresó.

 

 

 

El economista mencionó que en  Baja California y en aquellas zonas donde se ha ubicado la IED, se está consciente de la amenaza que sugiere el cambio de la política fiscal del país vecino, y ante eso, sin el apoyo de la federación, realmente es escaso el margen de maniobra a efecto de contener los posibles efectos.

 

 

 

No obstante, asevero que una alternativa que permite reducir el posible efecto es el restablecimiento en el estado de un criterio de política fiscal preferente, como lo fue la zona libre en su momento, y así, incentivar la permanencia y atracción, por la competitividad tributaria, de la inversión extranjera que sostiene de forma directa  a no menos de un tercio  de la población ocupada en el Estado.

 

 

 

“Es decir, se requiere el restablecimiento de la Zona Libre en la Franja fronteriza, o bien la Zona Económica Especial, como les han llamado, que permita impulsar de nuevo el desarrollo de esta región.

 

 

 

Además, una política fiscal que considere la exención de impuestos a ingresos por debajo de los 16 mil pesos mensuales, para fomentar la demanda de esos estaros de población, contemplar la deducibilidad al 100 por ciento de todo gasto de inversión en capital productivo, hacer deducible las compensaciones prestaciones salariales.

 

 

 

“Estas y otras medidas pudieran ser pivote para el impulso del mercado interno, condición fundamental para alcanzar el desarrollo. No podemos apostarle al desarrollo con una economía sustentada en la exportación con un mercado interno débil o decreciente”, concluyó José Luis Contreras.

Tijuana.- La ciudad amanece este viernes con una temperatura de 9°C y cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el transcurso del día se espera una temperatura máxima de 19°C acompañada de un cielo mayormente despejado y vientos del NNO de 10 a 15 km/h.

Por la noche se espera un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 5°C.

La Península de Baja California espera un cielo medio nublado, con lluvias dispersas en Baja California Sur, ambiente fresco durante el día. Viento del norte y noroeste con rachas superiores a 60 km/h en la región, además de oleaje de 1 a 3 m de altura en el Golfo de California.

Ciudad de México  (SinEmbargo).– Un año y medio después de que se pidiera por primera vez la expulsión de César Duarte Jáquez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el llamado se vuelve a poner sobre la mesa ante el escándalo del presunto desvío de recursos públicos del erario chihuahuense que, de acuerdo con Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del tricolor, fue triangulado en 2016 por él mismo, por el Gobernador de Chihuahua y por Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien entonces fungía como presidente nacional de ese instituto político.

 

Los millones de pesos federales recibidos por la administración de César Duarte para darle bienestar a los ciudadano de Chiahuahua habrían ido a parar a las campañas electorales del PRI en 2016, de acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General de esa entidad en contra del ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.

 

“Todo aquel servidor de partido que no ha tenido algún acto de corrupción, se le debe de dar el derecho de audiencia, y también la presunción de inocencia. Pero, en el caso de [Cesar] Duarte es un problema que nos afecta como partido. A la credibilidad, a la imagen del partido. Ha sido lo que nos ha llevado a nosotros a tener derrotas en los estados por los abusos de algunos malos funcionarios”, dijo el consejero priista Armando Barajas Ruíz.

 

El 21 de julio de 2016, Barajas Ruiz presentó la solicitud de quitar los derechos partidistas a Duarte Jáquez, y a los ahora ex mandatarios de de Veracruz y de Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente. Un año y medio después, sólo el ex Gobernador de Chihuahua goza por completo de sus derechos partidistas.

 

 

“Para mí César Duarte ha tenido un trato preferencial por sobre los demás, porque en el caso de Veracruz y Quintana Roo se les suspendieron sus derechos partidarios y se llevó a cabo la expulsión posteriormente […]. Eso es lo que a mí me hace ver que existen ciertas anomalías dentro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria”, sostuvo Barajas Ruíz, quien es también el líder de la Corriente Solidaridad del PRI.

 

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, se refirió ayer a este escándalo.

 

“Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción”, dijo a la prensa sobre Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y aseguró que en “su campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y del cual no se puedan rendir cuentas”.

 

Sin embargo, el trato preferencial a César Duarte no se observa sólo al al interior de su partido. El ex Gobernador de Chihuahua sigue hoy prófugo, mientras que otros ex mandatarios –también del tricolor– no han corrido este año con la misma suerte.

 

El pasado 10 de abril, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en Italia; el 15 de abril, el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue aprehendido en Guatemala; el 5 de junio, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, fue capturado en Panamá, y el pasado 6 de octubre el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pisaba la cárcel en Ciudad Victoria.

 

El analista político Enrique Toussaint Orendain explicó que dentro del PRI se suele ver a los casos de corrupción como particulares, cuando en realidad se trata de un sistema más complejo.

 

“Los casos de corrupción dentro del PRI no son frutas podridas que se salen del huacal ni tampoco errores individuales. Adentro del PRI existe toda un sistema orquestado de saqueos, de uso de los cargos públicos para enriquecer el partido. Por eso hay que ver el problema del PRI como un sistema. Lo hemos visto con otras operaciones fraudulentas, como son los casos de Monex, Soriana y Odebrecht”, expuso el politólogo.

 

RÉCORD EN ÓRDENES DE APREHENSIÓN

 

El 12 de septiembre pasado, el actual Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó 10 acusaciones penales en contra de César Duarte Jáquez, y la solicitud de detención con fines de extradición. Con 70 tomos, el mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) buscó cumplir con su promesa de campaña de someter a la justicia al ex funcionario nacido en Hidalgo de Parral.

 

“Tenemos 10 órdenes de aprehensión, todas y cada una de ellas son por delito de peculado agravado. Las 10 suman un total de mil 200 millones de pesos. Es una desviación de recursos del Gobierno del estado, en el cual este personaje está implicado”, detalló el vocero de la Fiscalía de Chihuahua Carlos Huerta Muñoz, en entrevista con SinEmbargo.

 

El onceavo requerimiento fue presentado por el ahora ex Fiscal de Delitos Electorales (Fepade) –que depende de la Procuraduría General de la República (PGR)–, Santiago Nieto Castillo. En esa orden se le imputa el presunto desvío de 14 millones de pesos del presupuesto de Chihuahua.

 

No obstante, y pese a la emisión de una ficha roja en la Interpol, la PGR no ha pedido a las autoridades de Estados Unidos la detención de Duarte Jáquez ni tampoco, a través de la Cancillería, se ha solicitado su extradición.

 

En marzo pasado, diversos usuarios de redes sociales reportaron con fotografías que Duarte estaba ubicado en El Paso, Texas; es decir, apenas a unos cuantos kilómetros de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

DETONA OTRO ESCÁNDALO

 

La reciente acusación de la Fiscalía de Chihuahua en contra del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Gutiérrez, radica en el desvío de 250 millones de pesos en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese dinero habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.

 

El desvío de recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente. El dinero federal presuntamente se disfrazó de recurso estatal para no ser revisado.

 

De acuerdo con el propio  testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación fueron entonces avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada entonces por Luis Videgaray Caso, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a quien se considera uno de los hombres más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto.

 

“Es claro que la Presidencia de la República, y los procuradores que hemos tenido [Jesús] Murillo [Karam], Arely [Gómez González] y Raúl Cervantes [Andrade] son un tinado para la protección de estos hechos de corrupción que se traducen en impunidad y a mí me extraña fuertemente que, por un lado, se diga que no hay una carpeta e investigación contra Videgaray, o contra Beltrones”, destacó Jaime García Chávez, activista de Chihuahua y quien presentó la primera denuncia formal contra César Duarte, a quien acusó de usar recursos públicos del estado para fundar su propio banco.

 

Durante la primera audiencia de Gutiérrez, el Ministerio Público de Chihuahua sostuvo que fue el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, quien implicó a una red de funcionarios para desviar los millones de pesos. Esa red estaba conformada, entre otros, por el propio Duarte Jáquez, además de su ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera; el ex director de Adquisiciones de la entidad, Antonio Enrique Tarín; el ex Director de Administración, Gerardo Villegas, y el ex Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo.

 

Yáñez Herrera reveló un supuesto mensaje que envió Manlio Fabio Beltrones a Gutiérrez Gutiérrez en el que le decía que el dinero que presuntamente recibió el CEN del PRI, “ya no tendría retorno”.

 

De acuerdo con esta declaración, Gutiérrez Gutiérrez, ahora detenido, notificó a Yáñez y demás ex funcionarios estatales que el saqueo se llevaba a cabo al mismo tiempo en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa. A diferencia de los estados gobernados por el PRI, en Puebla el Gobernador era el panista –y también ex priista– Rafael Moreno Valle.

 

“Me parece grave que Jaime Herrera Corral, quien fue Secretario de Hacienda esté libre, que sea un informante del Gobierno local y que goce de la impunidad siendo que fue el cerebro y el ejecutor de la corrupción. Si consideramos que la defraudación es un delito de inteligencia, él es el inteligente, el poderoso y burdo era Duarte”, sostuvo García Chávez.

 

LAS DUDAS SOBRE LA JUSTICIA

 

La trama ha despertado alertas en partidos políticos opositores al tricolor, que han alertado sobre las repercusiones electorales que pueden tener estos supuestos delitos.

 

Ayer, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el presunto financiamiento ilegal de las campañas del tricolor. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, consideró que la detención de Gutiérrez es suficiente para que la justicia mexicana se movilice en busca de Duarte Jáquez.

 

Sin embargo, para el analista Toussaint hay pocos visos para pensar que la PGR podrá indagar a fondo estos asuntos.

 

“Me parece que mientras tengamos esta Procuraduría que lo que hace es defender a los políticos, tendremos más casos como el de Odebrecht, donde no vemos una investigación medianamente articulada”.

 

Jaime García Chávez, quien presentó una denuncia en la PGR en septiembre contra el ex Gobernador priista por el delito de peculado, expuso que la dependencia ha puesto trabas para proceder contra César Duarte.

 

Ante la inacción de la PGR, un amparo con número 667/2017 que se ventila en el juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México exige a la dependencia a pronunciarse sobre esta investigación.

 

“La Procuraduría estaba cayendo en la desmesura de decir que no hay averiguación. Siendo que la averiguación está ahí y son alrededor de 100 mil hojas”, destacó García.

 

La celeridad con la que la PGR tramite esta denuncia podría sumarse a un expediente de extradición de Duarte Jáquez, dijo García Chávez.

 

Aunque, advirtió, al parecer no podría ocurrir en el corto plazo.

 

“El Juez de Distrito requirió al Procurador General de la República para que envíe al expediente completo de César Duarte al Juzgado para poder fallar el amparo, que tendría por consecuencia una orden de aprehensión […]. Y la Procuraduría se ha negado a la entrega del expediente vía la expedición de una queja, dice que no lo entregará porque hay muchas otras personas involucradas. La PGR quería reducir al Juez a resolver sin ver si estaban trabajando o no, sin ver el expediente”, explicó.

 

MEXICALI, B.C.- La Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, reconoce la labor que diariamente realizan los periodistas de Baja California, así lo expresó el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, quien en representación del Mandatario estatal encabezó el brindis navideño con los representantes de los medios de comunicación del municipio de Mexicali, realizado en la Sala Gobernadores en el Edificio del Poder Ejecutivo.

 

 

 

La libertad de expresión de la que gozamos en Baja California es un derecho y un privilegio que debemos de cuidar todos, y en el Gobierno de Baja California defenderemos ese derecho, manifestó el funcionario estatal.

 

 

 

En el evento también participó el Director General de Comunicación Social, Raúl Reynoso Nuño, así como directivos y representantes de los medios impresos, de radio, televisión, del gremio de fotógrafos y camarógrafos.

 

 

Tijuana, B. C.- Durante este mes de diciembre, iniciaron las celebraciones navideñas llevadas por la diputada local, Mónica Hernández A., “La Chula”, a las colonias, fraccionamientos, comunidades y escuelas primarias ubicadas en el Distrito que representa ante el Congreso del Estado de Baja California.

 

Unas 150 personas acompañadas de niños y niñas, todos vecinos de la colonia Castillo y del área de la Zona Norte, llegaron al Parque Puerta Blanca, para disfrutar de un ameno convivio, y en este marco llegó la diputada Mónica Hernández “La Chula”, con regalos tanto para los padres de familia como para los niños, pastel navideño y una piñata.

 

La festiva actividad con la que la diputada una vez más agradece el apoyo a su gestión y mantiene el estrecho acercamiento con la comunidad, se realizó entre divertidas rifas y concursos organizados por el equipo de la diputada, quien distribuyo los premios que van desde línea blanca, cobijas, regalos sorpresa, juguetes para niños y niñas, sin faltar los dulces que cayeron de la piñata y pastel durante la celebración navideña.

 

La diputada de la XXII Legislatura de Baja California, fue abordada por las decenas de niños con la alegría de ver la piñata y el reconocimiento de las familias por sus frecuentes visitas.

 

De esa manera, manifestó a los colonos que estas posadas tienen la finalidad de dibujar sonrisas en los niños y niñas del distrito que representa y ser un apoyo solidario para realizar sueños en aquellos pequeños que no reciben juguetes en Navidad y lo más importante, de fomentar la unidad de las familias.

 

Entre la comida, los regalos y los buenos deseos que ofreció la diputada, “La Chula”, convivió degustando los platillos que prepararon los mismos vecinos, y ella se sumó en sus festejos comunitarios que muestran la unión que prevalece en la ciudad y sobre todo jugar con los niños, e invitar a los padres a celebrar estas fechas decembrinas en familia.

 

La legisladora visitará más de 30 colonias de su distrito como lo son la Jardín, Guadalajara, Zona Centro, Chihuahua, Cañón Pípila, Alemán, Obrera 1ª y 2ª sección, Juárez, Valle del Rubí, y Manuel Feliz Acosta, por mencionar algunas que visitará de esta fecha, hasta el próximo sábado 23 de diciembre del presente año.

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación General 2/2017 sobre violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la educación, al desarrollo y al libre desarrollo de la personalidad como consecuencia de embarazos no planeados y/o deseados en adolescentes.

La Resolución es dirigida a ocho autoridades: la Secretaría General de Gobierno, en su carácter de Coordinadora del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA); a la Dirección General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; a la Dirección General del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; a la Secretaría de Salud y Dirección General de Isesalud; a la Secretaría de Educación y Bienestar Social y Dirección General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado; a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado; a la Dirección General del Instituto de la Juventud del Estado; y a la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

Dentro de un proceso multifactorial, las y los adolescentes se encuentran sujetos a una relación intrínseca con la sexualidad, siendo este uno de los aspectos centrales del ser humano, misma que comprende no solo el sexo como acto físico-biológico per se, sino también las identidades de género, la orientación sexual, la intimidad y en general cualquier forma de expresión sexo-genérica, por lo que la concepción del embarazo en la adolescencia debe ser primordialmente observado como un fenómeno social, económico y cultural, ergo toda formulación de política pública tendiente a ser un frente sobre esta materia, debe de partir obligadamente de la visión de que cada adolescente es individual y no solo como parte de un grupo homogéneo ya que, el único factor que une a esas mujeres y hombres es la edad, teniendo particularidades que surgen de las diversas circunstancias y necesidades que enfrentan en su día a día, tomando como referencia lo determinado por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe al señalar que es erróneo partir de la premisa de considerar la adolescencia como un problema .

De acuerdo con los resultados de los censos y conteos de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 México tenía una población total de 119 millones 938 mil 473 personas de las cuales 3 millones 348 mil 898 habitaban en el Estado de Baja California, siendo el 9.3% mujeres y hombres de entre 10 y 14 años de edad, representando a su vez el 9% poblacional mujeres y hombres de 15 a 19 años, conformando la población adolescente un total de 18.3% a nivel estatal, eje al cual se debe garantizar sus derechos a ser tomados en cuenta en las decisiones que les afecten, ser escuchados y promover su participación activa en la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y aplicación de las políticas públicas que el Estado realice en favor de la juventud.

El Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha enfatizado en que el embarazo en la adolescencia no es solamente una cuestión de salud sino que está profundamente arraigado en la pobreza, la desigualdad entre los géneros, la violencia, el matrimonio forzado y temprano, la falta de educación y el fracaso de los sistemas y las instituciones que deben estar protegiendo los derechos de la adolescencia , destacando que la OMS en su informe “Salud para los adolescentes del mundo. Una segunda oportunidad en la segunda década”, publicado en el 2014 enfatiza en que el estado de salud en la adolescencia influye durante el resto de la vida, ya que la intervención médica adecuada o falta de esta podrá repercutir en la salud adulta e incluso en la salud y el desarrollo de la siguiente generación , siendo alarmante que dentro del citado pronunciamiento se acentuó que la población adolescente conforma uno de los grupos menos atendidos por los servicios de salud, no respondiendo a la necesidad de que las y los adolescentes cuenten con intervenciones que cubran la prevención de violencia y los traumatismos, salud mental, consumo de sustancias, nutrición, actividad física, control de tabaco, atención clínica integrada de trastornos comunes, inmunización, VIH y sobre todo salud sexual y reproductiva incluyéndose la atención maternal.

El embarazo adolescente debe ser observado como un tema que atañe el debido respeto de los derechos humanos ya que la falta de elementos, herramientas e información que conlleve a una decisión consciente e informada, amplía las brechas de género ante la ausencia de opciones –esto siendo consecuencia del acceso limitado o nulo a la escuela, a la información o a la atención médica tanto para hombres como mujeres- las y los adolescentes son privados de oportunidades y limitados al pleno acceso y goce de su desarrollo integral, no siendo incluidos en esta percepción aquellos adolescentes que ejercen su derecho a decidir, planear y desear su embarazo los cuales, por desgracia, son pocos en comparación con la generalidad, siendo este el motivo por el cual se deberá atender la visión que se manifiesta en el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en el que se hace énfasis en que “la sexualidad humana y las relaciones entre los sexos están estrechamente vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del hombre y la mujer de lograr y mantener la salud sexual […] la relación de igualdad entre hombres y mujeres en la esfera de las relaciones sexuales y la procreación, incluido el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano exige el respeto mutuo y la voluntad de asumir la responsabilidad personal de las consecuencias de la conducta sexual. La conducta sexual responsable, la sensibilidad y la equidad en las relaciones entre los sexos, particularmente cuando se inculca durante los años formativos, favorecen y promueven las relaciones de respeto y armonía entre el hombre y la mujer […]”.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, nos da cuenta de la razón de desigualdad y de la poca participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas a nivel nacional siendo de 14.4%, dato que se mantuvo igual desde 2009. En Baja California el nivel de este indicador es inferior al nacional con 14.1% y además disminuyó con respecto a 2009, cuando fue de 14.3%. Podemos inferir con ello que la verdadera preocupación entonces de los hombres al momento de vivir un embarazo con una mujer no es la prevalencia anticonceptiva lo que los hace participes de este problema que se ve culturalizado y normalizado en el aspecto de no encargarse del nuevo ser co-engendrado que estará próximo a nacer, o de la mujer que vive el embarazo, generándose una paternidad ausente y cuyas responsabilidades le son exigidas a la mujer embarazada o mujer-madre, incidiendo en el aumento de la gran brecha de desigualdad de género preexistente.

Las adolescentes entonces arriban en este escenario a una maternidad donde habrán de ser responsables por el nuevo ser y todas sus necesidades y ello les demanda su energía y recursos, inhibiendo o postergando las posibilidades de su propio desarrollo personal ya que deben responder a las obligaciones familiares frente a las instituciones de estado que así lo demandan desde el marco legal.

Deberán las madres adolescentes hacerse cargo desde la procreación, cuidado y manutención del nuevo ser, en tanto, en un alto índice el hombre co-engendrador sigue su vida sin ningún cambio social, físico, psicológico e incluso económico, en tanto ascienden las cifras de madres solteras o padres ausentes que dejan a las mujeres en una vida con muchas dificultades para vivir su maternidad, aledaño el hecho de la ausencia de la madurez necesaria para poder ejercer una pater-maternidad responsable.

En América Latina, una tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años y casi un 20% de éstos son de adolescentes o niñas con edades inferiores a los 15 años, destacando la UNICEF que algunos de los motivos de estos embarazos a tan corta edad son la falta de información y de oportunidades, sumando a ello las condiciones sociales y de violencia sexual , lo que permite observar que un factor que contribuye a la permanencia de este fenómeno sigue siendo el desconocimiento de las consecuencias de iniciar una vida sexual sin educación, lo que incrementa las posibilidades de embarazos no deseados o sin planificación familiar, independientemente a la constante amenaza de la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual.

De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el primer lugar entre los países miembros con el más alto índice de embarazos adolescentes, señalando a su vez que un alto porcentaje de las madres presentan serias complicaciones durante la gestación y parto, mismas que de acuerdo a la OMS son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años a nivel internacional.

Dentro del informe “Estadísticas a propósito del día de la madre” el 8 de mayo de 2017 el INEGI hizo evidente que eventos demográficos como el inicio de la vida sexual, reproductiva y la unión conyugal son trascendentales para determinar la influencia en el embarazo y maternidad adolescente, advirtiendo que en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del 2014, se reflejó que una de cada tres mujeres adolescentes del grupo de 15 a 19 años de edad, es decir el 29.2%, ya inició su vida sexual y el 16.4% declaró ser sexualmente activas, siendo un alarmante 44.9% el total de mujeres que expresó que ella o su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, señalando el 17.1% de las adolescentes entrevistadas que no conocían los métodos, no sabían dónde obtenerlos o como usarlos; diferenciadas por sus edades, las adolescentes sexualmente activas que en su mayoría no utilizan algún método anticonceptivo son las que se ubican entre los 15 y 16 años de edad .

Para el Estado de Baja California, la ENADID de 2014 reflejó que el 62.5% de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años no utilizaron un método anticonceptivo, encontrándose esta entidad por debajo del promedio nacional el cual es de 47.9%, ocupando con ello el antepenúltimo lugar a nivel nacional, es decir el 30 de 32, siendo preocupante que más de la mitad de ellas no haya utilizado alguno de los métodos de anticoncepción lo cual generó una exposición a contextos en los cuales pudieron haber sido parte de la estadística de embarazos adolescentes o incluso encontrarse desprotegidas y con posibilidades de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.   

En el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2017 se señaló que en el año 2015, de los 2 mil 457 municipios que conforman el país, Tijuana se encuentra entre los 20 municipios con mayor porcentaje respecto del total de nacimientos cuyas madres tenían entre 10 y 17 años de edad.

Del estudio y análisis lógico-jurídico de la situación que guarda la adolescencia en el Estado de Baja California con relación a los embarazos no planeados y/o deseados se logró acreditar la falta de acceso pleno a la educación y a la protección de la salud sexual, ello en virtud de las omisiones del Estado por la falta de estrategias que involucren el actuar de las instituciones competentes que faciliten el impulse de políticas públicas encaminadas a hacer frente a la responsabilidad constitucional y convencional de protección y garantía a los derechos humanos de este grupo poblacional.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo hace énfasis en que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que se encuentran positivizados y reconocidos en leyes nacionales, como lo es el artículo 4 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que mandata que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos”. Este derecho tiene como fundamento la libertad de todas las personas a decidir, trayendo consigo la prerrogativa de disponer de información, así como el alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, extendiéndose al derecho de adoptar decisiones respecto a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia.

En aras de garantizar el cumplimiento a las obligaciones enunciadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a través de su Observación General No. 4 “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención…”, externó su preocupación por las y los adolescentes como titulares de derechos, concretamente en la promoción de su salud y desarrollo, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 6 y 24 del citado instrumento internacional, argumentando que se debe garantizar en todo momento el disfrute del más alto nivel posible de salud, el desarrollo de forma equilibrada y una preparación adecuada para entrar en la edad adulta y asumir un papel constructivo en sus comunidades y sociedades en general.

En el caso que es materia de esta Recomendación General, los derechos de la adolescencia y el interés superior de la niñez deben acompañarse además de una perspectiva de género teniendo en consideración que la falta de acciones afirmativas y políticas públicas relacionadas con la problemática tratante, constituye un factor que extiende la brecha de género, por lo que es imperante centrar esfuerzos en la igualdad.

Es decir que los derechos sexuales y reproductivos no son exclusivos de las mujeres, los hombres deben involucrarse en las decisiones y responsabilidades que conlleva ejercer una vida sexual y reproductiva, siendo primordial, por ende, la educación y el acceso a la información en igualdad de condiciones, a efecto de ejercer decisiones conscientes y coherentes con el derecho a elegir de las y los adolescentes, impulsando mecanismos que eliminen los roles y estereotipos de género que incitan a la falta de una paternidad responsable ya que, tal y como lo refiere el Grupo Interagencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas en México “la desigualdad de género y la discriminación son los obstáculos más grandes que enfrentan las mujeres para poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y mejorar su calidad de vida […] los estereotipos de género han provocado que los adolescentes y hombres no sean incluidos en los programas de salud sexual y reproductiva; como consecuencia, no se sienten responsables de apoyar a las mujeres en ese aspecto […]”

En consonancia con lo hasta aquí considerado, la CEDHBC reitera la necesidad de que las acciones del Estado partan del reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos de derechos, a quienes se les debe garantizar el acceso a la información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, afines a su edad y sin discriminación, incidiendo en la prevención, disminución y erradicación de los embarazos no planeados y/o no deseados.

Las mujeres adolescentes, como cualquier otra persona cuentan con una dignidad intrínseca y son titulares de derechos humanos, siendo tan complejo el problema tratante que causa una flagrante vulneración de diversos derechos particularmente a la Educación, a la Protección a la Salud y por consecuencia al Desarrollo, así como al Libre Desarrollo de la Personalidad, los cuales atendiendo al principio de interdependencia, se encuentran vinculados entre sí y el reconocimiento de uno de ellos implica esencialmente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran emparentados, mismos que se amplían a continuación:

Respecto a la violación al derecho a la educación y a la protección de la salud, cabe subrayar que el embarazo adolescente afecta la permanencia en la educación ante la búsqueda de obtener ingresos económicos, viéndose presionadas particularmente las adolescentes a abandonar sus estudios, hecho que como es bien conocido y de conformidad a lo estipulado por la OMS en su pronunciamiento “El embarazo en la adolescencia”, una adolescente con escasa o ninguna educación  tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo, hecho que puede también tener un costo económico para el Estado dado a que se pierden los ingresos anuales de jóvenes que hubiesen ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo no deseado, mermando con ello el proyecto de vida de la adolescente y el de su pareja.

De conformidad al Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, el Derecho a la Educación consiste en la “prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, a partir de la adquisición de conocimientos […] partiendo del aprendizaje de valores y derechos humanos […] a fin de contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad”.

Por su parte el citado Manual enuncia que el Derecho a la Protección de la Salud es “la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población”,  abundando el autor que para los efectos de este derecho, se consideran servicios básicos para la salud los referentes a: “la educación para la salud […] la planificación familiar […] la asistencia social a grupos vulnerables”.

Respecto a la violación al derecho al desarrollo, si bien, hasta el momento se ha expuesto la obligación fundada del Estado en materia de educación y salud sexual y reproductiva, la generación de estrategias certeras por parte de la Administración Pública Estatal a través del GEPEA en favor de la población adolescente, precisa la necesidad de respetar y garantizar el Derecho al Desarrollo mismo que se define como “el derecho a la implementación y ejecución de programas sociales, económicos, culturales y políticos tendientes a mejorar de manera integral la calidad de vida humana” , las cuales deben instaurarse progresivamente de conformidad al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que alude a que “los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura […]”

La ENAPEA tal y como se estableció en el párrafo 23 de la presente, hace tangibles una serie de líneas de acción que se deben materializar en los Estados y Municipios de los cuales destaca el “asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y municipal […] implementar y sostener a lo largo del tiempo campañas de comunicación sobre los derechos sexuales y reproductivos, y los servicios amigables, con perspectiva de género, visión intercultural y adaptadas a las etapas de la adolescencia […] que integren intervenciones innovadoras a través de redes sociales, teléfonos celulares, mensajes de texto, así como el acompañamiento con materiales impresos y otras actividades culturales, ferias y unidades médicas móviles […] asegurar la prestación de servicios de salud sexual y reproductivas para adolescentes como la eliminación de barreras legales, institucionales y culturales […] fortalecer las capacidades y espacios de incidencia de las y los adolescentes y jóvenes para la transformación de normas sociales y culturales sobre el ejercicio de la sexualidad y sus derechos sexuales y reproductivos […]”.

En lo concerniente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, hablar de desarrollo adolescente positivo implica percibir, valorar y respetar a los adolescentes como sujetos de derechos con un gran potencial, pero también como participantes activos en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan directamente; el empoderamiento de las y los adolescentes permite reconocer la contribución que hacen a su comunidad y a su entorno, siendo estos la base para la construcción de la cultura de la paz, inclusión e igualdad, pero para ello deben crecer y formarse en un entorno protector, que les otorgue herramientas para desarrollar al máximo sus potenciales sin ser víctimas de actos que mermen en su proyecto de vida, mismo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos expuso su propia concepción en su sentencia al Caso Loayza Tamayo Vs Perú en los párrafos 147 y 148 , al inferir que este proyecto “atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas […] se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone […]”

El embarazo no deseado y/o no planeado en adolescentes, puede restringir el pleno acceso a la realización del proyecto de vida, el cual va de la mano con el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, mismo que ha sido definido por la Comisión Nacional como aquella prerrogativa que tiene toda persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir sus metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, y demás , siendo tutelado desde la educación por los artículos 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 29.1 inciso a) de la Convención sobre los Derechos del Niño que enuncian respectivamente que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” y “los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad […]”.

Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, esta prerrogativa comprende aspectos de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Por lo anterior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos formula las siguientes Recomendaciones a las y los integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes:

PRIMERO.- Elaboren un diagnóstico estatal a través del cual se detecten los principales factores que contribuyen al embarazo en la adolescencia, consultando no sólo a mujeres adolescentes sino también a hombres adolescentes, a fin de visibilizar la corresponsabilidad en las decisiones y conocer las causas y efectos, buscando con ello la elaboración de políticas públicas destinadas a prevenir, disminuir y erradicar los embarazos no planeados y/o no deseados en la adolescencia, resaltando la importancia de planear una vida sexual y reproductiva sana, responsable, libre y segura.  

SEGUNDO.- Lleven a cabo un diagnóstico a través de cada una de las dependencias y entidades que forman parte del GEPEA sobre los perfiles y conocimientos de su personal que instruye o implementa programas en materia de educación y orientación en derechos sexuales y reproductivos hacia las y los adolescentes, para constatar su preparación, sensibilización y que brinden un trato digno a los y las usuarias generando indicadores que demuestren las áreas de oportunidad con sus respectivas soluciones.

TERCERO.- Realicen las gestiones necesarias a efecto de que el personal de las dependencias y entidades que conforman el GEPEA, reciban capacitación eficiente, eficaz y actualizada, derivada de las necesidades detectadas en el diagnóstico antes planteado, que les permita desarrollar habilidades interpersonales tendientes a innovar su dinámica de acercamiento con la población adolescente, así como en temáticas de derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos así como en intervención y detección de víctimas potenciales de delitos sexuales, proveyendo herramientas y/o lineamientos con enfoque en derechos humanos.

CUARTO.- Diseñen y ejecuten una serie de campañas de difusión masiva a través de los medios de comunicación mayormente consultados por adolescentes como lo son redes sociales, en las cuales se empodere a este grupo poblacional como sujetos de derechos humanos, que brinde herramientas de conocimiento sobre su libertad sexual y la trascendencia de tomar decisiones reproductivas responsables e informadas, incluyendo la participación de padres, madres y demás miembros de las familias, a fin de facilitar la comunicación con las y los adolescentes en temas relacionados con la educación y salud sexual.

QUINTO.- Lleven a cabo un estudio respecto de la currícula y oferta educativa en nivel básico y medio superior del Sistema Educativo Estatal para que sean incluidas cátedras y/o actividades que inciten a la reflexión sobre la responsabilidad de los y las adolescentes en la prevención del embarazo, particularmente con ejercicios de sensibilización y promoción de paternidades responsables así como el desarrollo de nuevas masculinidades que rompan con los estereotipos, prejuicios y roles de género.

SEXTO.- Realicen jornadas interdisciplinarias en el Estado, a través de las cuales converjan las instituciones y dependencias gubernamentales, así como sociedad civil organizada que sea afín al objetivo de disminuir, prevenir y erradicar el embarazo no planeado y/o no deseado en adolescentes, con el propósito de brindar servicios de consejería, actividades culturales y de expresión, pláticas, talleres, servicios de salud y educación sexual a la población adolescente bajacaliforniana, en un ambiente positivo, accesible e incluyente.

SÉPTIMO.- Hagan las gestiones necesarias para que se impulse la asignación de recursos suficientes a fin de implementar las acciones y prácticas recomendadas, así como las que resulten necesarias para la promoción de políticas públicas y programas que incidan en la protección de los derechos humanos de las y los adolescentes particularmente a su educación y salud sexual y reproductiva.

OCTAVO.- Establezcan coordinación a través de las vías aplicables, a fin de compartir experiencias en la implementación de los GEPEAS y los objetivos establecidos en la ENAPEA, con otras entidades federativas que han reportado mayores avances como lo son Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

NOVENO.- Lleven a cabo las gestiones que resulten necesarias a efecto de que se impulsen en los cinco municipios los mecanismos para operar la ENAPEA.

DÉCIMO.- Instruyan la realización de capacitaciones para las y los titulares del GEPEA así como del personal a su cargo con perspectiva de género, en materia de derechos humanos, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Derecho a la Educación, a la Protección de la Salud, al Desarrollo y al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

DÉCIMO PRIMERO.- Incluyan en los programas, acciones y políticas públicas que implementen a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como lo son las NNA miembros de las comunidades indígenas, NNA con discapacidad y NNA en contexto de migración.

La Recomendación tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, eliminen dichas violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate.

Cabe precisar que las Recomendaciones Generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a la CEDHBC dentro de un término de treinta días hábiles.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California reitera su compromiso absoluto en la protección y defensa de los derechos humanos de todas y todos los bajacalifornianos

ECATE, B. C.- De manera cálida y emotiva fue la convivencia que tuvo el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea, con niños del orfanatorio Nazareth A.C., a quienes entregó regalos con motivo de las fiestas decembrinas.

Durante el evento las sonrisas iluminaron las caras de los pequeños quien además participaron en juegos, rifas y quiebra de piñatas, además comer un refrigerio y convivir con los cadetes de la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE).

Sosa Olachea indicó que más allá de acciones de combate al crimen y en contra de la delincuencia común y organizada, el bienestar y las condiciones de vida en que se encuentran los bajacalifornianos, ya sean niños, jóvenes o adultos, quienes requieran algún apoyo especial, son una preocupación de la dependencia.

Destacó que para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado siempre se trabaja y se busca coadyuvar con actividades y acciones positivas en beneficio de la sociedad en general con el propósito de formar un mejor estado.

Asimismo es de suma importancia mantener un vínculo estrecho con todos los sectores de la sociedad, especialmente con los más vulnerables, no solo en época de celebración, si no a lo largo año, como se ha realizado desde el principio de la actual administración estatal.

Durante el evento el Secretario de Seguridad Pública del Estado aprovechó para platicar y escuchar las experiencias de los cadetes de las diversas corporaciones que actualmente se encuentran en preparación dentro del Centro de Formación y Capacitación Policial (Cenfocap).

Tijuana, B. C.- Personal directivo de la Universidad de Tijuana CUT participó en el Taller General de Enfoque a Resultados de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), a fin de iniciar el proceso de autoestudio y re-acreditación institucional de los Campus Tijuana –en sus sedes Altamira y Oriente, Mexicali,  Ensenada y San Quintín.

Luego de obtener la acreditación Lisa y Llana en octubre de 2013, la Universidad de Tijuana CUT logró distinguirse en la región noroeste de México como una de las instituciones particulares con los más altos estándares de calidad académica, comprometida con una educación de calidad para el futuro profesional de su comunidad docente y estudiantil.

El Taller fue impartido por la Doctora Sonia Bacha Baz, directora del Sistema de Acreditación de FIMPES, organización que reúne a más de 100 Universidades Particulares de México. La Doctora Bacha Baz tiene una licenciatura en Filosofía, una maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Educación y Valores, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el área educativa.

El curso se desarrolló los días 18, 19 y 20 de diciembre en el Salón de Usos Múltiples del Campus Altamira y contó con la asistencia del Rector del Sistema CUT Universidad, Maestro Jesús Ruiz Barraza, así como directivos de cada uno de los Campus Altamira y Oriente de Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín, coordinadores académicos, personal administrativos de las áreas de Operación y Recursos Financieros, Imagen Institucional, Vinculación, Titulación, Sistemas y de Biblioteca.

El objetivo de esta capacitación es profundizar en los temas que abarca el autoestudio que emprenderá la Universidad de Tijuana CUT, para alinear todas las áreas al cumplimiento de la Misión Institucional, en favor de estudiantes, docentes y administrativos.

Cabe resaltar que la acreditación institucional se otorga a Instituciones que cumplen con los requisitos establecidos por la Federación, desde 1994. Actualmente, FIMPES es el único organismo en México que confiere una acreditación institucional que incluye la medición de la efectividad institucional.

Tijuana.- Tres trabajadores estuvieron en riesgo cuando una estructura colapsó y al caer los atrapó, esto fue generado por una grúa que acababa de ser reparada; no fue bien maniobrada, y entonces golpeó el esqueleto de acero y ocasionó el incidente.

Bomberos de Tijuana acudieron a las instalaciones de la construcción de la torre Medical del New City a las 7:40 horas cuando recibieron el reporte de dos trabajadores atrapados dentro de un elevador; al llegar ,encontraron que en realidad los empleados estaban entre las miles de varillas, una parte estaba armada y otra suelta.

 

 

 

 
.

Los encargados de la obra impidieron el paso a la zona; entonces, salió el director de la obra, Raúl González y aseguró que fue ocasionado por la mala intervención de una grúa reparada, esta golpeó parte de la estructura en construcción y cayó una parte sobre los fierros.

Agregó que las varillas que se utilizan en la construcción pasaron los niveles de resistencia de los laboratorios como es debido, por lo que la base está en perfectas condiciones, y solo se afectó la parte superior.

Gracias al trabajo de los bomberos, las víctimas del accidente fueron rescatados y llevados para ser tratados con la cobertura de Seguro Social desde la clínica 20 del Seguro Social, institución que confirmó su estabilidad.

En ese sentido, González aseguró que se les dará todo el respaldo como empleados por tener el seguro como corresponde por ley.

El director de Bomberos, Carlos Gopar Uribe, señaló que pidieron la suspensión de la construcción y le corresponderá a administración urbana revisar a detalle y definir si habrá clausura.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología confirmó que sí esperan información de lo ocurrido, como lo confirmó el director de Bomberos, pero ellos no pueden intervenir porque es una obra privada; únicamente esperan los datos por cuestión de estar al tanto de la edificación.

“Primero tienen que dar dictamen de lo que pasó, tiene que reportarse, que nos haga la narrativa de lo que sucedió, no es competencia del ayuntamiento es competencia informativa que nos tienen que dar propietarios de la obra”, confirmó Alejandro Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

La torre Medical New City se construye en entre el bulevar General Manuel Márquez de León, esquina con bulevar Paseo Centenario; su culminación está programada para principios de 2019 y sería una estructura de hasta 30 pisos.

VIDEO DE INTERÉS

Please enter youtube id.

BANNERS DERECHA

 
 

Carlos Alejandra, A.C.