En ese sentido, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, en representación del Gobernador del Estado, acudió a la Ciudad de México donde sostuvo una Reunión de Concertación de Recursos Federales 2017, donde se dio a conocer la asignación de recursos con la finalidad de fortalecer la seguridad de las entidades y municipios.

La reunión fue encabezada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álvaro Vizcaíno Zamora, quien dio a conocer los montos aprobados para nuestra entidad a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Para el FASP se anunció que este 2017 serán destinados 372 millones 478 mil 703 pesos, mientras que para el FORTASEG son 268 millones 311 mil 956 pesos, ambas cifras prácticamente similar a los montos asignados a Baja California el año pasado, dando un total entre ambos programas de 640 millones 790 mil 659 pesos.

De la Rosa Anaya afirmó que  gracias a las gestiones realizadas por el Gobernador Vega de Lamadrid, se lograron recursos importantes para Baja California en temas prioritarios como capacitación, sistemas tecnológicos, equipamiento, prevención del delito, participación ciudadana y policía cibernética, entre otros programas.

El Secretario de Seguridad Pública explicó que las metas trazadas por la actual administración estatal  son claras, mantener un modelo sólido y efectivo de combate a la delincuencia para dar certeza a las familias bajacalifornianas que en este tema se trabaja sin descanso.

El titular de la SSPE dijo que los retos actuales requieren de todo compromiso y por ello es que la coordinación en materia de seguridad es una realidad en Baja California con la conjunción de esfuerzos entre estado, federación y municipios, con el invaluable apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

De la Rosa agradeció al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, así como al Secretario adjunto, Lázaro Gaytán, por la apertura y la confianza brindada a Baja California para continuar con el desarrollo de acciones que beneficien a los ciudadanos.

El titular de SDUE, Alejandro Lomelín, indicó que los cierres son necesarios para avanzar en estas obras, pero se contemplaron en un horario de las 23:00 a las 4:00 horas, con la intención de no interferir con la movilidad que requiere la ciudad durante el día, donde el flujo vehicular es mayor,

“Estas obras se están realizando con la finalidad de tener una Tijuana con un sistema de transporte viable y a la altura de los ciudadanos, y nos ayudarán a tener una mayor movilidad pero sobre todo que abastezca las necesidades del tráfico diario.

“El alcalde Juan Manuel Gastélum nos encargó la labor de manera primordial, pues es imperante el enfocarnos en solucionar y dar agilidad a las vías para poder hacer de Tijuana la mejor ciudad de México”, aseguró. 

El funcionario municipal indicó que las obras del puente el Chamizal se realizarán a la altura de Unidad Deportiva Tijuana en el sentido poniente, y talleres municipales en el sentido oriente, y consisten en el traslado de un trabe y grúa al sitio, para el izaje de la estructura metálica de alrededor de 38 toneladas con una longitud de 32 metros, esta obra realiza la conexión de una estación a otra.

Zona de Trabajo (Cerrado Vía Rápida y lenta Poniente en sentido a Presa).

En la conferencia "La importancia de las defensorías universitarias", realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través de su Procuraduría de Derechos Universitarios, Sánchez explicó que de manera general las defensorías universitarias velan porque se respete la legalidad dentro de las IES, y protegen los derechos de estudiantes, profesores y personal administrativo.

“Las defensorías nacieron para que se respete la legalidad ante actos inadecuados de autoridades, profesores e incluso estudiantes”. Sin embargo, precisó: “Las defensorías se encargan de defender derechos universitarios; no se encargan per se de defender alumnos o profesores”. Por lo que “si alguien siente que le fue vulnerado un derecho, puede acudir a la defensoría, la que señalará si hubo o no vulneración de un derecho (universitario)”.

Al describir el funcionamiento de las defensorías, el doctor mencionó que en el caso de una posible violación a un derecho universitario puede presentarse una queja ante la defensoría, que pedirá información a la autoridad universitaria para saber si lo que está afirmando el quejoso es cierto o no. Y en función de la información que proporciona la autoridad y lo que se pregunta al quejoso la defensoría tiene la posibilidad de emitir una recomendación.

“El deber fundamental del defensor es ayudar a la resolución de conflictos”; o mejor aún, resolver cuasi conflictos, es decir, antes de que éstos se presenten.

Defensorías tutelan normatividad universitaria

El Mtro. Jaume Benaloy Marco, secretario general y coordinador de la Defensoría Universitaria de la Universidad Católica Los Ángeles de Chembote (Perú), también destacó la importancia de la existencia de las defensorías “porque siempre es conveniente que haya una institución que tutele el cumplimiento de la normatividad vigente dentro de una universidad, y por ende, que salvaguarde los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria”.

Para dar con la verdad en una queja ante la defensoría universitaria, ésta recabará  todos los datos posibles para poder confrontar qué ha sucedido y ver si realmente se está incumpliendo algún deber o responsabilidad. “La defensoría siempre va a proceder a investigar más allá de las evidencias que puedan aportar los usuarios”. De ser cierto el reclamo, se procederá a tomar medidas pertinentes.

Un punto importante que destacó Benaloy es que las defensorías no tienen capacidad de resolver ni de sancionar. “Simplemente recogen la información, la investigan y hace recomendaciones”; mismas que se emiten a las personas que incurren en faltas, para que dejen de actuar de cierta forma, aquella que violó la normatividad.

“También pueden hacer una recomendación a las autoridades si es que es una falta tipificada en el reglamento de disciplina universitaria, para que si lo considera procedente, se abra un proceso  sancionador”. Ese proceso sancionador igualmente se abre en el caso de que el quejoso haya presentado información que no es veraz.

El maestro agregó que en su proceder, las defensorías siempre tienen que actuar con confidencialidad  y prudencia. Su labor es un ejercicio de mediación que no busca judicializar los conflictos, al contrario, intenta resolverlos lo más pronto posible. “Se trata de resolver los conflictos que puedan darse dentro del ámbito universitario, precisamente para evitar tener que ir a organismos extrauniversitarios”, como puede ser acudir ante juzgados, pues “las universidades tienen que ser lugares de encuentro con la paz”.

Su imparcialidad da mayor credibilidad a las defensorías, que no están a favor ni en contra de los estudiantes, ni resto de miembros de la comunidad universitaria a quienes defiende. En tanto que la inmediatez es una característica importante de las defensorías, con el fin de dar resolución a los casos en poco tiempo.

Más allá de una nota negativa, “una queja ante la defensoría es un regalo”, que ciertamente incomoda por ser un problema para la universidad, pero también es una forma de identificar oportunidades de mejora en el funcionamiento de la IES, para que su servicio educativo sea de mayor calidad.

Pero “no se pueden exigir derechos si no se cumplen los deberes. Por eso la defensoría tiene que exigir que se cumpla la normatividad. Mis derechos terminan donde empiezan los de otros. No se puede sólo exigir sin exigirnos. No se pueden exigir nuestros derechos sin ser cumplidores de nuestros deberes. Exigir implica también exigirse. La defensoría tiene que ver las dos cosas, derechos y deberes”.

La defensoría universitaria en la IBERO

En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México las funciones de la defensoría universitaria corren a cargo de la Procuraduría de Derechos Universitarios, que proporciona asesoría sobre la normatividad que emana del Estatuto Orgánico; además de investigar las quejas, formular recomendaciones y poder turnar los mismos al Tribunal Universitario.

El imputado EDGAR “N”, de 37 años, quien intentaba cruzar la frontera por la Garita Oriente, fue entregado por personal del INAMI a elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la vida y la integridad.

Al ex agente de la Policía Estatal Preventiva, se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito dedesaparición Forzada de personas, por los hechos registrados el 4 de abril del 2011, en el ejido Guadalupe Victoria.

De acuerdo a testigos, el incidente ocurrió cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva llegaron a bordo de varias unidades oficiales, a una casa ubicada en la Calle Quinta del mencionado ejido, en donde se encontraba la víctima (quien era el velador del inmueble) en compañía de un menor de edad.

Una parte del grupo de agentes estatales, ingresaron a la casa rompiendo los candados de la puerta exterior, mientras que otros permanecieron en el exterior haciendo labor de seguridad perimetral apoyando las labores de sus compañeros que entraron al domicilio.

Los elementos policiacos detuvieron al adulto y al menor que se encontraban en el lugar, los golpearon por varios minutos, después envolvieron a la víctima en una cobija, la sacaron y la subieron a la caja de carga de una de las unidades, para llevarlo a un lugar desconocido para ocultarlo, hasta el momento se desconoce de su paradero.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión el imputado fue trasladado el CEDEPRO en espera de la audiencia para su vinculación a proceso