Tijuana.- La delegación Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó haber logrado un ingreso de 200 millones de pesos por concepto de las cuotas obrero-patronal, seguros y revisiones asertivas que la institución llevo a cabo.
La delegación reporta un máximo histórico de 206 mil nuevos empleos en toda la región, por lo que el padrón asciende a más de dos millones de derechohabientes en todas las clínicas y hospitales.
El licenciado José Alfredo Jiménez Gálvez, jefe de afiliación y cobranza de la delegación Baja California del IMSS, detalló que a la fecha, en este 2016 las altas por empleo han tenido un incremento del 20%, derivado de la llegada de trabajadores del campo principalmente.
"Tenemos una afiliación mayor por San Quintín y Valle de Mexicali con un incremento del 10% en ambos sitios, manifestó Jiménez Gálvez.
Detalló que antes de 2016 se había tenido un decremento en el número de empleos nuevos, sin embargo explicó que este año el repunte se dio principalmente en los sectores de servicios y comercio.
El directivo aprovechó para informar, además, que con la nueva aplicación del IMSS, la cual se puede utilizar en una computadora o smartphone, se puede revisar que el salario que esté recibiendo el trabajador sea el adecuado a sus servicios, y de no ser así, puede denunciar para que se revisen los movimientos de la empresa.
Detallando así el jefe delegacional de afiliación y cobranza que se le extiende en primer lugar una carta invitación a la empresa para aclarar la situación, y de no atender dicha solicitud, se da inicio a una auditoría al negocio para determinar si las acciones que está realizando están acordes a la ley.
Por último, agregó que en el tema de estudiantes se sobrepasó la meta, ya que a un mes de que concluya el año, 156 mil jóvenes están ya afiliados al IMSS y gozan de seguridad social.
En opinión del diputado Carlos Torres Torres, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California deben reconsiderar su pretensión de cobrar 60 días de aguinaldo.
El legislador dijo lo anterior ante los medios de comunicación al referirse a una solicitud del IEE para que se le autorice una transferencia de recursos por 3 millones 909 mil pesos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2016.
Torres Torres reveló que con ese monto se pretende pagar el aguinaldo de los consejeros para el presente año, lo que consideró excesivo cuando las diferentes instancias de gobierno de Baja California buscan alternativas de ahorro.
Comentó que la solicitud fue aprobada en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque así lo establece la ley, pero consideró que estos funcionarios deben reconsiderar su petición y solidarizarse con la intención común de los gobernantes, que es la de reducir gastos para destinarlos a acciones que beneficien a la población.
Por otra parte, adelantó que se revisará el marco legal a fin de analizar la procedibilidad de esta prestación, con la finalidad de reconsiderarla para el presupuesto de 2017.
“Yo exhorto a los consejeros a que tomen conciencia de la situación económica por la que atraviesa la entidad y por iniciativa propia renuncien al aguinaldo o por lo menos reduzcan al monto”, subrayó el diputado Torres y, en respuesta a una pregunta, aseguró que los legisladores locales no recibirán esa prestación.
Tijuana.- A partir del 1 de enero de 2017, el Salario Mínimo General se ubicará en los 80.04 pesos (compuesto por un aumento porcentual del 3.9%, sumado a un aumento nominal de 4 pesos), situación que apludió el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.
En un comunicado dijo que se congratula por el importante paso que ha dado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por trabajadores, por patrones y por representantes de gobierno, para fortalecer el poder adquisitivo del salario de quienes menos ganan en la economía formal.
“El conjunto de estos incrementos, repito, permitirá que el Salario Mínimo General se ubique desde el primer día de 2017 en los 80.04 pesos, que es un paso importante en la dirección correcta”.
Coparmex reconoce el acuerdo histórico de la Conasami puesto que por primera vez se establece una modificación al salario que, además de tener el referente porcentual ligado a la inflación, como tradicionalmente ha ocurrido, considera ahora un aumento nominal en pesos, como lo propuso recientemente la Coparmex, con lo cual, ni duda cabe, se da un primer paso para recuperar el poder adquisitivo del salario, sobre todo del Salario Mínimo General que se había venido deteriorando en las últimas décadas.
Hay que recordar que generalmente, en la negociación que se lleva a cabo en el mes de diciembre en materia de salarios mínimos únicamente se aprobaba un incremento porcentual ligado a la inflación.
Lo histórico de la decisión que hoy ha adoptado la Conasami es que por primera vez, además de este incremento porcentual, se da un incremento nominal que permitirá de manera efectiva la recuperación del poder adquisitivo del Salario Mínimo.
En términos efectivos, este incremento salarial representa para las personas que ganan el salario mínimo, 7 pesos adicionales diarios en su remuneración.
Por.- Alfredo Calva
Incomodas ceremonias….
Las ceremonias de cambio de poderes municipales en algunos de los municipios, Tijuana y Ensenada, resultaron incomodas para los alcaldes electos e inclusive para el gobernador del estado, Francisco Vega quien acudió a estas como invitado y testigo de honor de los actos protocolarios.
Obviamente como toda evento político es aprovechada por los actores para allegarse capital político en beneficio personal y del organismo al que pertenecen, y en ese sentido, es como se registraron las acciones que incomodaron a los ejecutivos y colocaron en la palestra a sus protagonistas.
Sin duda alguna el destacable de estos desencuentros fue el suscitado en Tijuana, cuando en uso de la palabra la regidora coordinadora de la fracción del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Vega, dejo en claro que quien debería estar asumiendo la presidencia municipal era el Teniente Coronel Julián Leyzaola, quien no llego a la posición por las malas prácticas de las autoridades electorales.
Lo anterior, fue la parte amable del discurso de Vega quien emergió beligerante y se lanzo contra tirios y troyanos, fue por toda la clase política que ha gobernado esta municipalidad, destacando que los ediles de su partido no serán la piedra en el zapato que todos piensan, que a todo dirán que no, pero tampoco serán comparsas y solapadores de todo aquello que se pretenda llevar a efecto en perjuicio de los tijuanenses.
Obviamente la molestia de los aludidos no la pudieron ocultar, y pese a los intentos de acallar a Mónica Vega, o cuando menos hacer inentendibles sus expresiones por parte de un grupo de panistas que acudieron a palacio municipal a la ceremonia, la regidora concluyo con satisfacción en el rostro su participación.
Por lo que respecta al municipio de Ensenada, hubo posiciones críticas y bajo la retorica de que no permitirán nada indebido los ediles de oposición que se invistieron como los garantes de la probidad, eficacia e eficiencia gubernamental para el ejercicio administrativo del XXIII Ayuntamiento.
En fin, el arranque de las cinco administraciones ya se dio, y como en cada periodo gubernamental que se registra, quienes llegan a emprender el nuevo gobierno buscan la forma de irse amoldando y adaptando a las circunstancias y características con las cuales reciben las administraciones e implementado las acciones que les permitan dejar su huella como muestra de su paso por el gobierno.
¿Asesores o Absesores?....
La alcaldesa de Rosarito Mirna Rincón Vargas, debe de reconsiderar la permanencia del grupo de asesores que la rodean porque en lugar de facilitar su tarea y labor, solo contribuyen a ineficientizar su acción y generarle equívocos que contribuyen a retraer la fluidez de su actividad.
Prueba de lo anterior, la primer sesión de cabildo que presidió ayer jueves y en el que los asesores solo le sirvieron para empantanarle sus acciones, enredándose ellos y provocando que la presidenta municipal en ocasiones dudara de que acción correspondía en ese instante.
Lo que permite preguntarse si esos que la merodean son en verdad asesores, o solo son simples absesores.
Mucho ayuda quien no estorba.
Y mientras tanto….
El gobierno federal sigue haciéndose como el “Tío Lolo” y continua dando largas a la demanda de residentes de Playas de Tijuana, que desde hace años piden la eliminación del cobro de cuota sobre la caseta Tijuana-Rosarito.
El diputado estatal Luis Moreno Hernández, del Partido Encuentro Social (PES), manifestó la postura de dicho instituto político, por la defensa de los derechos político electorales de muchos ciudadanos que pudieran participar como candidatos independientes en futuras contiendas, mediante el retiro de candados legales que hay actualmente y que pueden limitarlos.
En entrevista con comunicadores, después de participar en sesión del pleno en el Congreso del Estado, Moreno Hernández reiteró su postura personal y a nombre del PES, de que debe existir mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos por parte de los tres niveles de gobierno, además de reiterar la necesidad de que se retire el financiamiento público a los partidos políticos.
"Las candidaturas independientes ya son una realidad en Baja California, y los candados que existen los tenemos que quitar. Si aún en la Constitución se establece el candado de que los regidores de las planillas independientes no puedan llegar por la vía de la representación proporcional, y que ya hay sentencias en los tribunales, pues que quiten esos candados", dijo.
Como tema de ejemplo, y que en lo personal la interesa que se analice por considerar que "sin duda tenía dedicatoria en el proceso electoral pasado, mencionó la limitación que existe para que personas que ya fueron candidatos de un partido, la Ley Electoral actual les prohíbe ser candidatos independientes si lo hicieran en un margen menor a tres años.
"Estoy convencido de que ese artículo tenía una dedicatoria a varias figuras que rechazaron su militancia o que no estuvieron de acuerdo con los procesos internos, y que les quisieron aplicar este candado; sin embargo, si en el caso particular ya hay sentencias en tribunales que dicen claramente que esto es atentatorio y violatorio a los derechos políticos electorales, entonces hay que quitar tales candados", dijo.
Agregó el legislador estatal que, más adelante, el Congreso de Baja California entrará a un proceso de revisión sobre los requisitos que la Ley Electoral establece respecto a la recaudación de firmas para ser candidato independiente a gobernador, presidentes municipales y diputados estatales, que a su juicio son excesivas y sobre lo que se debe realizar una revisión a fondo.
“Lupa” al financiamiento y uso de recursos
"En el tema del financiamiento, hace falta que haya piso parejo para todos; presentamos una adhesión de esta legislatura para que se pueda retirar el financiamiento a los partidos políticos y que estos se sostengan exclusivamente con las cuotas de sus militantes; vamos a esperar que este proyecto pase a nivel federal para que aquí hagamos las adecuaciones a la Ley Electoral", dijo.
Moreno Hernández explicó que la figura de financiamiento privado, actualmente da lugar a dudas y especulaciones, "sobre todo por el peligro latente y constante de que el crimen organizado puede estar financiando campañas, como seguramente está ocurriendo; y por esa razón queremos un financiamiento más sano y más genuino, que viene de gente que sabemos quiénes son, y no de gente que se esconde en la oscuridad del anonimato para financiar campañas".
"Creo que si Baja California ha sido vanguardia durante tantos años, democráticamente hablando, pues que también lo sea en aspectos de transparencia y rendición de cuentas", concluyó el legislador del PES.
Mexicali, B. C. jueves 1 de diciembre de 2016.- La diputada Mónica Hernández Álvarez propuso reformar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado, con el propósito de eliminar la expedición de constancias de antecedentes penales.La iniciativa fue presentada ante el Pleno de la asamblea a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, en sesión ordinaria, donde la legisladora propuso reformar el contenido de la fracción XIV del artículo 6 del citado ordenamiento.“La pretensión legislativa es muy concreta compañeras y compañeros diputados, consiste en que se elimine la expedición de constancias de antecedentes penales a particulares y solo subsista y se comuniquen dichos registros informativos entre dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, tal como lo prevé el artículo 42 y 57 de la Ley de Seguridad Pública del Estado Baja California”, dijo Hernández Álvarez.
La diputada, que preside la Comisión de Comunicación Social y forma parte de la Comisión de Seguridad Pública, subrayó que como inicialistas, no existe oposición alguna en las acciones que realizan las autoridades en materia de seguridad pública relativa a mantener una base de datos para fines estadísticos, informativos o de cualquier naturaleza, que sirva para ejercer de mejor manera la labor que por mandato de ley se les ha conferido, pero en muchos casos dichas acciones se traducen en prácticas que resultan contrarias a los derechos fundamentales de aquellas personas que ya han saldado su deuda con la sociedad y desean reinsertarse de manera efectiva.
Argumentó que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que: “El hecho de haber cometido un delito intencional, puede llegar a constituir un factor que demuestre la falta de probidad o de honestidad de la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero no resulta determinante, por sí solo, para tener por acreditada la carencia de esas cualidades. Continua el criterio del Alto Tribunal: “si una persona comete un ilícito, no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social”.
La reforma propuesta al mencionado artículo establecería en su fracción XIV: “La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender cundo lo soliciten autoridades administrativas o judiciales competentes para fines de investigación criminal, procesales, requerimientos de autoridad judicial o fines estadísticos gubernamentales. En ningún caso los terceros tendrán la potestad de conocer o solicitar antecedentes penales como condicionante para el ejercicio de algún derecho”.
La iniciativa fue turnada para su análisis y procedibilidad a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
El Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través del Sistema Educativo Estatal (SEE), otorgó un reconocimiento a las ganadoras de los tres primeros lugares de la sexta Muestra Municipal “Cuentacuentos” del nivel Secundaria.
El Delegado del SEE en Tijuana, Lic. Adrián Flores Ledesma, felicitó a las alumnas por su talento y preparación para esta actividad, la cual lleva por objetivo mejorar el desempeño de las habilidades de comunicación y fomentar la lectura entre los estudiantes de la entidad.
Comentó que la muestra forma parte de las estrategiasdel Programa Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), y va encaminada a mejorar el desempeño de las habilidades de comunicación de los alumnos.
Flores Ledesma agregó que con el seguimiento de estas estrategias el SEE busca impulsar y promover la lectura entre los maestros, directivos y alumnos de educación inicial, especial y básica.
En la Muestra Municipal “Cuentacuentos” correspondiente a este ciclo escolar participaron 18 alumnos de Secundaria, seleccionados de entre sus compañeros a través de un concurso interno, primero en sus escuelas y después entre cada zona.
El primer lugar fue para Amy Ahnayatzen Gutiérrez Simental, alumna del Centro Educativo Salud y Saber adscrito a la Zona 13; el segundo para Sarita Michel Aguilar Morales, inscrita en la Telesecundaria No. 17 de la Zona 27; y el tercero para América Limón Márquez, alumna del Instituto México Miramar 109 de la Zona 10.
Las galardonadas estuvieron acompañadas por sus familiares en la recepción de manos de las autoridades educativas de la correspondiente placa de reconocimiento por su logro.
TIJUANA.-El ex director del C-4 en Baja California, Luis Felipe Chan Baltazar es el encargado de despacho de la Dirección de Policía Municipal en esta ciudad fronteriza.
Esta mañana lo presentaron el alcalde Juan Manuel Gastélum y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Chan Baltazar ha sido jefe de policía en Sonora, Policía Estatal Preventiva (PEP) así como agente del Ministerio Público Federal.
El Presidente Municipal consideró que deben empezar a dar resultados porque la estrategia actual está mal y se ve a diario en las noticias con el incremento de los homicidios, que en este año rebasan los 740 casos.
Chan Baltazar pidió a los oficiales empezar a trabajar y ver los cambios como eso porque el objetivo es trabajar por la ciudad.
Tijuana.- Este miércoles 30 de noviembre el alcalde electo Juan Manuel Gastélum Buenrostro tomará protesta como presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
Un día antes, Gastélum Buenrostro y parte de su equipo tuvieron un ensayo general en Palacio Municipal, recinto donde se realizará la ceremonia a las 14:00 horas.
Por: Inés García | ZETA
Héctor Díaz Cervantes, consejero de la Judicatura, representó a la aseguradora MetLife en un juicio por incumplimiento de contrato a una paciente de cáncer. La compañía rechazó pagar el tratamiento médico por alegar una falta de pago, argumento que resultó ser falso. El Juez Tercero de lo Civil sentenció a favor de los afectados, pero cuando Díaz Cervantes asumió funciones como consejero, redujo a una cantidad mínima el monto a pagar.
A sus más de 60 años de edad, tres de los cuales los pasó en tratamiento contra el cáncer, María del Carmen Herrera Nájera perdió la vida el 6 de noviembre de 2016. Sin embargo, su enfermedad no fue la única batalla que la mujer y su esposo emprendieron.
Al mismo tiempo, la pareja se enfrentó en tribunales a la empresa aseguradora MetLife México que rechazó cubrir el tratamiento médico que requería, a pesar de la existencia de una póliza de gastos médicos mayores. En un juicio ordinario mercantil, el juez sentenció a favor de los afectados. “Se condena a MetLife, al cumplimiento del contrato de seguro para gastos médicos que celebró con José Ángel Arreola Garzón (…) y con ello al pago de las cantidades de dinero que tuvo que erogar con motivo de la intervención quirúrgica de que fue objeto la coasegurada María del Carmen Herrera Nájera, así como al pago de los gastos por su atención hospitalaria”, se lee en la sentencia definitiva del expediente 40/2014 en el Juzgado Tercero de lo Civil de Tijuana, fechado el 29 de octubre de 2014. Pero el 28 de enero de 2016, el juez Alfonso Fonseca Vizcaíno determinó que el total de los gastos a pagar sería de 56 mil 926 pesos, casi una décima parte de los 490 mil 812 pesos que el demandante había solicitado por el total del tratamiento. “Me enfadé porque pagué por un servicio y no me la estaban dando. Tampoco me pagaban lo que me debían, así que pedí al juez que, por rebeldía de esas personas, me pagaran lo que había gastado y pude comprobar con facturas”, narra el afectado a ZETA.
Para José Ángel Arreola Garzón, la decisión del juez Fonseca Vizcaíno responde a que el abogado representante de MetLife México durante el juicio, Héctor Orlando Díaz Cervantes, inició funciones como consejero de la Judicatura de Baja California, el 1 de diciembre de 2014. Su nombramiento, asegura, influyó en la determinación del juez para no hacer pagar a la empresa una cantidad mayor, ya que el juez forma parte del propio Consejo de la Judicatura, donde Díaz Cervantes funge además como presidente de la Comisión de Administración.
De ahí que Arreola Garzón presentara una denuncia por fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la que además de MetLife México, aparecen como presuntos copartícipes del ilícito, el consejero Héctor Díaz Cervantes; el juez Tercero de lo Civil, Alfonso Fonseca Vizcaíno; y la abogada Ibeth María Mendoza Machado, representante legal de MetLife y quien llevó el caso al lado del consejero. Así da cuenta la averiguación previa FED/BC/TIJ/0000527/2016, recibida el 30 de agosto en 2016 y cuya copia, junto a otra del expediente 040/2014 del Juzgado Tercero Civil, está en poder de ZETA.
El afectado asegura que la lucha legal ya no se basa en recuperar el millón de pesos invertido en el tratamiento médico, sino advertir de las prácticas de empresas aseguradoras que retiran los beneficios a quienes se comprometieron a ayudar cuando más lo necesitaran. “Yo hubiera gastado toda mi vida, pero desgraciadamente no pude lograr salvarla”, explica el afectado días después del fallecimiento de su esposa.
La cobertura incluía gastos médicos de cualquier enfermedad, convalecencia y recaídas de enfermedad, hasta lograr la sanidad o hasta el fallecimiento del paciente. También gastos médicos de emergencia en el extranjero, hospitalización en el Hospital Ángeles en cualquier ciudad de la República Mexicana, el pago de medicamento, tratamiento, aparatos ortopédicos y gastos para la recuperación del paciente. El 24 de marzo de 2011, Arreola Garzón firmó el contrato privado con MetLifeMéxico tanto para él como para su esposa María del Carmen Herrera Nájera, en la póliza 06001 I0168508.
El 24 de marzo de 2012 renovó el contrato y la cobertura se extendió al 24 de marzo de 2013, en la póliza 06001 I0214868. De acuerdo con Arreola Garzón, la empresa le notificó que tendría “un mes de gracia” para el pago de una nueva póliza, según se lo hizo saber el agente Fernando Tafoya Ortega. El 20 de marzo de 2013, durante una mastografía, a María del Carmen Herrera Nájera -esposa de Arreola- le detectaron un pequeño tumor en el seno derecho. Su esposo acudió con el agente de seguros para iniciar los trámites para la atención médica. La prima total que el hombre pagaba era de 48 mil 308 pesos al mes. “Fernando Tafoya Ortega me hizo del conocimiento que no había problema alguno, que todo estaba liquidado y que tenía un mes de gracia para pagar la póliza referente al seguro médico, esto es, el día último para realizar el pago era el 24 de abril de 2013”, se lee en la denuncia interpuesta ante la PGR.
Fue así como el agente de MetLifeMéxico realizó los trámites y documentación para ingresar a María del Carmen al Hospital Ángeles. Por correo electrónico envió una carta autorización de pago directo para la internación de la paciente, refiere el demandante en el documento. La autorización de honorarios al cirujano Alfredo Ornelas Abrego se aprobó por 21 mil 980 pesos, más 7 mil 799 pesos por anestesia, continúa el escrito. Antes que la cirugía de biopsia y extirpación del tumor se realizara, Arreola Garzón pagó 35 mil pesos al Hospital Ángeles por deducibles.
Al salir de la cirugía, a la paciente y a su esposo se les informó que el tumor era cancerígeno. Después, el cáncer de mama se extendería hasta los huesos. Conforme el médico explicaba a Arreola Garzón de los detalles del padecimiento, “se presentó el encargado de cobros del Hospital Ángeles para decirme que la aseguradora no iba a cubrir algún adeudo”, señala el escrito de denuncia ante el Ministerio Público federal. Cuando el asegurado acudió a las oficinas de MetLife en Tijuana, Joanna Aquino León, representante ejecutiva de la compañía, le dijo que su póliza estaba cancelada desde agosto de 2012 por una supuesta falta de pago de la mensualidad correspondiente a junio de ese año. Arreola Garzón le inquirió a la representante de MetLife por qué no le había sido notificado ese supuesto incumplimiento en los pagos y por qué habían aceptado los pagos subsecuentes, y mostró los recibos de pagos de las mensualidades. De acuerdo con el denunciante, la empleada le manifestó que no era necesaria tal notificación “y a la vez me afirmó que la carta de autorización que fue expedida para ingresar a mi esposa al Hospital Ángeles y de pago directo, no era auténtica”.
Como abogados de MetLifeMéxico se presentaron Héctor Díaz Cervantes Díaz e Ibeth María Mendoza Machado -después representarían a la empresa en el juicio civil- para continuar con el argumento de la falta de pago.
En audiencia celebrada el 30 de octubre de 2013, la licenciada Mendoza Machado “acepta los pagos correspondientes a la vigencia de junio y septiembre de 2012, así como el pago en enero de 2013”, los cuales habían sido negados en un principio por la empresa, señala la averiguación previa levantada por fraude. A decir de Arreola Garzón, la abogada justificó que “las primas se reportan a esta aseguradora como extemporáneas por 23 mil 846 pesos y manifiesta que, si así fuera el deseo del quejoso, esa cantidad se puede poner a disposición de él, siempre y cuando ponga en disposición de la aseguradora, los recibos correspondientes a los pagos de las vigencias referidas”. De la no notificación de la cancelación, la apoderada legal de MetLifeMéxico manifestó “que la compañía en cuanto acreditó que hubo falta de pago, notificó la cancelación de la póliza al agente y no era posible acceder a mi petición de gastos médicos”, indica Arreola Garzón en la denuncia ante la PGR. De ahí que considere que se configuró el delito de fraude, ya que “si no hubiera reclamación y gastos por pagar, la compañía se iba a quedar con el dinero, obteniendo con lo anterior un lucro indebido”.
Sobra decir que los 23 mil 846 pesos que la empresa ofreció al quejoso no cubrirían siquiera el ingreso hospitalario de la paciente al Hospital Ángeles, uno de los más costosos en la ciudad, menos aún el tratamiento contra el cáncer. Ahí radicaba la molestia de los asegurados, quienes contrataron el seguro, precisamente, para tener la garantía de una cobertura total en caso de presentarse una enfermedad de este tipo. “Cuando estábamos jóvenes, le teníamos mucho miedo al cáncer”, recuerda el viudo. Inconforme, la pareja decidió presentar una demanda por la vía civil para que MetLife cumpliera con el contrato pactado.
Irregularidades al final del juicio.
El 17 de enero de 2014, José Ángel Arreola Garzón presentó una demanda civil por incumplimiento de contrato ante el Juzgado Tercero de lo Civil, contra MetLifeMéxico, por el pago de los gastos médicos de la coasegurada. En el expediente 0040/2014, la demanda fue admitida con los licenciados Héctor Díaz Cervantes e Ibeth María Mendoza Machado como representantes de la parte demandada.
El 29 de octubre de 2014, el titular del Juzgado, Alfonso Fonseca Vizcaíno sentenció a MetLife al cumplimiento del contrato de seguro para gastos médicos mayores, el cual declaró válido desde la fecha que se suscribió, 24 de marzo de 2011. La sentencia fue emitida, pero la empresa seguía sin pagar. “Los licenciados Héctor Díaz Cervantes e Ibeth Mara Mendoza Machado me contactaron y me pidieron que no me preocupara, que le iban a mandar una lista de gastos a la aseguradora”, argumenta el demandante. Transcurrieron los meses y, hasta el 27 de marzo de 2015, la compañía seguía sin pagar a los afectados, por lo que Arreola Garzón solicitó dictar sentencia ejecutoria, lo cual ocurrió el 14 de abril de ese año.
El 26 de octubre de 2015, el hombre presentó una planilla de gastos por el tratamiento médico de su esposa. Dos días después, Díaz Cervantes sería nombrado consejero de la Judicatura de Baja California por el Congreso local. “El actuario Eduardo Magaña Becerra notificó en dos ocasiones el mismo acuerdo, lo que permitió a la parte acusada, objetar con tiempo la planilla de gastos y costos que presentó el denunciante”, afirma Arreola Garzón en su denuncia por fraude, y considera que esta acción favoreció al consejero Díaz Cervantes como representante de la empresa, ya que cuando reclamó al actuario la doble notificación, éste le respondió “donde manda capitán, no gobierna marinero”.
Lo anterior le hace pensar “que el juez le ordenó al actuario o que al juez le ordenó su superior, el licenciado Héctor Díaz Cervantes”. El 12 de enero de 2016, el Tribunal Superior de Justicia, ratificó al juez Fonseca Vizcaíno por cinco años más en su puesto.
Consejero intenta deslindarse
A través de la Oficina de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, tanto el consejero Héctor Díaz Cervantes como el juez Alfonso Fonseca Vizcaíno, negaron saber de la existencia de una denuncia en su contra por fraude ante la PGR. También rechazaron ofrecer alguna versión o postura sobre los hechos de los que se les acusa. En específico, el consejero Díaz Cervantes refirió a la licenciada Ibeth Mendoza Machado, quien desde 2004 es apoderada legal de MetLife México, para hablar del caso. Por vía telefónica, Mendoza Machado explicó que si bien el juez resolvió a favor de Arreola Garzón “esa sentencia no determina una cantidad, sino que deberá ejecutarse mediante un incidente para que presente facturas, sin embargo, esas facturas se valoran”.
Así que cuando éste presentó su incidente de ejecución de sentencia para solicitar el pago, ella mismo objetó algunas de las facturas exhibidas. “Algunas facturas no pueden tomarse en cuenta porque fueron de gastos posteriores que no entraron en el litigio porque ya hay una sentencia ejecutoriada que el juez ya no la puede modificar”, señaló. La abogada insiste en que incluso el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la sentencia “diciendo que el Juez Tercero de lo Civil está en lo correcto al determinar esta cantidad”. De entrada, la abogada reconoció que MetLife incumplió con la póliza de seguro que durante dos años pagó la familia Arreola Herrera. “Hay una sentencia ejecutoriada que él ganó, fue favorable a sus intereses… tan así que él ganó el asunto”. A la par, la litigante buscó deslindar al consejero Díaz Cervantes del asunto. “Él era representante de MetLife, creo que fungía desde antes que yo. Sin embargo, si te adentras al juicio, el juicio lo llevé yo, en todas las estaciones, aparece mi nombre, llevé audiencias”. De acuerdo con al expediente 40/2014, el juez hace referencia, entre los considerados de la sentencia, a “la audiencia de fecha de 12 de agosto de 2014, quien respondió por conducto de su apoderado legal Héctor Orlando Díaz Cervantes”. Menciona las respuestas del abogado, quien admitió la celebración del contrato de seguros entre MetLife México y José Ángel Arreola Garzón, así como a la participación de Fernando Tafoya Ortega como agente.
— ¿Qué papel jugó entonces el licenciado Díaz Cervantes?, se le pregunta a la abogada. “En su momento él contestó a la demanda. Sin embargo, el asunto me fue turnado y yo lo llevé. (El caso) Viene desde 2014, él renuncia al cargo de apoderado en este juicio y posteriormente yo lo llevo”. Según lo fundamentado en la denuncia ante la PGR, Díaz Cervantes renunció como apoderado legal de MetLife hasta el 4 de diciembre de 2014, tres días después de entrar en funciones como consejero de la Judicatura.
— El señor José Ángel Arreola Garzón ve una participación del licenciado Díaz Cervantes con cierta influencia en la decisión del juez… (la abogada interrumpe) “No, ese asunto se llevó como se tenía que llevar. A ambas partes se nos otorgó lo que legalmente nos corresponde”. A través de sus oficinas en Tijuana y en la Ciudad de México, ZETA solicitó una versión de los hechos a la empresa MetLife México. Hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Todas las de ganar para las aseguradoras
En su denuncia, José Ángel Arreola Garzón considera que “la táctica de la compañía es que cuando la enfermedad es incurable o difícilmente tratable y onerosa, recurre a judicializar y defenderse, escudándose en el Artículo 40 de la Ley sobre contrato de seguro”. Este artículo reza que “si no hubiese sido pagada la prima o fracción correspondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente”. Por lo que pide un cambio a la legislación de contratos de seguros, “para que den mayores garantías a los asegurados, ya que las compañías se convierten en fantasmas al momento de exigirles su obligación”. Agrega: “Debería exigírseles una fianza por la totalidad de lo que se demanda y las compañías, al contestarla, deberían de exhibir una fianza, so pena de rebeldía por no contestar a tiempo en caso de no exhibirla y con ella liquidarse al asegurado que demanda”.
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