Por Adela Navarro
En Acapulco, Guerrero, el Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, hubo de enviar cientos de elementos de las fuerzas armadas para resguardar el desarrollo del abierto mexicano de tenis. Activar un operativo disuasivo con la presencia de policías, soldados y marinos, para que criminales, sicarios y narcotraficantes, se replegaran en el transcurso de la justa tenística.
En otro no menos importante destino turístico como lo es Cancún, Quintana Roo, la administración peñista también desplegó elementos policíacos y castrenses luego que criminales organizados atacaran, en un dejo de soberbia impunidad, las instalaciones de la Fiscalía General del estado en el paradisiaco destino. Ante el estruendo de los balazos que retumban hasta escucharse en el extranjero en notas y reportajes, muchos jóvenes que anticipaban pasar las vacaciones de primavera en aquella ciudad, fueron alertados de no hacerlo y algunos cancelaron sus viajes.
Hace unos días, en un tercer punto turístico mexicano como lo es Los Cabos, los criminales aterrorizaron a los turistas cuando, huyendo de la policía local, corrieron a refugiarse a un hotel de cinco estrellas, y éstos últimos accionaron sus armas largas para amagar a los delincuentes y aprehenderlos, frente a las decenas de visitantes extranjeros que a gritos corrían y se echaban al piso para salvar la vida de una bala perdida o mal disparada.
Tanto Acapulco, Cancún, como Los Cabos, forman parte de las playas turísticas más importantes, concurridas y visitadas de México, y hoy la inseguridad en sus calles, producto del derramamiento de sangre por cruentas guerras de los cárteles de las drogas, están perdiendo su atractivo de entretenimiento, relajamiento y diversión.
Hace unos días en el Semanario ZETA publicamos el recuento de ejecutados en México, estadística periodística que venimos haciendo desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que sirve como parámetro para la medición de la inseguridad y la violencia en México. La guerra contra las drogas, como nombró el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a su estrategia en el combate a la inseguridad y la violencia provocada por los capos de los cárteles de la droga, dejó a México en seis años, un poco más de 100 mil ejecutados. El Presidente Enrique Peña Nieto, en 50 meses de gobierno y a poco menos de dos años que concluya su sexenio, acumula 90 mil 634 ejecutados.
Sin una guerra contra las drogas, sin una estrategia integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y sin que el Presidente se dirija abierta y públicamente sobre el tema del incremento de homicidios dolosos en México, el País está peor que en el sexenio pasado, y de continuar el promedio de violencia y los números de ejecutados, el gobierno de Peña Nieto contará más víctimas de una guerra por calles, ciudades, estados y fronteras que encabezan los cárteles de las drogas.
Sólo 9 de 32 estados de la República mexicana contabilizan menos de mil ejecutados en 50 meses cada uno. Hidalgo (859), Nayarit (651), Quintana Roo (593), Baja California Sur (582), Querétaro (497), Tlaxcala (358), Campeche (297), Yucatán (214), y Aguascalientes (178). Son los estados “menos” inseguros, aunque en el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, la violencia ha subido de nivel en los últimos días, a grado que la Presidencia de la República ha debido enviar operativos federales especiales para apoyar a los gobernadores de aquellos estados.
Los 10 estados con más ejecutados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto básicamente son los mismos que lo fueron con Felipe Calderón Hinojosa, acaso cambian las posiciones conforme la inseguridad va migrando entre estados de tráfico, producción, venta y trasiego de drogas. Actualmente la tabla de la inseguridad está así:
Estado de México, 11 mil 604 ejecutados, Guerrero, 8 mil 986, Chihuahua, 7 mil 240; Jalisco con 5 mil 292, Sinaloa, 4 mil 914, Ciudad de México 4 mil 628, Veracruz 4 mil 309, Michoacán, 4 mil 259, Baja California 3 mil 757, Guanajuato 3 mil 680, y Tamaulipas, 3mil 566. La onceaba posición también supera los 3 mil ejecutados en 50 meses, se trata de Oaxaca con 3 mil 410 homicidios dolosos.
A diez años que iniciara la guerra contra las drogas, se activara la Iniciativa Mérida para la colaboración del gobierno de los Estados Unidos en el combate a la inseguridad en México, los números refieren un fracaso de la política pública en materia de combate a la inseguridad en el actual sexenio.
Es importante decir que, lo habrá percibido, el Presidente Enrique Peña Nieto no habla de inseguridad, ni de violencia, mucho menos del número de homicidios dolosos acontecidos en México, estos temas los refiere de manera exclusiva en los mensajes que otorga el día de su mensaje a la Nación (en lo que se convirtió en Informe Presidencial desde hace muchos años), y los aborda con positivismo, refiere “baja” o “disminución” en los índices de la violencia, que lejos están de reflejar la realidad del País.
Hoy día hay territorios en Sinaloa, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, por mencionar los casos más graves, literalmente tomados por los criminales organizados. Vemos los videos que recogen pobladores y residentes de ciudades en esas entidades que con compartidos vía plataforma digital, que nos dan cuenta de balaceras, del paso de convoyes ilícitos, de grupos criminales atacando a ciudadanos o a otros grupos criminales. Observamos cómo son localizadas narcofosas (en la última donde han sido localizados los restos de más de 250 personas), escuchamos los balazos, somos testigos de formas impensables de matar en la mafia mexicana.
A México le hace falta una estrategia integral de combate a la inseguridad, pasar de la aprehensión de los grandes capos, al desmantelamiento de las redes de distribución de droga, el aseguramiento de los bienes de los narcotraficantes, casas de seguridad, empresas, cuentas bancarias, persecución real del lavado de dinero, campañas contra las adicciones, desmantelamiento de las estructuras de narcomenudeo, depuración en las corporaciones policiacas de Federación, Estado y municipio, inteligencia en la investigación y la utilización de la ciencias forenses, inversión en las áreas de seguridad para la capacitación de técnicos, policías, investigadores, funcionarios, y la contratación de más para hacer frente a la ola de inseguridad y violencia en la que vivimos.
A México le hace falta un cambio de estrategia, y que el Presidente de la República acepte que hay un grave, preocupante y terrible problema de inseguridad, y que este se ve en el número de homicidios dolosos que suceden en el País. Ahí están los más de 90 mil que se contabilizan en los 50 meses que llevamos del Gobierno de Peña Nieto.
No hay estado que se salve de la inseguridad, y el problema está rebasando la capacidad del gobierno para responder, procesar, erradicar la violencia en México, y esto inhibe la inversión, ahuyenta el turismo y no permite a México visualizar un futuro distinto.
